Norte de Santander fue uno de los departamentos que aportó de manera significativa a la vitoria del presidente Iván Duque en los comicios de 2018, tanto en primera como en segunda vuelta.

Consciente de ese escenario y de la importancia que representa esta región de cara a la contienda del próximo año, el exviceministro Rafael Nieto Loaiza, quien presentará su nombre nuevamente en el proceso interno de su partido, el Centro Democrático, estuvo la semana pasada en Cúcuta para empezar a definir el plan de acción que les presentará a los nortesantandereanos.

Escuchar algunos de los reclamos más sentidos en esta zona del país, sus necesidades, pero también las soluciones que se buscan, hizo parte de su agenda.

La Opinión conversó con el precandidato sobre sus nuevos planes electorales, las apuestas del uribismo, el desempeño del Gobierno, entre otros asuntos de la coyuntura local y nacional.

El centro y la izquierda vienen en un proceso de organización para definir a sus candidatos con miras al 2022, ¿en qué está el Centro Democrático y en general la derecha?

No tengo la menor duda de que las elecciones de 2022 van a ser de grandes coaliciones: una en la izquierda, en torno a Gustavo Petro, una en la centro-izquierda y una que debería recoger a todos los que pensamos que hay que defender la democracia republicana, los derechos y libertades, y la economía de mercado, desde el centro de la derecha. Sin esas alianzas las posibilidades de éxito son inexistentes. Estamos trabajando en esa construcción y en la definición de un programa que pueda ser común, para que el próximo gobierno empiece, el mismo 7 de agosto, a tomar las decisiones políticas que son concernientes. No se puede llegar a aprender ni a improvisar.

¿Y cómo está pensada esa alianza? ¿Repetirán lo de 2018?

Me atrevo a pensar que en esa alianza del centro de la derecha tienen que estar el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical, los cristianos, el Centro Democrático, algunas figuras independientes que hoy no tienen partido como Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y Marta Lucía Ramírez. Pero creo que esa alianza no debería ser solamente de partidos y movimientos políticos, sino que recoja sectores sociales, entre ellos los comerciantes, los empresarios, ganaderos, camioneros, agricultores y campesinos, taxistas, entre otros.

Usted volverá a apostarle a ser el representante de esa alianza, ¿hacia dónde apunta su proyecto?

Mi apuesta personal está dirigida al núcleo de los problemas que hoy tenemos en el país, agudizados por cuenta de la pandemia, que son fundamentalmente dos: evitar un deterioro del orden público y la seguridad, porque sin seguridad no es posible la vida en democracia, ni la vida civilizada; por otro lado, está la recuperación económica y la generación de empleo, y por esa vía la superación de la pobreza. No hay mejor política social que la generación de empleo.

¿Y cómo cree que se pueda evitar el deterioro de la seguridad, teniendo en cuenta que la situación es cada vez más compleja? 

Vengo diciendo que el Gobierno no puede hacer mejor lo que viene haciendo, sino que tiene que hacer unos cambios estratégicos si se quieren producir los resultados que son indispensables. Hoy hay tres veces más narcocultivos que cuando se firmó el pacto con las Farc y se produce cuatro veces más coca. Eso, más allá de la discusión sobre la paz, el plebiscito, el Acuerdo con las Farc, lo que está demostrando es que lo que se está haciendo no funciona y como en Colombia la violencia está íntimamente ligada al narcotráfico, si no resolvemos el problema del narcotráfico, no vamos a resolver el problema de la violencia.

Como parte de esa cadena, los homicidios no cesan, ¿cuál debería ser la respuesta al respecto?

Contrario a lo que se cree, la violencia homicida en Colombia no es homogénea. La respuesta del Estado no puede ser, por ende, común para todo el territorio, sino que tiene que consultar, aunque sea más complejo, el diagnóstico específico de ese municipio y de esa región, y dar una respuesta conforme a ese diagnóstico. En las zonas donde hay economías ilícitas, hay presencia de grupos armados y las tasas de homicidios son sustancialmente bastante mayores que el promedio nacional. Aquí tenemos, entonces, que reconocer estas realidades, repensar lo que estamos haciendo, reformular la estrategia y hacer algo sustantivamente distinto, si queremos que Colombia salga de esta espiral eterna de violencia a la que estamos sometidos.

En Norte de Santander, particularmente, ¿cuáles deberían ser los cambios para hacerle frente a la situación del Catatumbo y la frontera?

Frente al Catatumbo hay que decir que, el control militar de área no siempre es suficiente, sino que se requiere control institucional del territorio. Es necesario que haya Fuerzas Militares y de Policía, pero no basta con que las haya. Se requiere que haya Estado como un todo haciendo presencia. En segundo lugar, hay que terminar del todo el sistema de transferencias monetarias directas a los campesinos cultivadores de coca. Ese sistema, pactado en La Habana para avanzar con el Acuerdo de Paz, no solamente rompe el principio de igualdad frente a la ley para beneficiar a quien infringió el Código Penal, sino que constituye un incentivo perverso.

¿Terminar el sistema a cambio de qué?

A cambio de que el Estado, con el sector privado y el campesino agremiado o asociado, pueda generar proyectos productivos regionales que no distingan entre el narcocultivador y el que cultiva lícito, y beneficie a toda la región. Si esto se hace de la mano de un agroindustrial, funciona sustantivamente mejor. Lo tercero es la presencia del Estado de manera masiva generando vías terciarias, distritos de riego, etc. Eso termina siendo fundamental.

Pero, los PDET de alguna forma buscan llenar ese vacío institucional que históricamente ha habido en estas regiones, ¿cree que no son suficientes?

Tengo más preguntas que respuestas sobre los PDET. Creo que es un programa que hay que examinar a fondo y que en todo caso tiene un problema de origen y es que no se establecieron con base en un análisis objetivo socioeconómico de necesidades, sino en un ejercicio de definición política de los municipios de interés de las Farc y del Gobierno Nacional, lo que ya de entrada supone un sesgo y una dificultad. Después viene un elemento adicional que complejiza la solución y es que ponerlos en marcha supone una estructura de coordinación institucional y presencia del Estado, cuando la realidad muestra que eso es tremendamente complejo.

¿Se deberían replantear entonces?

Creo que hay que estudiarlos de nuevo, con un problema y es que cuando se plantea este tipo de soluciones de carácter estratégico, siempre hay quien levanta la mano y politiza el asunto.

Reactivación económica

Usted habla de que se debe generar una mayor cantidad de empleo de la manera más rápida posible, ¿cómo?

En mi opinión, en tres grandes líneas: programas de infraestructura de mediano impacto, como vías terciarias, polideportivos, acueductos, centros de acopio, distritos de riego; programas que se puedan diseñar en tres o cuatro meses, licitar en un periodo similar, ejecutar más rápidamente y enganchar mano de obra. También un gran programa de vivienda y un gran proyecto en el campo colombiano. Si lo hacemos de manera acelerada, podríamos estar reduciendo el desempleo a menos de dos dígitos, a fines de este año, principios del próximo. Es ahí donde tenemos que enfocarnos inicialmente.

¿Cree que el país necesita una reforma tributaria?

Lo primero que creo es que el país, saliendo de esta crisis no debería afrontar una reforma tributaria de carácter fiscalista. Agregarle una carga tributaria adicional a la ya muy grave situación que dejó la pandemia sería, en mi opinión, muy desafortunado. Lo segundo es que, proponer una reforma tributaria sin haber hecho una tarea previa de ahorro por parte del Estado es inexplicable e injusto con el ciudadano del común. Lo cierto es que el Gobierno, si bien tiene muchas virtudes, no ha hecho bien su tarea en este punto en concreto.

¿Por qué no lo ha hecho bien?

Las políticas de austeridad no se pueden limitar a pedirles a los funcionarios públicos que dejen de viajar en clase de negocios y pasen a clase de turista. El problema es que este Gobierno heredó una estructura estatal inflada desde del gobierno del presidente Santos y no la ha reducido. Verdaderamente no hay ahorro. El presupuesto de este año tiene 18 billones de pesos más en funcionamiento que el del año pasado y eso no tiene explicación ni justificación.

¿Cuál debería ser el verdadero enfoque de esa reforma?

Una reforma tributaria pensada para la generación de empleo y para el emprendimiento que, en mi opinión, son las columnas vertebrales de un programa económico sostenible a mediano y largo plazo. Si lo que va a ocurrir es que se aumente la carga fiscal y tributaria efectiva en cabeza de los emprendedores, de los independientes y empleados, vamos a cumplir el propósito contrario a lo que deberíamos.

¿Considera que este tipo de propuestas polémicas pueden ponerlos a ustedes, como partido de gobierno, en una desventaja electoral para 2022?

Una reforma tributaria fiscalista puede ser sumamente gravosa para las aspiraciones de la coalición del centro de la derecha.

¿Y les preocupa, justamente, que la imagen con la que llegue el gobierno Duque a esas elecciones los afecte?

Hay tres grandes retos por parte del Gobierno de aquí a las elecciones del próximo año: una es la vacunación, otra la seguridad y finalmente la recuperación económica.

¿Cuál sería ese gran logro, el de mostrar, que les permitirá llegar con un punto a favor?

El Gobierno ha hecho varias cosas bien. En general, en materia de salud pública lo ha hecho bien. Hay que decir también que la pandemia salvó al Gobierno de la ausencia de norte, porque no tenía relato de país. Este es el Gobierno de la pandemia.  

Norte de Santander

Norte de Santander fue muy generoso, en votación, con el presidente Iván Duque en 2018, sin embargo, es evidente que el departamento ha carecido de representación en el alto gobierno, ¿piensa que eso les puede pasar factura en la nueva contienda?

No tengo duda. Me parece que el Gobierno debería replantear la representación política regional de los departamentos donde se ganó en volumen y en porcentaje con mayor distancia por parte del presidente Duque, frente a Petro.

¿Usted es partidario de reabrir la frontera?

Mi pensamiento en relación con Venezuela es de ruptura. Creo que tenemos que mirar los intereses estratégicos nacionales por encima de cualquier otra consideración. Lo que necesitamos es que vuelva la democracia a Venezuela y se recupere su economía. Mientras el sistema siga siendo el autoritario que hay, con estas políticas socialistas, nosotros seguiremos teniendo dificultades en la frontera. 

¿Pero en Norte de Santander insisten en la reapertura?

A Norte de Santander le interesa que cese la migración masiva y que la frontera se vuelva a abrir y recuperar el mercado, y claramente deberíamos trabajar en qué es necesario para conseguir ambos objetivos.

¿Está de acuerdo con la aspersión aérea?

Es un error pensar que la solución al narcotráfico es solo militar o policial. Esto es necesario, pero insuficiente. La suspensión de la aspersión aérea con glifosato no tiene justificación y las razones de salud pública alegadas son un sofisma. En Colombia hay alrededor de 700 herbicidas y casi 180 tiene glifosato como el ingrediente activo fundamental; el 95% del glifosato que se usa en Colombia, se usa sobre cultivos lícitos, como arroz y caña. Entonces, ¿por qué suspendimos la de la coca? Las razones son políticas.