La Registraduría Nacional del Estado Civil pedirá conceptos del Consejo de Estado, la Agencia Jurídica del Estado, la Corte Constitucional y la Procuraduría antes de decidir si realiza o no la Consulta Popular convocada por el presidente, Gustavo Petro, para el próximo 7 de agosto.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró, sin embargo, que materialmente es imposible cumplir con todos los procesos que se requieren para llevar a cabo la consulta en la fecha solicitada por el presidente. Según él, como mínimo, se requieren tres meses de preparación.

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Penagos aseguró que hay una controversia jurídica entre el ejecutivo y el legislativo sobre la Consulta Popular y son los jueces los que tendrán que pronunciarse sobre el tema.

"Hoy no está en juego la Consulta Popular, está en juego el orden constitucional del país", dijo Penagos.

Penagos dijo que la Registraduría está frente a una "dificultad material" de realizar la Consulta, por la logística que se requiere para llegar al exterior y porque el presupuesto puede ser de hasta $750.000 millones.

"A la Registraduría llegaron diferentes solicitudes, seis de la excepción de inconstitucionalidad, otra pidiendo la aplicación directa de la Constitución y múltiples derechos de petición", mencionó. 

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