El espejismo de la década de los 80, donde los narcotraficantes pintaron ‘pajaritos de oro’ a los campesinos para suplir las falencias del Estado con los cultivos de uso ilícito, está llegando a su fin, desencadenando una profunda crisis alimentaria en la zona del Catatumbo.
Los labriegos están aguantando física hambre debido a la recesión pues cambiaron los cultivos tradicionales para sembrar la hoja de coca mostrada como la panacea en el sector agropecuario y ahora ruegan el trueque del producto por un plato de comida para sus hijos, indica la lideresa social de San Calixto, Laura Andrea Muñoz Guerrero, al afirmar que ese castillo presentado como tabla de salvación se desmorona a raíz de las fluctuaciones del mercado internacional.
La seguridad alimentaria se agudiza ante el fracaso en la implementación de los sonados PNIS, iniciativa del Gobierno nacional enfocada a promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos encaminados a contribuir en la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan la subsistencia de esas prácticas, anota el ingeniero agrónomo, director del Consultorio Socioambiental del Catatumbo, José Manuel Alba Maldonado.
“Ese programa debe ejecutarse de una manera integral donde se entienda a nivel sociológico el impacto de los cultivos en esta zona del país. “La presencia del Estado es muy lenta, el campesino sigue esperando en el territorio una solución definitiva”, agregó.
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El líder social, Olmer Pérez, confía en una salida a la profunda crisis en los escenarios de diálogo con el Gobierno nacional.
El ostracismo estatal
Solo basta una mirada a la historia de los últimos 40 años para conocer los episodios dolorosos de los abruptos cambios en las costumbres agrícolas de la convulsionada región.
Inicialmente la población puso resistencia en defensa de los cultivos tradicionales, pero el paramilitarismo a sangre y fuego logró imponer el narcotráfico como sistema de control territorial, precisa en su análisis la comunicadora social y periodista Laura Muñoz.
“En un territorio marginado, militarizado, explotado y masacrado, las opciones se reducen al olvido. ¿Cómo se promueve el desarrollo? si se supone que quien debería apoyarlo, lo que ha hecho es violentarlo”, se pregunta la vocera social.
Censura el ostracismo estatal y el desentendimiento de la institución por implementar políticas que se direccionen a generar mejores condiciones de vida a los campesinos de la región.
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“La coca se presenta como un comodín de salvación, que daría una economía estable y por lo menos garantiza un plato en la mesa de los campesinos, un carné para cubrir lo básico de la salud, un pase para acceder a la mínima educación, tener un techo digno, algo extraño para muchos, pero era la única solución para el campesinado”, puntualizó.
La paradoja
Irónicamente ante la ausencia del Estado, la hoja de coca se convirtió en la mayor fuente de financiación de los estudios de los hijos de los agricultores, las consultas con médicos especializados para tratamientos costosos y recuperar la salud.
Además, la apertura de vías de penetración y la adquisición de vehículos para facilitar el transporte hacia apartadas zonas afectadas por la fuerza de la naturaleza.
Después de la pandemia pagan un alto precio en esa cadena productiva donde el eslabón con menos ingresos es aquel hombre que se quedó en el campo sufriendo los rigores de los cambios climáticos y las variaciones del intercambio mundial.
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“Acceder a la moneda en el territorio, se convirtió en un privilegio, como todo en Colombia. Ya los billetes no entran en costales, pues se monopolizan en las cuentas de los narcotraficantes. Esto trae la más cruda consecuencia para nuestros campesinos, ya que no hay dinero, tampoco hay comida y mucho menos calidad de vida, las hojas de coca se matizaron con la vegetación salvaje, pues de qué sirve mantener un cultivo que cada día, marcha hacia la miseria humana. Los billetes se sustituyeron por la pasta que se intercambia, como trueque por alimentos, sin embargo, esta práctica es insostenible, pues nadie compra, nadie vende, el polvo blanco se ha ido desvaneciendo en la desesperación que aqueja a las familias, que no tiene como suplir las necesidades básicas”, agrega la analista.
La soberanía alimentaria
La riqueza de la zona del Catatumbo con una privilegiada posición geográfica y diversos microclimas atiza el conflicto social debido al dominio territorial de los violentos.
La crisis alimentaria predomina en una región, donde sus tierras cuentan con una diversidad de producción enfocada a la soberanía alimentaria, sin embargo, los pasos agigantados del narcotráfico han interrumpido el tejido social aumentando la problemática en todos los ámbitos.
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Urge implementar planes con apoyos institucionales que ayuden a restaurar las prácticas tradicionales de los agricultores, y así garantizar proyectos productivos en los territorios donde todos puedan acceder a procesos de sostenibilidad en el tiempo, aprovechando los recursos suficientes para suplir necesidades. También la soberanía que los campesinos deben tener sobre la tierra, el agua y los diferentes cultivos pan coger, reiteró.
Mayor inversión social
El director del Consultorio Socioambiental y Agropecuario del nororiente colombiano con incidencia en la región del Catatumbo, ingeniero Agrónomo José Manuel Alba Maldonado, manifiesta que la universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña avanza en un proceso de transformación de las costumbres.
Asegura que la crisis económica trascendió a lo humanitario a nivel nacional e internacional de los cultivos ilícitos, específicamente la base de coca y el clorhidrato de cocaína. “Hay una sobreoferta en el mercado y una disminución de la demanda por el cambio de los consumos de las sustancias alucinógenas mundialmente”, explica el magíster.
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Desde 1985 se adopta el cultivo de la coca y sirve para la sobrevivencia de los labriegos en un territorio excluido de las políticas social de derecho. “Se convierte en un Estado dentro de la región pues solventa problemas de salud, educación, recuperación de las carreteras y entrega diversión a la gente”, precisa el analista económico.
Elevadas cifras
De acuerdo a las estadísticas del año pasado existen 42.000 hectáreas cultivadas de coca en el Catatumbo, lo que representa a unas 42.000 familias que vivían de esas plantaciones y ahora está muy resiliente ante la ausencia del Estado en un escenario del conflicto armado.
“Está en un constante cambio, pues ha sobrevivido al paramilitarismo, al desplazamiento forzado y los falsos positivos y ahora no es la excepción para sobrellevar las dificultades”, recalca.
En la actualidad se adelanta un proceso de sustitución voluntaria donde el agricultor es consciente de la crisis alimentaria y comienza a buscar alternativas de producción, tristemente ante la ausencia del Estado, pues no existen mecanismos fuertes con vías terciarias, asistencia técnica, créditos e insumos. “El PNIS no ha llegado concretamente al Catatumbo medio, únicamente en Tibú y Sardinata. En estos momentos se adelantan diagnósticos, pero la crisis ya está. Existen iniciativas en piscicultura, aguacate y cacao donde han encontrado la oportunidad”, señala.
El campesino está soqueando la mata de coca con las esperanzas que el mercado se reactive, pero es muy difícil. “Ese boom de opioide en los Estados Unidos va a durar muchos años y para el pequeño campesino es de sobrevivencia y no de enriquecimiento, entonces urgen alternativas. Lo que no hizo el paramilitarismo en el 2000 con el desplazamiento forzado lo puede lograr esta crisis donde la gente vende sus tierras y viajan a otras regiones. Ha habido procesos migratorios, no hay plata en la región, la moneda de cambio es la coca, no existe flujo de capital y abandona el territorio”.
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“Estamos viendo un cambio en el paisaje, pues donde había plantaciones ilícitas observamos cultivos de cacao. Hacemos un llamado al gobierno nacional para que acompañe esos procesos voluntarios, el punto de inflexión es que hay una crisis y es el momento para que el Estado social de derecho llegue al Catatumbo con soluciones reales que promuevan ese cambio”, reiteró.
Afrontar la crisis desde la academia
La universidad hace el acompañamiento con capacitaciones para hacer el tránsito en una generación que nace con la coca e implica el desarrollo de otras habilidades con diferentes manejos integrado de plagas, malezas enfermedades, semilleros y podas.
“Llegando al territorio para que la transición se haga a través de la academia que imparte conocimientos para responder a esas necesidades. Una construcción de saberes con los campesinos de la región”.
Contrario a lo sucede en otras regiones del país, la tasa de jóvenes en el Catatumbo es mayor donde la fluidez del dinero retenía a esas personas.
Los primeros que van a salir de la región serán los adolescentes para encontrar otros horizontes dejando atrás a los adultos mayores.
La economía está a pique y ocasiona grandes problemas sociales como el robo de los frutos del cacao, la gente consigue perros y proceden a envenenarlos, lo que recrudece la crisis humanitaria.
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“Es la hora que llegue de manera robusta con los planes, las instituciones, nosotros como academia hacemos procesos de sustitución”, según el director del Consultorio Socioambiental del Catatumbo de la Universidad Francisco de Paula Santander, José Manuel Alba Maldonado.
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