Colombia entró al octavo año de implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las Farc y si bien el proceso se ha convertido en un hito, como quiera que, según las Naciones Unidas, menos de la mitad de estos tratados en el mundo alcanza el quinto año, el camino para llegar hasta allí sigue siendo complejo y todavía son muchas las trabajas que se deben superar.

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Así se desprende del más reciente informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y elaborado por la experta internacional Antonia Urrejola, quien concluyó que existen al menos siete aspectos generales alrededor de la implementación de lo que se pactó entre el Gobierno y la desaparecida guerrilla, que se constituyen o se han constituido en un obstáculo para la puesta en marcha de los diferente puntos del acuerdo.

El documento hace énfasis, particularmente, en la denuncia que en marzo de 2023 elevó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante la Fiscalía General de la Nación, por las presuntas acciones y omisiones de funcionarios de esta entidad que pudieron haber obstaculizado la aplicación de la garantía de no extradición de Seuxis Pausias Hernández Solarte, también conocido como Jesús Santrich, uno de los principales negociadores de las Farc y quien pasó a hacer parte de una de las disidencias de la extinta agrupación guerrillera.

“(…) si bien la mayoría de las altas cortes respondieron en clave de garantizar los derechos del solicitante, la falta de colaboración de la Fiscalía con la JEP, la demora en responder y los demás hechos expuestos indican que existió una obstaculización del procedimiento de la JEP sobre la garantía de no extradición. Según la información recibida por la experta, la Sala de Revisión de la JEP ha resuelto 72 solicitudes de garantía de no extradición, a corte de noviembre de 2023, y en todos los demás casos, la Fiscalía compartió oportunamente la información requerida por la JEP para tramitar dichas solicitudes”, dice el informe.

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De esta forma, la experta señala como uno de los obstáculos para la implementación al “contexto político desfavorable del posacuerdo y el asunto Santrich”, que rodeó el proceso y que, en su criterio, contribuyeron de manera significativa a minar la confianza de la ciudadanía en lo que se pactó en La Habana.

“Un obstáculo significativo para su implementación fue el contexto político desfavorable posterior a su firma. Los hechos denunciados por la JEP en marzo 2023 relativos al actuar de la Fiscalía en el asunto “Santrich” no se pueden leer de manera aislada, sino que se enmarcan en un contexto de ataques contra el acuerdo y el Sistema Integral”, concluye.

Como parte de este contexto desfavorable se destaca también la votación del plebiscito por la paz, la elección del presidente Iván Duque, representante del partido Centro Democrático, principal promotor del ‘No’ al Acuerdo de Paz, y las reiteradas trabas a la JEP que generaron un atraso en sus actividades.

Implementación como política de Estado

Señala el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que, a pesar de que el acuerdo suscrito en 2016 es una hoja de ruta para atender las causas estructurales del conflicto y asegurar la no repetición, su implementación no ha sido concebida como una política de Estado y esto se ha convertido en un gran obstáculo para garantizar su cumplimiento y efectividad.

“El acuerdo debe ser una parte central de la política de paz del Estado a mediano y largo plazo. Las instancias de verificación y seguimiento creadas por el acuerdo deben jugar un papel esencial frente a la continuidad de la implementación en las transiciones de gobiernos”, sostiene Antonia Urrejola.

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Según la experta internacional de la ONU, las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos deben implementarse progresiva e independientemente de las coyunturas políticas, pues lo que ha quedado demostrado en todos estos años, es que el compromiso gubernamental con una implementación sostenida e integral ha variado.

Advierte además que, al no concebirse la implementación como una política de Estado, esto puede generar desconfianza para concretar otros procesos de paz como los que impulsa el Gobierno actual, en el marco de la llamada ‘Paz total’. “La ‘Paz total’ no se puede lograr sin la implementación integral del acuerdo de 2016’”, sostiene.

Falta de coordinación interinstitucional

A la vez que lo conseguido en La Habana hace más de siete años no ha sido elevado a política de Estado, otro de los problemas que enfrenta la puesta en marcha de todo lo que se acordó para beneficio del país, pero en especial de las comunidades más afectadas por el conflicto, es la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de materializar los diferentes planes y programas.

Dice el informe de la ONU que muchas autoridades locales y departamentales aún desconocen el contenido del acuerdo y la importancia de implementar sus disposiciones de manera simultánea, lo cual genera grandes vacíos para la efectividad del mismo.

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“Es particularmente importante que exista una estrategia de coordinación entre las instituciones estatales a nivel nacional, y las gobernaciones y alcaldías que resultaron elegidas en octubre de 2023. Según la información recabada, esta coordinación interinstitucional es actualmente insuficiente. Los problemas de descoordinación y desarticulación, algunos relacionados con el diseño institucional y otros con la falta de un liderazgo aglutinador, dificultan la implementación efectiva del acuerdo”, plantea el informe.

Dice que un ejemplo a seguir para lograr mejores resultados en el trabajo que se adelanta, es la acción conjunta que consiguieron la JEP, la Fiscalía y otras entidades para localizar e identificar a personas desaparecidas y que se vio reflejado en la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Escasos recursos y corrupción

Como lo han advertido los organismos de control y varias instancias que le han  hecho seguimiento al Acuerdo de La Habana, para la experta de la ONU, otro de los grandes desafíos que ha enfrentado la implementación es la disponibilidad de recursos, las prácticas de corrupción y la impunidad.

“Por ejemplo, según la información recibida, los recursos de los PDET se concentraron en cinco de las 16 subregiones, y la desigualdad entre las subregiones para competir por estos, conjugada con la falta de criterios de priorización claros para su asignación, ha sido un factor de inequidad en la implementación del acuerdo. Respecto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, el Acnudh reportó las preocupaciones de la Contraloría en el manejo de los recursos del Programa, que presenta retos, como la baja implementación de proyectos productivos”, reza un aparte del documento.

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En este se alerta, igualmente, la desviación de los recursos que se concentraron en los fondos de la paz y que estaban destinados única y exclusivamente a atender planes y programas surgidos del acuerdo de La Habana.

Para la encargada de identificar los principales obstáculos de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, en el listado también se pueden incluir otros aspectos que han incidido en la falta de efectividad de lo que se pactó entre Gobierno y Farc:

-Persistencia de la violencia.

-Falta de garantías de derechos humanos de las personas firmantes.

- Rezagos en la implementación del capítulo étnico y disposiciones de género.

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