Hasta 1987 Emiro Ropero Suárez fue un dirigente sindical, dedicado a defender los derechos de los trabajadores del sector agropecuario. Ejercía su liderazgo en El Zulia y militaba en el Partido Comunista, pero todo lo hacía dentro de la legalidad. Sin embargo, en ese mismo año dio el salto a la lucha armada y se integró al frente 33 de las Farc en Norte Santander hasta llegar a ser su comandante. Tomó ese camino de beligerancia como reacción a la victimización de su familia. Nació en Hacarí en 1963 y se dedicó a ser vocero de las luchas sociales.
Ropero fue uno de los negociadores de las Farc del acuerdo de paz en las negociaciones de La Habana y ahora hace política como dirigente de su partido. Su discurso es de convivencia, pero no oculta que está en la oposición y es crítico del gobierno del presidente Iván Duque.
En esta entrevista habla de lo que piensa, de lo que fue y de lo que quiere seguir haciendo.
¿Cómo ha replanteado su vida tras el acuerdo de paz entre las Farc y el Estado colombiano en el período presidencial de Juan Manuel Santos?
Me dediqué a hacer algo que me apasiona mucho: el trabajo con las comunidades. Es servirles a los territorios con mayor capacidad de movilidad y gestión. Eso sí, encontré como dificultad la excesiva burocracia y la falta de voluntad política para avanzar en la implementación del Acuerdo de paz, sobre todo, en el gobierno de Iván Duque. En lo personal, ha sido muy difícil porque hemos logrado poco respaldo institucional y empresarial al proceso de reincorporación económica y social. Pensábamos que la reincorporación ayudaría a fomentar el desarrollo de los territorios y resulta que llegamos fue a engrosar los indicadores de atraso y pobreza.
¿Ya asimiló la política como ejercicio para llegar al poder en condiciones de legalidad?
También ha sido muy difícil hacer política. La criminalización es tan grande que solo en Norte de Santander ya van 22 excombatientes asesinados. Estamos ante un genocidio de excombatientes y líderes sociales cuyo máximo responsable es el Estado, ya que no ofrece las garantía de seguridad.
Además, los ministerios del Interior y de Hacienda no destinan los recursos necesarios para los programas de protección y lo que están haciendo son negocios con la empresas rentadoras de vehículos, contratándolos cuando deberían estar fuera de operación por antigüedad.
También está en veremos el desmonte de las bandas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. En medio del genocidio hacemos política con estrechos márgenes de movilidad y de seguridad.
A este Gobierno le interesa es ganar ahora lo que no pudo ganar la extrema derecha en el período de guerra con las Farc-EP. Nos están acabando físicamente. Quieren que pase en la total impunidad y por ello rechazan los informes de Naciones Unidas en materia de derechos humanos.
¿Cuál es su visión sobre la paz, como resultado del acuerdo y la consiguiente desmovilización?
El Acuerdo de paz fijó las pautas de un nuevo país, de la transformación estructural de la vida rural, del ejercicio de la política, de cómo pasar de la guerra a la construcción de la paz. Dio la ruta para solucionar el problema de las drogas ilícitas, reconoció derechos a las víctimas y definió una política de reincorporación a la vida civil de los combatientes de las Farc-EP. Nada de eso se está cumpliendo como se pactó. Sacamos a miles de hombres y mujeres de la guerra y no está pasando nada trascendental como queríamos. Así jamás vamos a lograr la paz.
¿Cree que no habrá repetición de la guerra por parte de quienes se acogieron al acuerdo?
La verdad es que muchos están volviendo a la guerra por el fracaso de las políticas de reincorporación y el incumplimiento de todo el acuerdo. En Norte de Santander no hay un solo proyecto importante del Gobierno Nacional que se pueda mostrar como fruto del proceso de reincorporación. Empero, ahí estamos persistiendo en la búsqueda de la paz. Si yo fuese el director de la Agencia Nacional de Reincorporación estaría explorando alternativas para evitar la repetición del conflicto. Pareciera que les interesa que el país no cambie.
¿Qué lección le deja su vinculación a la guerrilla?
Muchas. Que este ciclo de resistencia armada que viene desde 1964 fue el resultado de arreglos políticos mal hechos, como el del Frente Nacional. Me queda claro que un mal acuerdo de paz puede ser peor que una guerra; que la guerra nunca me arrebató la esperanza de paz; que una guerra debe tener reglas humanitarias; que es imperativo el respeto al adversario y la aplicación de sus derechos; que es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta; que una negociación de paz debe vincular a la sociedad en su conjunto y que un acuerdo de paz jamás deja totalmente satisfechas a las partes. Pero lo importante es que lo que se pacte se cumpla.
¿Los que se regresaron a la guerra podrán sostener esa lucha?
A la guerra regresó gente que tiene ideales, capacidad de luchar y de organizar guerra de guerrillas. Lo que no tengo a la vista son victorias militares. Las partes contendientes van a llegar a mesas de diálogo con aquel gobierno dispuesto a cumplir el mandato constitucional que hace de la paz un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Por eso las partes no deben lanzarse a una confrontación fratricida.
Califique el paramilitarismo en Colombia.
Estructuras criminales de las fuerzas más antidemocráticas de este país al servicio de gamonales de la politiquería más corrupta, de voraces empresas multinacionales, de empresarios sin escrúpulos, de despojadores de tierra y de mafias del narcotráfico. Están creadas para derrotar con el terror la movilización social y la protesta pacífica, consolidar en los territorios grupos de poder económico criminales y quebrar la voluntad crítica de la oposición.
La situación del Catatumbo es motivo de preocupación general. ¿Usted cómo la ve?
Muy grave y con tendencia a ser más grave. El Gobierno Nacional tiene las herramientas para solucionarla, pero está haciendo todo lo contrario. Pienso que desde el territorio podemos hacer mucho para que el gobierno cambie su estrategia. Los tejidos sociales están muy frágiles y esto beneficia los planes de guerra. Hacer que la gente crea en la paz y luche por ella debe ser una misión estratégica de las autoridades regionales y locales. Si esperamos que otros hagan lo que es nuestro deber vamos rumbo a una tragedia humanitaria de peores consecuencias.
¿Por qué no se unen los sectores políticos llamados de izquierda o que están en la oposición?
Porque falta entender el significado del esfuerzo común. El individualismo, el egocentrismo, el oportunismo y la politiquería le sigue haciendo un enorme daño a la esperanza colectiva. Espero que se enmienden pronto esos errores.
¿A usted qué le falta por hacer?
Mucho. Aspiro seguir manteniendo el alma joven para no desmayar porque los retos son grandes. Me falta hacer mucho más en la búsqueda de la paz, del desarrollo alternativo, del bienestar general y por la reconstrucción de lazos de buena vecindad y colaboración entre hermanos en esta región fronteriza. La paz, entendida en su real dimensión, nos abre el camino hacia un país moderno y rebosante de oportunidades, sobre todo, para aquellas gentes que no han tenido más que necesidades y sufrimientos. En ese contexto, nadie que tenga sensibilidad humana y conciencia política deja de hacer cosas que nos llenen de grandeza.