¿Por qué se mata en el Catatumbo? ¿Quién mata a quién? ¿Quiénes son los muertos y quiénes los desplazados?

En esta subregión de Norte de Santander las respuestas no son un misterio ni requieren mayor indagación: la violencia es una realidad cotidiana que atraviesa la vida de sus habitantes desde hace décadas.

Voces del territorio coinciden en que la guerra que ha consumido por más de 50 años esta región, rica en biodiversidad y recursos naturales, no se explica únicamente por la presencia de actores armados ilegales, sino por el abandono histórico del Estado.

Ese dilema resulta incomprensible para mujeres como Marcia Robles, campesina del corregimiento La Gabarra, zona rural de Tibú, quien resume el impacto del conflicto sobre las familias:

“La guerra nos ha atacado sin piedad a las mujeres, ¿por qué?”, se pregunta, y ella misma responde: “Somos las mamás de los guerrilleros, las mamás de los soldados y las mamás de los policías”.

El Catatumbo es tan fértil en vegetación como en minerales, pero también es tierra de la llamada ‘mata que mata’, como se conoce a los cultivos de coca, cuyos dividendos han sido disputados durante décadas por mafias del narcotráfico, bandas criminales y, en los últimos años, por el Eln y las disidencias de las Farc.

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Esta confrontación permanente convirtió al Catatumbo en un territorio expulsor de familias campesinas, escenario de un desplazamiento forzado sostenido, repetitivo y profundamente cruel para quienes lo padecen.

Aunque la violencia ha marcado a la región desde la década de los años 80, el recrudecimiento del conflicto a partir del 16 de enero del año pasado, con la disputa territorial entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc, concentró la atención nacional por la magnitud de sus impactos humanitarios.

Según cifras de la Unidad para las Víctimas, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025 fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado (101.587), seguido de amenazas (7.777), confinamiento (3.772) y abandono o despojo forzado de tierras (2.948).

La tragedia es más grande

Sin embargo, estas cifras no reflejan del todo la dimensión de la tragedia. En el Catatumbo hay familias que han tenido que desplazarse una, dos y hasta tres veces en un mismo año. Cada salida forzada implica una nueva declaración ante las autoridades, lo que, según la Personería de Cúcuta, se contabiliza como un desplazamiento independiente, aun cuando se trate de las mismas personas.

A esto se suma un problema aún más grave: el subregistro. Líderes sociales y defensores de derechos humanos advierten que miles de víctimas no han podido rendir declaración, especialmente aquellas que permanecen confinadas en zonas rurales, como ocurre en la Vereda Versalles y el corregimiento Filo El Gingo, caseríos de El Tarra, que fueron bombardeados en la Navidad pasada durante enfrentamientos entre el Eln y el frente 33 de las disidencias de las Farc.

Se estima que al menos 8.000 personas confinadas no figuran en los registros de la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo ni en las personerías municipales, lo que les impide acceder a la ayuda humanitaria inmediata.

Desplazados repitentes

Uno de los rostros de esta tragedia es el de Mariela*, madre cabeza de hogar, quien fue desplazada tras el asesinato de su esposo a manos del Eln, en enero del año pasado, durante la ofensiva que ese grupo armado desató contra el frente 33.

“Mi esposo no pertenecía a ningún grupo armado, solo se dedicaba a raspar coca para sostener a la familia”, relató.

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“En junio de 2024 ya nos habíamos desplazado por una advertencia del Eln a los raspachines en la zona rural de El Tarra. Luego, en enero, cuando lo mataron, tuve que salir nuevamente hacia Cúcuta con mis dos hijos”, contó.

Ante esta situación, la defensora del Pueblo, Iris Marín, reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para que respeten a la población civil.

“Les hemos pedido al frente 33 y al Eln que abran un espacio humanitario y se comprometan con el respeto al derecho internacional humanitario. Esta guerra es de ellos, no de la gente”, afirmó tras participar en una comisión verificadora en el Catatumbo junto a la Iglesia Católica, Naciones Unidas, personeros, líderes de la Mesa Humanitaria y alcaldes de El Tarra y Tibú.

No obstante, líderes regionales insisten en que la respuesta institucional ha sido insuficiente. Judith Maldonado, exdirectora regional de la Unidad para las Víctimas y miembro de la organización Poder Paz, advirtió que el Catatumbo es “un hervidero” de lo que podría ocurrir en otras regiones del país.

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Maldonado hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, señalando que hay miles de víctimas que no han podido declarar y que las entidades del Ministerio Público han incumplido su responsabilidad.

“La Unidad para las Víctimas no ha valorado ni registrado todo ese acumulado. Estas cifras son un subregistro. Más de 106.000 víctimas, casi la tercera parte de la población, y eso no es todo. Esto implica ayudas humanitarias inmediatas que no están llegando”, enfatizó.

‘Pie de fuerza no es la solución’

En respuesta, la Defensoría del Pueblo reiteró su exhorto al Estado colombiano para implementar medidas integrales y sostenidas que garanticen la protección de la población civil, prevengan el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes y atiendan las violencias basadas en género.

Asimismo, insistió en la necesidad de una presencia estatal efectiva, con inversión social, infraestructura, conectividad vial y garantías reales de derechos para las comunidades del territorio.

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Aunque el 29 de agosto de 2025 el presidente Gustavo Petro anunció el refuerzo de 25.000 soldados en la frontera del Catatumbo, familias campesinas de la zona rural aseguraron a La Opinión que no han visto presencia militar en sus territorios desde hace meses.

Durante el foro “El Catatumbo en guerra”, realizado recientemente en Bogotá, Judith Maldonado reiteró que el problema no se reduce a la ausencia de fuerza pública.

“No se trata solo de control militar. No hay condiciones para que las comunidades desplazadas puedan retornar o reubicarse con garantías”, afirmó.

En la misma línea, Marina Ardila, delegada de la Defensoría del Pueblo en la comisión verificadora, sostuvo que el Catatumbo requiere una inversión social sostenida para superar el abandono histórico.

“No es solo control armado. La gente pide vías, presencia institucional y garantías reales. De lo contrario, el conflicto seguirá”, concluyó.

(*) Nombre cambiado a petición del entrevistado. 

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