Pocas deportaciones son esperadas con tanta intriga en Colombia como la de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ o ‘el Señor’, señalado de ser uno de los máximos contrabandistas del país, y cuyo nombre saltó a la primera plana en la última semana por un presunto intento de meterle dineros calientes a la pasada campaña presidencial de Gustavo Petro.

El hecho fue insinuado durante el Consejo de Ministros del miércoles anterior, en Bogotá, el cual fue televisado en directo. Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), se fue lanza en ristre contra el jefe de Despacho Armando Benedetti, con quien estaba sentado en la misma mesa.

“No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay. Pero comenzaron con él. El tema del señor ‘Pitufo’ comenzó con él y no sé dónde va a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener”, afirmó, refiriéndose a que Benedetti habría intentado involucrar a Marín Buitrago en la financiación de la campaña presidencial de 2022.

Rodríguez aclaró luego en el portal noticioso Cambio que la suma entregada fue de $500 millones, pero que ante la sospecha de tratarse de dineros irregulares, el propio candidato Petro ordenó devolver ese dinero.

Tras los señalamientos de Rodríguez, Benedetti lo denunció por injuria y calumnia ante la Fiscalía.

¿Pero quién es “Papá Pitufo”, al margen de esta controversia política? Su captura había sido priorizada por el jefe de Estado una vez llegó al poder, por lo que la Policía se puso tras la pista.

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El primer golpe importante a su organización fue propinado en marzo de 2024, en una operación en la cual fue arrestado su lugarteniente Ricardo Orozco Baeza, alias el Bendecido, y la opinión pública pudo conocer los alcances de la red ilegal, sospechosa de coordinar el 80% de las actividades de contrabando marítimo en Colombia desde hace 26 años.

En ese entonces, la Fiscalía informó en una rueda de prensa que ese grupo usaba los puertos de Buenaventura, Santa Marta y Barranquilla para traer mercancía de contrabando proveniente de Asia, Estados Unidos y Europa.

Se especializaba en autopartes, cigarrillos, ropa, calzado y textiles, importando hasta 30 contenedores semanales, que le significaban ganancias anuales de $8 billones de pesos, es decir, al nivel de las empresas legales más grandes del país.

Para blindar su operación clandestina, ‘Papá Pitufo’ financiaba una intrincada red de corrupción de policías y agentes aduaneros, que le ayudaban a recibir los contenedores sin mayor control, transportar la mercancía en camiones y almacenarla en bodegas en diferentes ciudades.

“En tres meses de actividades investigativas, se acreditaron eventos en los que esta red habría pagado $902 millones de pesos a servidores que cumplían funciones de vigilancia y control aduanero”, indicó la Fiscalía en el reporte de la primera fase de la operación.

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Prueba de ello fue la captura, el 13 de marzo del año pasado, del coronel en retiro Alexánder Galeano Ardila, señalado de reclutar a policías para la banda; y del mayor Mario Andrés Sarmiento, sospechoso de coordinar el transporte de la mercancía desde los puertos hasta las bodegas.

Tanto a ellos como a ‘el Bendecido’, el ente acusador les imputó cargos por concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y cohecho.

De esa redada logró escapar ‘Papa Pitufo’, pero las autoridades colombianas le solicitaron a Interpol que expidiera una Circular Azul en su contra, tendiente a ubicarlo en el exterior.

Así ocurrió en abril de 2024 cuando fue arrestado en España. Aunque el presidente Petro les agradeció a las autoridades ibéricas la ayuda y solicitó su extradición, un tribunal de la ciudad de Valencia lo dejó en libertad condicional, aunque prohibiéndole salir de España mientras se aclaraba su situación judicial.

‘Papá Pitufo’ aprovechó el beneficio legal para escapar de nuevo y cruzó la frontera hacia Portugal, donde fue arrestado una vez más en diciembre. Actualmente, continúa preso en esa nación, a la espera de su eventual traslado a Colombia.

Petro declaró que, si colabora con las autoridades revelando quiénes hacen parte de su red de corrupción, podría obtener más beneficios jurídicos.

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