Las cifras de criminalidad no favorecen a Cúcuta ni al departamento. Ser una de las regiones del país con más cultivos de coca (55.000 hectáreas), con presencia de guerrillas, bandas criminales y grupos delincuenciales —muchos de ellos extranjeros— que se disputan el territorio y el control del narcotráfico, ha llevado a que los homicidios, secuestros, extorsiones y hurtos se mantengan y generen inestabilidad e inseguridad en los 40 municipios.

Y la capital, Cúcuta, ni se diga: sumergida en la última década entre las 50 ciudades más violentas del mundo, llama la atención sobre la necesidad de que se produzcan soluciones en el corto plazo por parte de las autoridades competentes. Aprovechando la coyuntura electoral que vive el país por estos días, La Opinión consultó a ocho aspirantes al Senado sobre sus propuestas para mejorar las condiciones de seguridad en el departamento. Esto respondieron:

Yirley Vargas, Partido Liberal

Propuesta legislativa: Frontera Segura y Catatumbo Vivo

Para mi concepto, Norte de Santander requiere un tratamiento especial desde el Congreso por su condición de frontera activa y territorio impactado por el conflicto en el Catatumbo. Mi propuesta plantea una figura legal que obligue al Gobierno Nacional a fijar metas verificables, cronogramas claros y recursos garantizados para departamentos de frontera, con seguimiento permanente desde el Legislativo.

En el Catatumbo, el énfasis está en presencia institucional sostenida y fortalecimiento real de la Fiscalía y la capacidad investigativa. La apuesta es reducir la impunidad mediante resultados concretos en judicialización, evitando intervenciones temporales que no transforman el control territorial.
Para Cúcuta, el enfoque es urbano y tecnológico: priorizar en el presupuesto nacional inversión en inteligencia, interoperabilidad entre entidades y herramientas para enfrentar extorsión, narcotráfico y secuestro. Es imperioso, en este orden, hacer control político periódico al Ministerio de Defensa con indicadores públicos de reducción de delitos.

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La iniciativa se articula con la propuesta de consolidar a Cúcuta como Distrito Especial de Frontera, Integración y Desarrollo, con instrumentos administrativos diferenciados. El planteamiento combina ley, presupuesto y control político como base para mejorar la seguridad y dar estabilidad a la región.

Estefanía Colmenares, Centro Democrático

Propongo desmontar la “zona de integración criminal” y frenar las negociaciones con grupos armados para recuperar la seguridad en Norte de Santander.

Sobre cómo lograr que Norte de Santander mejore sus indicadores de seguridad y que Cúcuta deje de figurar entre las ciudades más violentas del mundo, hay que ser contundente: “El Norte no se rinde, y no puede seguir aceptando que la criminalidad gobierne el Catatumbo y la frontera”.

En ese orden planteo como eje central de mi propuesta el desmonte de lo que denomina una “zona de integración criminal” en la frontera, donde se ha normalizado la pérdida de control territorial y la gobernanza de estructuras ilegales. Desde el Congreso trabajaré para desmontar la política de “paz total” en los términos actuales y evitar que se siga otorgando reconocimiento político a organizaciones que viven de violar la ley.

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Propongo un cambio estructural en el enfoque de la lucha contra el narcotráfico, ya que no basta con aumentar las incautaciones si permitimos que la producción aumente. En el Catatumbo hay sembradas cerca de 55.000 hectáreas de coca, que producen alrededor de 400 toneladas de cocaína al año. “Esa cocaína puede valer 600 millones de dólares en Colombia, pero puesta en Estados Unidos alcanza los 10.000 millones de dólares. Esa es la economía ilegal que está financiando la violencia en nuestro territorio”, explicó.

Pedro Leyva, Nuevo Liberalismo

Norte de Santander requiere la implementación de un C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano). Estos son centros tecnológicos avanzados que integran inteligencia y vigilancia para la seguridad pública 24/7, en el puente Atanasio Girardot, donde existe la infraestructura y una posición estratégica.

 Allí debemos definir una política integral, interinstitucional y multidimensional de seguridad, que permita, de forma articulada, identificar los orígenes de las actividades delictivas para prevenirlas y, ante su ocurrencia, tener la capacidad de reacción coordinada para controlarlas y hacer justicia.

Juan Carlos Bocanegra, Partido Verde – ASI

La seguridad de Norte de Santander requiere tecnología, inteligencia y, por sobre todo, recursos para la región. Recursos que garanticen una verdadera autonomía territorial, con inversión social e infraestructura que dinamice la economía del departamento. Pero, por sobre todo, con inversión en tecnología que permita fortalecer la inteligencia de nuestra fuerza pública.

Todo esto logrando que exista una policía coordinada por el Alcalde, que respeta los derechos y actúa con inteligencia para prevenir el delito antes de que ocurra.

Jairo Alberto Castellanos, Partido Verde – ASI

Es justo advertir que cualquier discusión sobre seguridad en Colombia debe comenzar por un análisis serio del territorio. En el caso de Norte de Santander, explicó, confluyen factores estructurales que agravan la violencia, especialmente en la subregión del Catatumbo, donde persisten delitos como el secuestro, la extorsión, el homicidio, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.

Norte de Santander no puede seguir siendo tratado como un asunto marginal. Es un departamento estratégico para el país y hoy concentra cerca del 70 % de los secuestros, además de registrar más de 56.000 personas desplazadas en el último año.

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La presencia y confrontación entre estructuras armadas ilegales —como las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército Popular de Liberación (Epl), el Clan del Golfo y el autodenominado Estado Mayor Central— mantiene a la población civil en medio de una disputa territorial que se traduce en confinamientos y control social armado.

Mi propuesta se centra en una intervención integral: fortalecer la presencia coordinada de la Fuerza Pública y la justicia, garantizar inversión social sostenida y enfrentar de manera decidida el narcotráfico y los cultivos ilícitos, considerados el combustible financiero de estas organizaciones. “Sin cortar esa fuente de recursos, cualquier esfuerzo en seguridad será insuficiente”.

Lorena Ríos, Coalición Cambio Radical – ALMA

El debilitamiento operativo y presupuestal de las Fuerzas del Estado ha generado una pérdida progresiva del control territorial en distintas regiones del país. 

Frente a este panorama, propongo retomar y fortalecer el control territorial mediante el robustecimiento estratégico, operativo y presupuestal de las Fuerzas Militares y de Policía. 

Esto implica reactivar y fortalecer los grupos especiales, optimizar las estrategias de inteligencia y garantizar una presencia institucional efectiva que permita salvaguardar los derechos de la población civil en contextos de conflicto. No se trata únicamente de aumentar recursos, sino de asegurar eficiencia, coordinación y respeto por la institucionalidad.

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Asimismo, es fundamental promover una articulación real y efectiva entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, de manera que exista una política de seguridad unificada y coherente en las regiones, especialmente en zonas de frontera. La falta de coordinación interinstitucional ha limitado la capacidad de respuesta del Estado, por lo que se plantea establecer mecanismos conjuntos de acción entre autoridades locales, regionales y nacionales.

José Gregorio Botello, Coalición Cambio Radical – ALMA

Hoy, Cúcuta aparece en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, pero esa realidad puede y debe cambiar con liderazgo, presencia estatal y una estrategia que integre seguridad, desarrollo y oportunidad. 

Mi propuesta parte de tres líneas de acción. Primero, un Plan Integral de Seguridad Fronteriza, coordinado entre el Gobierno Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía y las autoridades locales, enfocado en recuperar el dominio del territorio y desmantelar las economías criminales que cruzan la frontera. Esto implica tecnología de videovigilancia, control de pasos ilegales, inteligencia coordinada con organismos internacionales y fortalecimiento de la justicia penal en la región. Segundo, una estrategia de prevención social del delito que priorice la juventud en riesgo, la educación técnica y la recuperación del espacio público. 

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Los barrios más inseguros deben convertirse en zonas de oportunidad, con programas de deportes, cultura y emprendimiento dirigidos por líderes comunitarios. La seguridad se construye también con trabajo y esperanza. Tercero, una política de confianza ciudadana, en la que el Estado escuche y proteja a quienes denuncian. Recuperar a Cúcuta no es imposible. Lo que se necesita es decisión política, voluntad institucional y un liderazgo que reconozca que la seguridad no es una tarea de la fuerza pública, sino un compromiso entre Estado, empresa y comunidad. 

Juan Cargos García, Partido Conservador

Mi propuesta está basada en tres pilares fundamentales: modernización de la Fuerza Pública, reforma estructural de la política de fronteras e inversión social con presencia efectiva del Estado.

El primer eje contempla una ley que permita la modernización tecnológica de las Fuerzas Militares y de Policía, fortaleciendo capacidades de inteligencia, vigilancia y reacción frente a delitos de alto impacto. El debilitamiento operativo ha favorecido la expansión de estructuras criminales dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y el secuestro, problemáticas que golpean con especial fuerza a la capital nortesantandereana y a los municipios fronterizos.

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Como segundo componente propongo una reforma integral a la Ley de Fronteras, orientada no solo al control territorial sino también a la reactivación económica y generación de empleo formal. La iniciativa busca consolidar un modelo de desarrollo fronterizo que reduzca la dependencia de economías ilegales y brinde oportunidades reales a la población, especialmente a los jóvenes.

En tercer lugar también sugiero que se haga una mayor inversión nacional en infraestructura urbana y recuperación de espacios públicos como escenarios de convivencia ciudadana. El objetivo es fortalecer el tejido social, promover la denuncia y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

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