La Cumbre Académica Electoral convocada por la Universidad Libre, en su sede de Cúcuta, reunió a 10 aspirantes al Senado y la Cámara de Representantes, de los 36 invitados inicialmente. La baja asistencia fue uno de los hechos más comentados durante la jornada, en la que se buscaba debatir sobre democracia, territorio y los retos de Norte de Santander desde la perspectiva de la academia.

El rector Diego Armando Yáñez destacó la participación de estudiantes, empresarios y líderes gremiales, y subrayó que el objetivo del encuentro fue abrir un espacio de interlocución directa con quienes aspiran a legislar. “Cuando la academia abre espacios de diálogo, la democracia se fortalece”, afirmó, al insistir en que el conocimiento producido en las universidades debe ser tenido en cuenta en la construcción de políticas públicas.

La agenda, que contó además de La Opinión con el auspicio del Canal TRO,  se dividió en mesas temáticas sobre juventud, transformación digital, productividad, educación y frontera. Uno de los ejes centrales fue la necesidad de crear un puente permanente entre el Congreso y los grupos de investigación universitarios, de modo que los proyectos de ley que afecten al territorio cuenten con respaldo técnico previo.

Eimy Suárez, candidata a la Cámara por Cambio Radical, sostuvo que ninguna iniciativa legislativa debería aprobarse sin consultar a los sectores impactados. Señaló que las universidades, tanto públicas como privadas, enfrentan presiones financieras por la redistribución de recursos y la carga tributaria, lo que obliga a revisar fuentes de financiación y mecanismos de apoyo desde el Congreso.

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Varios aspirantes coincidieron en que la condición de frontera impone desafíos distintos a los del interior del país. El general (r) Jorge Mora, candidato al Senado por Salvación Nacional, afirmó que el centralismo ha dejado rezagadas a las regiones periféricas y anunció que promoverá una reforma a la Ley 2135 de 2021 para incluir de manera explícita educación, salud y conectividad en los beneficios diferenciales para zonas limítrofes.

Legislación y academia

Desde la coalición Verde-En Marcha, Jairo Yáñez planteó que la articulación universidad–empresa–Estado debe traducirse en análisis concretos sobre pobreza, informalidad y desempleo en Cúcuta. En respuesta a preguntas del público sobre el fortalecimiento del Icetex, señaló que el Estado debe equilibrar la relación entre educación pública y privada y ampliar las oportunidades de acceso.

Pedro Leyva, también aspirante a la Cámara, por el Nuevo Liberalismo, propuso que los proyectos de ley incluyan como requisito estudios técnicos elaborados por universidades y consultas con gremios productivos y comunidades. A su juicio, el Congreso debe recuperar la confianza ciudadana a través de una legislación conectada con las regiones.

Carlos Andrés Latorre, del Movimiento Agrario Colombiano, puso el foco en la brecha digital rural y la necesidad de actualizar contenidos académicos hacia nuevas tecnologías. Por su parte, Jaime Marthey, del Centro Democrático, planteó la creación de un comité que articule centros de investigación y gremios para orientar iniciativas legislativas, y defendió el fortalecimiento de líneas de crédito educativo que amplíen el acceso a la educación superior.

Felipe Corzo, el mismo partido,  propuso hacer uso más frecuente de audiencias públicas, contempladas en la Ley Quinta, para integrar academia, Estado y sociedad civil en el trámite legislativo. Juan Carlos Valencia, por la curul internacional, insistió en reformar la Ley de Fronteras y consolidar el binomio universidad–Estado como base del debate legislativo.

Durante la jornada, los estudiantes intervinieron para cuestionar la calidad educativa, el acceso a la universidad, la oferta laboral y los incentivos para las juventudes. Sus planteamientos marcaron el tono del encuentro y evidenciaron que la discusión sobre el futuro del departamento no puede desligarse de la educación y la generación de oportunidades.

La cumbre se abrió con un homenaje póstumo a Diógenes Quintero Amaya, egresado de la institución; a Carlos Salcedo, candidato a la Cámara; y a las víctimas del accidente aéreo de Satena ocurrido el 28 de enero. Más allá de la coyuntura electoral, el evento dejó sobre la mesa la necesidad de mantener un diálogo técnico y permanente entre el Congreso y la academia para responder a los desafíos de Norte de Santander.
 

El debate sobre  centralismo y descentralización del Estado

En medio de la Cumbre Académica Electoral convocada por la Universidad Libre, el debate sobre centralismo y descentralización concentró la atención de los aspirantes al Congreso en el que todos, sin excepción, coincidieron en que el centralismo tiene en el colapso a las regiones y que el país arrastra un problema estructural, pero discreparon en el camino para resolverlo: el referendo fiscal impulsado por varios gobernadores o la reforma al Sistema General de Participaciones promovida por el Gobierno nacional.

Pedro Leyva, candidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, planteó que la discusión no se agota en la distribución de recursos. A su juicio, el problema es la concentración de poder en la figura presidencial, que termina subordinando a regiones y congresistas a la agenda del Ejecutivo.

Leyva sostuvo que Colombia necesita transitar hacia políticas de Estado —en salud, educación, desarrollo económico y ciencia— que trasciendan los gobiernos de turno. En ese marco, defendió una descentralización administrativa acompañada de límites efectivos al poder del Presidente y mayor fortaleza de los partidos políticos. También propuso decisiones basadas en datos, como la interoperabilidad de historias clínicas digitales, para mejorar la eficiencia del gasto en salud.

Desde el Centro Democrático, Felipe Corzo, aspirante a la Cámara, se alineó con la iniciativa de los gobernadores. Argumentó que las regiones enfrentan un Ejecutivo que, en su concepto, ha centralizado decisiones y recursos, afectando proyectos estratégicos y el funcionamiento del sistema de salud.

Corzo cuestionó la intervención a EPS y defendió la idea de “construir sobre lo construido”, en lugar de desmontar estructuras existentes. Para él, la descentralización pasa por permitir que departamentos y municipios tengan mayor autonomía presupuestal y estabilidad en la financiación de obras e infraestructura.

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Un debate estructural y de largo plazo

Jairo Yáñez, candidato a la Cámara por la coalición Verde–En Marcha, planteó que la descentralización es una promesa pendiente desde la Constitución del 91. Subrayó que el traslado de competencias a municipios y departamentos debe ir acompañado de recursos suficientes, de lo contrario se convierte en una carga administrativa sin respaldo fiscal.

Yáñez defendió que el Congreso dé el debate a la reforma presentada por el Gobierno y advirtió que los problemas de violencia, desigualdad y estallido social no pueden leerse únicamente desde la coyuntura actual. Para él, la discusión sobre centralismo también implica definir qué modelo social y económico quiere el país.

En su intervención, planteó que la academia y el sector productivo deben tener un papel más activo en la definición de prioridades territoriales, para evitar que la discusión se reduzca a la asignación política de recursos.

Más poder fiscal para las regiones

Carlos Andrés Latorre, del Movimiento Agrario Colombiano, fue enfático en que el poder fiscal, político y administrativo está concentrado en Bogotá. Defendió que los departamentos tengan mayor capacidad de decisión sobre sus recursos y cuestionó que regiones con restricciones ambientales, como las zonas de páramo en Norte de Santander, no cuenten con alternativas productivas claras.

Para Latorre, la descentralización implica renovar la representación política y garantizar que las comunidades participen en la definición del gasto público.

Seguridad y fronteras en la agenda

El general (r) Jorge Eduardo Mora, del Movimiento de Salvación Nacional, abordó la descentralización desde la óptica de la seguridad. Propuso una ley de defensa y seguridad nacional que convierta esta materia en política de Estado, evitando cambios cada cuatro años.

En cuanto al enfoque territorial, defendió el fortalecimiento de la Ley de Fronteras y un mayor protagonismo del sector defensa en la ejecución de obras en regiones donde la presencia institucional es limitada. A su juicio, el abandono estatal en zonas de frontera es una de las expresiones más visibles del centralismo.

La cumbre dejó claro que, más allá de las diferencias partidistas, existe un consenso mínimo: el modelo actual no satisface las demandas regionales. Sin embargo, el desacuerdo radica en el método. Mientras algunos ven en el referendo fiscal una vía para redistribuir poder, otros consideran que la reforma constitucional en curso es el escenario legítimo para ajustar el sistema.

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