La Procuraduría General de la Nación ha solicitado este sábado, 2 de marzo, nuevas pruebas y extendió por tres meses la investigación dirigida al actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado.
Todo se dio a conocer, a través de un comunicado emitido, donde dejan claro que al mandatario actual, se le señala de posible implicación en irregularidades relacionadas con la ejecución de un proyecto agrícola de producción de cacao, financiado con recursos de Regalías por un total de $2.838 millones, durante su segundo mandato departamental para el periodo entre 2016 y 2019.
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Esta medida también afecta a otros funcionarios de la época, incluyendo a Sonia Arango Medina, quien fue secretaria general de la gobernación; Leonel Rodríguez, el entonces secretario económico, y Omar Villamizar Luciani, supervisor del contrato durante el periodo mencionado.
Según un comunicado de la Procuraduría General de la Nación, las irregularidades denunciadas, que han motivado la acción disciplinaria, abarcan la falta de reporte de deficiencias en el suministro de agua para el mantenimiento de los cultivos en los informes de interventoría, así como la falta de conexión a distritos de riego para el 55,6% de los beneficiarios visitados por el Departamento Nacional de Planeación, requisito indispensable para beneficiarse del proyecto.
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Además, se señalan posibles fallos relacionados con la ausencia de instalación de sistemas de riego por goteo intrapredial en los municipios de Teorama y Hacarí, junto con aspectos administrativos como la no publicación de documentos contractuales y otros datos obligatorios en los aplicativos estatales Secop, Gesproy –SGR y Cuentas SGR.
Las nuevas pruebas solicitadas por el Ministerio Público incluyen testimonios de ex rectores y otros colaboradores de la Universidad de Pamplona vinculados a la ejecución del proyecto, copias de liquidación de los contratos de obra e interventoría, un listado de agricultores beneficiarios, así como un informe sobre el estado actual del proyecto.“La Procuraduría trabaja para garantizar el buen manejo de los recursos del Sistema General de Regalías por parte de los servidores públicos y la garantía de derechos de las comunidades beneficiarias”, finaliza el ente investigador.
