Lo que tuvieron que vivir los menores de edad que fueron víctimas de Yhizley Yhatzury Pedraza Pérez, mejor conocida como ‘La Yiya’, Jean Francois Velandia Riveros, alias ‘El Gordo’ o ‘Don Fran’, y Wilson Trillos, ‘El Gringo’, fue una especie de esclavitud sexual.
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Así es como un alto mando de la Policía describió a lo que fueron sometidos una veintena de menores que presuntamente habrían sido sometidos a una explotación sexual por parte de esta supuesta red que encabezarían estas tres personas.
Luego de tres años de investigación por parte de la Fiscalía y varios policías desde Bogotá, así como una agencia adscrita al FBI, pudieron dejar al descubierto las modalidades que utilizaban para captar a sus víctimas y sumergirlas en este ‘oscuro’ negocio sexual.
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Según se conoció, cuando ‘La Yiya’ ubicaba a las víctimas, especialmente de algunos colegios de la ciudadela La Libertad y diferentes invasiones, se ganaba la confianza y les pedía fotografías de sus partes íntimas, para luego tener ese ‘as’ bajo la manga y así poderlas dominar con las pretensiones sexuales.
“Una de las modalidades que usaban era que cuando ya tenían las fotografías, les decían que para no publicarlas en redes sociales, ni mostrárselas a los papás, debían pagar $5 millones. Obviamente, como las menores no tenían dinero, les proponían tener relaciones sexuales y así les irían descontando la deuda”, contó una fuente judicial cercana a las pesquisas.
Asimismo, los detenidos organizaban fiestas en moteles y también en cabañas ubicadas en Chinácota, donde llevaban a las menores para explotarlas sexualmente con diferentes clientes, entre los que habría comerciantes, políticos, ‘narcos’, jefes de bandas criminales y a miembros de la Fuerza Pública y de entidades del Estado.
Una de las fuentes judiciales que le siguió el rastro a esta estructura aseguró que, Yhizley Pedraza era la encargada de buscar a las víctimas, por las que cobraba al menos $200.000 por una relación sexual y finalmente les daba solo $30.000 o $40.000.
Entre tanto, Jean Velandia y Wilson Trillos son reconocidos empresarios de la vida nocturna en Cúcuta y según se conoció, ellos prestaban sus establecimientos comerciales para organizar las fiestas con las víctimas, además de también accederlas sexualmente.
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Las capturas
Extraoficialmente se conoció que Jean Velandia fue capturado en un motel justo cuando estaba acompañado de cinco menores de edad, que fueron rescatadas por las autoridades y dejadas a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Mientras que Trillos fue detenido en uno de sus establecimientos comerciales, en un reconocido centro comercial del centro de Cúcuta.
La mujer fue capturada en su casa, ubicada en el barrio Boconó, hasta donde llegaron los uniformados para cumplir con la orden de captura.
Las pesquisas
Según se conoció, como los tentáculos de esta supuesta organización llegarían hasta algunas personalidades de Cúcuta y el área metropolitana, la investigación la asumió la Dijín en Bogotá, con apoyo de la Fiscalía también desde la capital del país.
Asimismo, una agencia de investigación de Estados Unidos, adscrita al FBI.
Las autoridades desde Bogotá interceptaron alrededor de 30 líneas telefónicas, en las que comenzaron a escuchar cómo reclutaban y obligaban a los menores de edad a tener relaciones sexuales con adultos, cobrando por ese tipo de aberraciones.
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“Lo que se sabe es que ahí tienen grabaciones de comerciantes, políticos, ‘narcos’, jefes de bandas criminales, miembros de la Fuerza Pública y de algunas entidades del Estado. Mejor dicho, ahí quedó mucha gente en evidencia y que muy posiblemente podría llegar a ser capturada por eso”, comentó la fuente.
Ante todo esto, los investigadores adscritos a una agencia, al servicio del FBI, que se encarga de indagar sobre delitos sexuales con menores de edad, llegaron a Cúcuta y se hicieron pasar como ‘apetecidos clientes’, logrando captar la atención de esa organización, evidenciando con videos y grabaciones de audio, cómo funcionaba.
Además, según se conoció, a medida de que avanzaban las pesquisas, las autoridades se percataron de que alrededor de esta red de explotación sexual de menores hay funcionarios de la Policía de Infancia y Adolescencia involucrados, que presuntamente omitían los controles a estos eventos sexuales y otros funcionarios públicos, entre estos, fiscales y políticos, que se convirtieron en clientes de la organización.
“En el celular de una de las víctimas se hallaron contactos y hasta fotografías de policías y de personalidades de Cúcuta. Por eso, la investigación, a pesar de que se inició con personal de Cúcuta, se trasladó a Bogotá y la Dijín continuó con las labores, en conjunto con el FBI”, insistió la fuente.
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