Mediante una tutela se frenó el inicio hoy de la audiencia de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, que se adelanta en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá.
Aunque la juez del caso calificó la maniobra como un claro “desacato” e incluso una posible maniobra dilatoria, no compulsó copias, hasta tanto, en un término de tres días, la defensa del exmandatario argumente por qué no asistió a la audiencia.
La tutela pretende desestimar la decisión del lunes en la que la juez 44 Penal del Circuito de Bogotá negó una recusación alegando falta de imparcialidad. Recurso que se suma a varios que ha presentado en las últimas semanas la defensa, los cuales han sido negados en su totalidad y que según la bancada de víctimas, hace parte de una estrategia para lograr la prescripción de la investigación.
"Se destacó la constante descalificación hacia la defensa, la prelación a la celeridad sobre las garantías, lo sucedido con el descubrimiento probatorio, las acusaciones a la defensa técnica ocurridas dentro del proceso acción de tutela, la negativa sistemática de pruebas relevantes", se lee en el documento.
Ante lo ocurrido, la juez fue tajante en no permitir esa actuación y dijo que no puede aplazar indefinidamente el caso hasta que los abogados de la defensa quieran hacerse presente y agregó que estos no pueden simplemente no asistir a las audiencias cada vez que no le guste algo en la diligencia.
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"El hecho de que se haya instalado una tutela, no significa que ya se haya reconocido la vulneración de unos derechos", advirtió.
El proceso comenzó en 2018, con una denuncia que la Corte Suprema recibió contra el senador Iván Cepeda, luego de un debate de control político convocado por el político de izquierda. Cepeda reveló testimonios de ex paramilitares que señalaban a Uribe por supuestos nexos con esos grupos armados ultraderechistas, principalmente en Antioquia, por lo que el expresidente lo denunció.
En medio de esa investigación, los testigos comenzaron a retractarse, pero uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, manifestó por escrito que recibía presiones. La Corte en sus pesquisas descubrió que ese era un patrón que se presentaba en varias declaraciones, así que archivó su indagación contra Cepeda e inició una contra Uribe.
A partir de ahí, el caso no ha avanzado como se esperaba. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema siguió su curso, llamó a Uribe a indagatoria en 2019 ante el magistrado César Reyes y en agosto de 2020 ordenó detenerlo de manera preventiva en su residencia. El paso siguiente era acusarlo, pero antes de que eso ocurriera Uribe renunció al Congreso, así que su expediente pasó a la Fiscalía.
Contrario al alto tribunal, la Fiscalía al mando de Francisco Barbosa, intentó cerrar el caso en varias oportunidades, pero la judicatura no le dio la razón. Inició el juicio, y bajo los mismo argumentos con los que fracasó, el abogado de Uribe, Jaime Granados aseguró antes de la intervención de Uribe que demostrará que es inocente.
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Dijo que va a develar que Monsalve está mintiendo. Aseguró también, que no hay pruebas que demuestren que el expresidente presionó testigos, a través del abogado Diego Cadena.
En ese contexto, se refirió a una de las pruebas principales del caso. En febrero de 2018, el abogado Cadena visitó a Monsalve en La Picota y al parecer le pidió que se retractara a cambio de recursos jurídicos.
Al menos eso se desprende de una grabación del encuentro que hizo Monsalve con un reloj grabador. Según aseguró el abogado, esa grabación fue editada, manipulada. "Probaremos cómo ese contenido de la grabación editada no refleja la ocurrencia de un delito", advirtió.
El expresidente está imputado por la Fiscalía de los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.
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