Recientemente se conocieron los índices de bullying o acoso escolar en los países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en los que Colombia, a corte de 2023, aparece en la casilla 11 de la lista de países en los que se registra mayor proporción de estudiantes que sufren acoso regularmente o siempre, con un 23% de casos. 

El informe, elaborado por el Laboratorio de Economía en la Educación de la Universidad Javeriana, a propósito del Día Internacional de la lucha contra el Bullying, el 2 de mayo, mostró datos recabados por el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, y el Sistema Unificado de Convivencia Escolar en Colombia, SUICE, que dan cuenta de una prevalencia relativamente alta del acoso escolar en el país, con un total de 8.870 situaciones reportadas, aunque lo más preocupante es el subregistro de casos, que dificulta la implementación de medidas efectivas para prevenir y abordar este problema. 
 

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El estudio revela que son las niñas y adolescentes las que tienden a experimentar los niveles más altos de acoso escolar, con 62,4%; frente a un 37,6% de casos de niños y adolescentes; mientras que los grados en los que se registra más situaciones de ‘matoneo’ son los de sexto, séptimo y octavo. 

A esta realidad no escapa Norte de Santander, que según el Sistema de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación departamental, se registraron 277 casos en 2023, 159 más de los que registró el informe PISA, de los cuales al menos 112 corresponden a Cúcuta. 

Las autoridades educativas reconocen que el panorama sigue siendo retador, a pesar de las estrategias que se vienen implementando para contener este fenómeno desde hace 11 años, cuando se aterrizó el fenómeno del bullying en el país. 
 

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Anclados en el tiempo 

Shirley Espinoza, quien ejerce funciones de inspección y vigilancia sobre convivencia escolar en la Secretaría de Educación departamental, explicó que tras el decreto de la Ley 1620, mediante la cual nace el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que plantea la resignificación de cómo manejar las situaciones de acoso escolar, a través de la creación de manuales en las instituciones.

Esta norma contempla, en medio de las limitaciones de las instituciones educativas para resolver ciertos conflictos, la posibilidad de pedir ayuda a las autoridades locales, incluso a las departamentales, es decir, articular con las que requieran una determinada situación, “pero no, no lo hacemos, la gente sigue con el chip de 1994, aplicando la ley 115 (la primera Ley General de Educación)”, dice Espinoza. 
 

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Asegura que en muchas instituciones, por desconocimiento o negligencia, el ‘matoneo’ o acoso escolar se asume a la ligera, cuando en realidad supera las capacidades de los docentes, “nos supera cualquier situación adversa; no tener previsto un manual nos pone en jaque a todos”, apuntó.

“Estoy convencida de que tenemos que hacer lo que sea necesario para que nuestros niños sean felices en el entorno escolar; lo que pasa es que hay mucha gente todavía que sigue pensando que hay que castigar, reprender, perseguir, judicializar, casi que satanizar al niño. Hay que desaprender muchas cosas”, expresó Espinoza.  

Más docentes orientadores 

Omar Garzón, investigador del LEE de la Universidad Javeriana, señala que el bullying en Colombia responde a múltiples factores, desde la cultura, al relacionamiento de los padres, estudiantes y profesores, pero considera que la principal causa es la desatención frente a los conflictos tipo I, que son los más leves, “sino que esperamos a que sean conflictos tipo II, cuando se presentan los daños físicos o psicológicos”. 

Asegura que esto tiene que ver en parte a la insuficiencia de docentes orientadores, por cuanto existen regiones en donde hay más de mil alumnos por docente; en el caso de Norte de Santander, la relación es de 1.707 estudiantes por docente, cuando la media establecida por el Ministerio de Educación es de 350 estudiantes por orientador. 

Shirley Espinoza reconoce esta dificultad, aunque destaca las múltiples solicitudes que se han hecho ante el Ministerio, justamente para que no disminuyan las plazas para estos cargos, gestiones que resultaron en la reciente asignación de 44 cargos para los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que son fundamentalmente los de la zona del Catatumbo. 

Para Miriam Támara, directora de la Red de Escuelas sin Violencia, la deficiencia de personal orientador aunque sí influye, no es la principal causa, sino “la falta de apoyo de los padres de familia. Los niños están muy solos. Podemos tener 3 mil, 4 mil niños, pero si tenemos el apoyo de los padres es mucho más fácil. Necesitamos más padres que pongan como prioridad a sus hijos”, dijo. 

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