Entre las acusaciones, señaló que la aprobación de este se dio luego de que según él, varios concejales de Villa del Rosario recibieron dinero para plasmar su firma. A cuatro días de su posesión como alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha Hernández, hizo fuertes denuncias sobre el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) que se acaba de firmar en su municipio.

Entre las acusaciones, señaló que la aprobación de este se dio luego de que según él, varios concejales de Villa del Rosario recibieron dinero para plasmar su firma. Además señaló a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) de haber recibido un monto económico por haber concertado y no objetado el proyecto de modificación excepcional del PBOT.

“Nosotros hicimos un estudio minucioso que contraté en el 2006-2007 para que se ajustara el PBOT de acuerdo a la ley con un equipo de ingenieros y geólogos. Ahora se acaba de firmar el Plan de Ordenamiento Territorial y las modificaciones no se socializaron; y faltando 4 días, convocan a asambleas extraordinarias al Concejo municipal donde deben aprobar ajustes que le hicieron en Corponor”, comentó el alcalde entrante.

Aseguró que “a los concejales que hacen parte del partido de la U les ofrecieron $8 millones y a otros que decían que no lo aprobaban, recibieron amenazas. Dicen que Corponor recibió $75 millones, pero no me consta, para la aprobación del PBOT”.

También dijo que “a uno de mis concejales, Hernando Medina, le dieron $8 millones, tengo testigos, le adelantaron $4 millones y quedaron de darle 4 (millones) más después de que aprobaran. Él lo recibió, no puede negármelo porque le tengo testigos, por eso pongo en denuncia a los concejales que aprobaron el POT porque los que lo firmaron, recibieron de a $8 millones”.

Sus denuncias se basan en presuntas irregularidades en la parte mino-energética, en lo que concierne a la modificación de dos líneas que según él, no estaban en el Plan de Ordenamiento Territorial que Socha Hernández inició en 2007, cuando fue alcalde por primera vez de Villa del Rosario.

Para él, la firma del documento que regirá hasta el 2015, y que también podrá sufrir más modificaciones por la administración municipal de turno, beneficia al sector mino-energético del municipio; es decir a las fábricas arcilleras, por lo que las consecuencias que traería son la afectación de familias que el PBOT declararía como zonas de alto riesgo.

Esto generaría su evacuación, reto que según Socha Hernández deberá asumir si tales familias piden una reubicación. “El POT dirá que son familias que están en alto riesgo las que están cercanas a las arcilleras, y estas realmente no están en alto riesgo; la firma de ese documento quiere beneficiar a alguno de ese gremio, por eso le pedí al Concejo Municipal que aplazaran ese proyecto porque había que socializar esas modificaciones con la comunidad, pero eso solo se hizo en 4 horas y solo fueron como dos o tres presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de los barrios”, señaló el alcalde entrante.

Una de las consecuencias que hizo ver, si esto llega a ser cierto, es que los dueños de viviendas que residan cerca a las fábricas de arcilla, no le podrían hacer modificaciones a sus inmuebles porque estaría prohibido.

“Las pruebas radican en que se modificó lo que nosotros dejamos hecho en el 2007; para esa época se hizo un estudio correcto, hecho a la medida y socializado. Lo otro es que la gente se queja de la contaminación debido a que las arcilleras destilan mucho humo y dejan llenas de ceniza las casas, entonces creo que hay corrupción e intereses personales de los arcilleros”, aseveró.

Según él, la ley y lo estipulado en los adelantos que se hicieron desde su primer mandato, las fábricas arcilleras están obligadas a trasladarse al corregimiento de Juan Frío donde el alcalde creó la ciudadela de la arcilla.

La versión de la administración municipal

Luis Jesús García Bautista, secretario de Planeación de Villa del Rosario.

Otra versión de lo sucedido tiene el secretario de Planeación de Villa del Rosario, Luis Jesús García Bautista, quien certificó que el ajuste que se le hizo al PBOT cumple con los requisitos de ley y que se basa en las actas que hicieron llegar a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental.

Frente a las acusaciones del alcalde electo expresó que tiene cómo demostrar que las modificaciones hechas fueron socializadas con más del 80% de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal.

“A las socializaciones asistieron 33 presidentes de Juntas de 44 existentes. Hay que aclarar una cosa, Corponor no aprueba o no da visto bueno si no hay registro de socializaciones; todos los registros fotográficos y de firmas fueron enviados a la Corporación y por eso todo desde el punto de vista ambiental todo fue concertado”, sostuvo el Secretario de Planeación.

El funcionario señaló que lo que pretende la firma de la modificación es reconocer el estatus de las licencias mineras que otorga la Secretaría de Minas del departamento. En cuanto a la duración de la socialización con los líderes comunales comentó que 4 horas era el tiempo adecuado para explicárselos. Añadió que durante jornadas de dos días, cada una de dos horas, se socializó con el Concejo Municipal rosariense.

“Esto no es una modificación general, esto es un ajuste seccional que consiste en evaluar qué resultados ha tenido el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. La idea es hacer un alto en el camino, proponer algunas ideas y directrices para que siga teniendo su curso por eso no veo qué irregularidades pueda tener”, manifestó Luis Jesús García Bautista.

Explicó que este se creó mediante el acuerdo municipal 043 del 28 de diciembre de 2000 y no había sufrido ninguna modificación. Esta vez la administración municipal le pasó a Corponor en tres ocasiones la presentación de la modificación del POT para obtener la concertación a partir del 15 de diciembre, fecha en la que se firmó la resolución.

En cuanto a las quejas argumentó “podríamos decir lo mismo de la administración pasada, que es la 2004-2007, que contrató unos estudios y no fue capaz de reflejar eso en el POT. Esta administración no invirtió un peso y si lo pudo llevar a cabo y por eso en el tema minero energético se propone que los titulares de estas licencias renuncien a esta porción de títulos mineros para darle prioridad a la vivienda”, señaló.

Según la administración municipal los habitantes de Villa del Rosario podrán legalizar predios y la Alcaldía podrá captar más recursos por concepto de industria y comercio e impuesto predial por lo que descartan evacuaciones o desalojos.

“Uno no puede sacar o meter predios. Sí se pueden proponer zonas de expansión residencial y en este caso se propuso una porque no se le puede negar al municipio el desarrollo en cuanto al déficit de vivienda. Se trata del terreno que queda detrás de lo que se conoce como Tamarindo Club y Las Palmas, son 100 hectáreas: Esto no está sucediendo solo en Villa del Rosario, también en Cúcuta y Los Patios”, puntualizó el titular de la cartera.

El Concejo responde

Carlos Julio Socha Hernández, alcalde electo de Villa del Rosario.

Sobre las denuncias de Carlos Socha en contra de varios concejales del municipio histórico para la aprobación de la modificación del POT, el presidente del Concejo de Villa del Rosario, Sandro Duarte, aseguró no tener conocimiento por lo que no dio mayores declaraciones.

“Yo no certifico que ningún concejal no recibió dinero, yo habló por mí como presidente del Concejo, sobre Hernando Medina, yo no puedo decir si es verdad o no, yo hablo por mí”.

Se remitió a decir que no tenía nada que ver y que si el próximo alcalde tiene pruebas, debe mostrarlas ante las autoridades. Señaló que desde su cargo solo se referiría a lo relacionado con el POT.

“Se estudiaron zonas de alto riesgo como la de Navarro Wolf. Hace 20 años ese barrio estaba en esa condición, y ahora pasó a ser un barrio común y corriente y ya no tiene esa consideración, ahora la ventaja es que pueden acceder a pavimentaciones y a servicios públicos”, comentó.

Otro de los sectores estudiados fue el sector conocido como Galán que hace parte de una vereda y que por más de 2 años se ha venido extendiendo. “Ya no se va a llamar vereda Galán sino barrio Galán para que tengan servicios públicos porque ellos no tenían agua ni alcantarillado ni energía”, aseguró el concejal.

‘Estoy sorprendido’

Esta es el acta firmada por el Secretario de Planeación Municipal y funcionarios de Corponor para la concertación del proyecto de modificación.

Quien se declaró extrañado y sorprendido por las afirmaciones de Carlos Socha fue el director de Corponor, Luis Lizcano, quien de entrada dijo “yo pienso que el alcalde debe denunciar las irregularidades que él cree que hay porque ese es un proceso que inclusive él mismo lo dejó pendiente antes de salir en su primer mandato”.

Explicó que cualquier modificación que se le hace un Plan de Ordenamiento Territorial tiene un procedimiento que termina en la Corporación donde solo se revisa la parte ambiental, aspecto que es declarado como iniciativa de la administración municipal y no de su dependencia.

“Cuando llega acá (Corponor) es cuando los técnicos empiezan a revisar los determinantes ambientales, luego empieza un acta de concertación con los funcionarios encargados de la alcaldía y se emite un concepto que ni siquiera es influyente. Y por lo de la plata que aseguran recibió la Corporación, me declaro extrañado porque acá no se cobran por trámites de eso”, agregó Luis Lizcano.

El funcionario culminó diciendo que luego del estudio de planos, escalas e e impactos ambientales, se emite un concepto, que es enviado a la Alcaldía interesada para que de allí lo pasen al Concejo Municipal.

Por su parte, el próximo alcalde de Villa del Rosario aseguró que luego de su posesión, el primero de enero, denunciará los hechos ante las Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.