Después de que el presidente Gustavo Petro les advirtiera a los policías y militares que cualquier masacre en su jurisdicción iba a “afectar su hoja de vida” la oposición y las organizaciones de militares retirados cuestionaron sus declaraciones.

La postura del jefe de Estado se enmarca en lo que él ha denominado la “seguridad humana”, que busca remover los cimientos del sector defensa en Colombia, lo cual ha tocado fibras sensibles dentro y fuera de las Fuerza Militares y de Policía.

Lea además: El marcapasos más pequeño del mundo ya está siendo usado en Colombia

El primero que salió a criticarlo fue el expresidente Álvaro Uribe, el jefe natural del único partido declarado de oposición hasta la fecha, el Centro Democrático. El exmandatario argumentó que no se debe señalar a la Fuerza Pública como responsable de la violencia y también aprovechó para lanzarle dardos a la Comisión de la Verdad.

“Una cosa es aplicar la ley a un militar o policía que delinca”, señaló el expresidente. “Otra, muy grave, es presumir como la Comisión de Verdad, que la institución democrática (de las) FF.AA. es la responsable de la violencia, tantos años tolerada por civiles refugiados en la palabra paz y negados a ejercer autoridad”, concluyó.

Conozca: Primera tarea de Petro a Francia: garantizar que el Pacífico tenga agua

Responsabilizar a los uniformados de la comisión de delitos que ocurren en su jurisdicción no solo es problemático para el ejercicio de la autoridad legítima del Estado, sino que puede vulnerar principios básicos de los procesos judiciales.

Al menos así lo considera el presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia (Acore), coronel (r) John Marulanda.

“Nosotros estamos convencidos de que antes de anotar en el folio de vida de cualquier oficial un incidente de este tipo debe primar la presunción de inocencia”, dijo Marulanda.

A su vez, indicó que siempre que se dan este tipo de hechos delictivos hay investigaciones que son las que sirven para determinar responsabilidades. Es en esas instancias, según Marulanda, donde se determina si los uniformados incurrieron en acciones u omisiones que desembocaron en un delito.

Le puede interesar: Registro voluntario para población LGTBIQ+, en el DANE

No obstante, algunos analistas opinaron que Petro no se refería a procesos penales, sino a temas de doctrina militar.

“Tiene más que ver con la evaluación de desempeño de los miembros de la Fuerza Pública”, aseguró Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional y analista en temas de seguridad y paz.

¿Cambia doctrina militar?

El presidente Petro y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, ya han dejado entrever que harán un revolcón en las políticas públicas de seguridad que viene implementando el Estado colombiano por décadas.

Ejemplo de esto es la decisión, que según Velásquez ya está tomada, de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa. Lo mismo sucede con las reformas que habrá en fuerzas como el Esmad y el reciente retiro de más de 52 generales para conformar una nueva cúpula militar.

Petro y Velásquez quieren que la Fuerza Pública enfile baterías hacia la paz total, que busca el cese de hostilidades con grupos armados irregulares como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

El primer mandatario incluso ha dicho que deben cambiarse los criterios bajo los cuales se mide la seguridad.

“Colombia necesita una estrategia que vaya desde los programas de prevención hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad. Las vidas salvadas serán nuestro principal indicador de éxito”, dijo el jefe de Estado en su discurso de posesión.

Pero la idea aún no cala del todo en los corrillos castrenses. “El Ejército de Colombia está acostumbrado a medir de alguna manera los resultados operacionales por las capturas y las neutralizaciones que se den dentro de las operaciones. De modo que no sé cómo el presidente ahora va a cambiar eso”, señaló Marulanda.

Según explicó el coronel en retiro, esa transición sería muy compleja. “Tememos que lo que se esté buscando sea paralizar la acción de la fuerza legal y legítima del Estado”, anotó.

Aunque aún no hay nada en firme, sí se espera que haya un vuelco en las metodologías que usa la Fuerza Pública para ejercer sus funciones y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Sobre la posibilidad de que se use el conteo de vidas salvadas para medir el éxito del actuar de la Fuerza Pública, el profesor de la Universidad Externado Jairo Libreros dijo que era “efectista”. Pero indicó que la calificación en las hojas de vida es un primer paso, que calificó como “interesante”.

En cuanto a que las nuevas medidas del gobierno generen molestias dentro de la Fuerza Pública, Libreros indicó que estos cambios “se vienen pidiendo desde hace muchos años”.

“El poder militar tiene que estar subordinado al poder civil. Cuando uno piensa que las Fuerzas Militares se van a ver sentidas, dolidas o tristes está analizando las cosas al revés. La Fuerza Pública tiene que estar subordinada”, concluyó Libreros. Y señaló que las Fuerzas Militares y la Policía son las únicas instituciones con subordinación “absoluta” frente al Ejecutivo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion