La eventual candidatura del expresidente Álvaro Uribe al Senado de la República para las elecciones de marzo de 2026, a pesar de enfrentar una condena de 12 años de prisión en primera instancia, desató una tormenta jurídica que pone a prueba las costuras de la legislación colombiana, al plantear un escenario inédito en el que un ciudadano podría ser electo y ejercer como congresista mientras los tribunales deciden en última instancia si debe ir a la cárcel, generando un choque inminente sobre sus derechos políticos, el fuero parlamentario y la estabilidad de una curul que nacería en medio de la incertidumbre judicial.

El anuncio del Centro Democrático de incluir a su líder natural en el puesto 25 de una lista cerrada al Senado abrió el debate. La estrategia, calificada por analistas como una jugada para impulsar la votación del partido, depende de un complejo calendario judicial y de la interpretación de las normas constitucionales sobre inhabilidades.

Actualmente, el Tribunal Superior de Bogotá revisa la condena emitida por la jueza Sandra Heredia contra Uribe por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. De esa decisión y de sus tiempos depende el primer capítulo de esta controversia.

¿Puede ser candidato con una condena a cuestas?

La respuesta de los expertos es clara: sí. El impedimento legal para aspirar a un cargo de elección popular surge únicamente cuando una sentencia condenatoria está "en firme" o "ejecutoriada". En el caso de Uribe, al estar su condena en proceso de apelación, no se ha agotado la vía judicial.

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“No existe ninguna inhabilidad para postularse, para ser elegido, para ejercer, hasta tanto no haya una decisión en firme”, explicó a Colprensa Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.

Esta garantía se fundamenta en el artículo 29 de la Constitución Política, que consagra la presunción de inocencia, y en el artículo 179, que establece las inhabilidades para ser congresista.

El numeral primero de dicho artículo es explícito al señalar que no podrán ser congresistas "quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos". La clave está en el concepto de "condenado", que jurídicamente se materializa solo cuando la sentencia es definitiva.

Rafael Nieto Loaiza, exviceministro de Justicia, coincide en esta lectura, aunque reconoce que hay división de opiniones. “Hay dos posiciones: una sostiene que si se mantiene la condena el expresidente Uribe no podría ir al Senado (...); y otra, en la que estamos algunos, sostiene que sí puede ir al Congreso siempre y cuando, si se negara el recurso de apelación, el tribunal no establezca una restricción de derechos políticos o de libertad”, señaló.

Un senador electo esperando el fallo

El segundo escenario, y el más probable según los juristas, es que las elecciones de marzo de 2026 y la posterior posesión del Congreso, el 20 de julio, ocurran antes de que la justicia resuelva de manera definitiva el caso.

“Es altamente probable que antes de marzo del 26 o incluso julio del 26, esto no se va a resolver en todas las instancias. De manera que si eso ocurre, pues podrá tomar posesión como senador”, anticipó Bernate.

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Si Uribe resulta electo, podría jurar su cargo sin impedimento legal. Sin embargo, surge una duda sobre la competencia del proceso. Al recuperar el fuero como congresista, ¿su expediente debería regresar a la Corte Suprema de Justicia? Bernate considera que no habría un cambio significativo.

“La competencia no cambia mucho porque el trámite ya se agotó. Digamos que el fuero abarca las fases de investigación y juzgamiento, ambas aquí ya agotadas”, sostuvo.

El momento crítico: la pérdida de la curul

El punto más complejo y delicado llegaría si, estando Uribe ya posesionado como senador, el Tribunal Superior de Bogotá confirma la condena. La pregunta es si perdería su escaño de forma automática.

La respuesta es no. La pérdida de los derechos políticos, que es una pena accesoria a la de prisión, solo se hace efectiva cuando la condena queda ejecutoriada. Tras el fallo del Tribunal, la defensa de Uribe aún tendría la posibilidad de interponer el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

“La pérdida de los derechos políticos solo se da cuando la decisión de la Corte Suprema de Justicia se produzca, ya sea porque no admita la demanda de casación o porque admita la demanda y decida sostener la condena”, detalló Bernate.

Solo en ese momento, con un fallo definitivo del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, la condena quedaría en firme, activando la inhabilidad constitucional y, en consecuencia, la pérdida de investidura. El artículo 183 de la Constitución establece como causal de pérdida de investidura la violación del régimen de inhabilidades.

¿Despachar desde la casa?

Un escenario práctico que se abre es la compatibilidad de ejercer como senador mientras se cumple una eventual pena de prisión domiciliaria, si esta fuera confirmada. Aunque ha habido casos de alcaldes que han despachado desde sus residencias, la función legislativa, que exige presencialidad para debates y votaciones, lo haría insostenible.

“Lo que se ha señalado es que se presenta una especie de abandono del cargo en la medida en que la persona no puede cumplir con sus funciones y terminan siendo destituidos”, indicó Bernate, quien enmarcó toda esta situación no como un vacío legal, sino como "una garantía procesal" contemplada en la Constitución.

Políticamente, la decisión de Uribe de figurar en el puesto 25, un lugar que no le asegura la elección a menos que su partido obtenga una votación histórica cercana a los 4 millones de votos, es vista como una estrategia para "potenciar la lista", según analistas, y movilizar al electorado.

“Su inclusión en una posición en la que es difícil que salga es una invitación implícita a que más colombianos se acerquen a las urnas”, agregó Nieto Loaiza.

El regreso de Uribe al tarjetón, incluso en medio de su batalla judicial, cambia el panorama político y plantea un desafío sin precedentes para las instituciones, que deberán navegar en las turbulentas aguas donde se cruzan los tiempos de la justicia y los ritmos de la democracia.

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