Después de varios intentos, el exalcalde Ramiro Suárez Corzo finalmente logró su traslado a Cúcuta para continuar pagando la condena de 27 años de prisión que le fue impuesta por el homicidio del exasesor jurídico de la Alcaldía, Alfredo Enrique Flórez Ramírez.
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La Opinión confirmó que el exmandatario llegó en las últimas horas a la capital de Norte de Santander y luego de ser reseñado ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fue trasladado a un conjunto residencial en donde seguirá cumpliendo con la medida de detención domiciliaria que disfruta desde julio de 2020.
El traslado de Suárez Corzo fue autorizado por el Juzgado 15 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, que ordenó hacer seguimiento al detenido mediante vigilancia electrónica.
Ramiro Suárez se encuentra preso desde agosto de 2011, cuando fue recapturado en la capital nortesantandereana por orden del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó la sentencia de primera instancia que lo había absuelto por el caso de Flórez Ramírez.
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En 2020, el Juzgado que hace seguimiento al cumplimiento de su condena decidió concederle la prisión domiciliaria en la capital del país, puesto que el exalcalde ya había cumplido la mitad de la pena y pagó una caución de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (un poco más de $35 millones en ese momento) mediante título judicial.
De los 27 años a los que fue condenado, Ramiro Suárez Corzo ya pagó once y durante los últimos años redimió pena con trabajo en la cárcel La Picota. Solo entre finales de 2015 y finales de 2018 el exalcalde liberó cerca de tres años de su sentencia.
A diferencia de otras oportunidades en las que su regresó a Cúcuta, después de superar los problemas con la justicia, se dio en medio de la algarabía de sus seguidores, ayer la llegada del exalcalde estuvo rodeada de completo hermetismo y fue muy poco lo que se conoció sobre esta movida que, incluso, se pensaba sería la próxima semana.
En los últimos años se ha comentado que Suárez ha venido afrontando quebrantos de salud que han deteriorado su condición física.
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De hecho, ese fue uno de los argumentos que su defensa esgrimió para solicitar el beneficio de la casa por cárcel en 2018, pero no le fue aceptado. Primero lo hizo ante la JEP, en donde su abogada Elisa Peña Ruiz indicó que “el estado de salud de su representado está gravemente deteriorado, así como su estado emocional, ya que se encuentra enfermo y tiene en su memoria el recuerdo de no haberse podido despedir de su señora madre”.
A la espera de la decisión de la JEP