Un nuevo cruce de declaraciones se presentó en las últimas horas entre la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, y el presidente de la República, Gustavo Petro, luego de conocerse el fallo de la Corte Constitucional sobre las facultades del ente de control disciplinario para sancionar a funcionarios de elección popular.

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En la decisión, el alto tribunal confirmó que el Ministerio Público conservará su potestad disciplinaria, como una función administrativa y, en consecuencia, podrá seguir ejerciendo la “vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley”.

No obstante, los magistrados dejaron claro que la imposición definitiva de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores elegidos popularmente le corresponderá a un juez de lo contencioso administrativo, es decir, al Consejo de Estado, después de que la Procuraduría agote el respectivo procedimiento.

“La potestad disciplinaria de la PGN corresponde a una función administrativa. De manera que, la PGN no puede imponer con carácter definitivo las sanciones disciplinarias de destitución, suspensión e inhabilidad contra los servidores públicos de elección popular, sin la intervención del juez de lo contencioso administrativo”, dice un aparte de la sentencia.

Esta postura fue aplaudida por el jefe de Estado, quien es partidario de que la Procuraduría no puede privar de los derechos políticos a un funcionario elegido en las urnas, como le sucedió a él siendo alcalde de Bogotá, y cuyo caso terminó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que se advirtió que dichas facultades del organismo de control constituyen una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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“La sentencia de la Corte Constitucional le quita las funciones jurisdiccionales a la Procuraduría que había asumido a través de una ley, que como senador vote en contra. La suspensión de funcionarios de elección popular debe ser tomada transitoriamente por la justicia contenciosa hasta que el Congreso haga la reforma constitucional”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.

La procuradora Margarita Cabello también reaccionó a la sentencia y a lo dicho por el presidente, señalando que, con este fallo, “ha ganado la institucionalidad y se está protegiendo el Estado Social de Derecho”.

“La sentencia C-030 y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nunca han expresado o han obligado al Estado colombiano para que no pueda suspender de manera provisional, que es diferente a una sanción, cuando se den los elementos correspondientes para ello”, advirtió.

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En ese sentido, fue enfática en que el ente de control “seguirá sancionando a funcionarios públicos”, incluidos aquellos que fueron elegidos mediante el voto popular, “cuando haya lugar” y garantizando el debido proceso.

La sentencia de la Corte Constitucional se conoce en momentos en que Petro y Cabello mantienen un duro enfrentamiento, por cuenta de la suspensión proferida contra el alcalde de Riohacha, José Bermúdez, por presuntas irregularidades en las obras del acueducto de ese municipio.

Una vez se notificó la medida, el presidente de la República se abstuvo de firmar la suspensión y de designar un alcalde encargado, alegando que la Procuraduría no tiene esas competencias.

En vista de esto, la titular del Ministerio Público le respondió al mandatario diciendo que, “ningún servidor público puede exonerarse, por medio de un fuero insoslayable, que signifique impunidad, ni siquiera, por solo citar el ejemplo más extremo, el presidente de la República”.

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Margarita Cabello insistió en que, en Colombia, “las actuaciones disciplinarias a cargo de la entidad seguirán su curso con todas las garantías, pero también hasta sus últimas consecuencias”.

En Norte de Santander, una de las decisiones que mantiene la expectativa, teniendo en cuenta la postura que ha fijado la Corte Constitucional, es el fallo de destitución e inhabilidad proferido contra el alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, meses atrás.

Como la sentencia de segunda instancia de la Procuraduría no puede ser ejecutoriada hasta tanto el Consejo de Estado no se pronuncie, el mandatario sigue despachando con normalidad y hasta nueva orden.

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