Según lo expresado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, se informa la respuesta final del juez superior, en la que se confirma que ya es efectivo el arresto y la multa contra alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado; la personera municipal Francy Johana Ardila; y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué, Daniel Guillermo Jaramillo Ayala.
La detención será por 15 días y se da por el desacato a una sentencia constitucional, que obligaba a los funcionarios a construir un puente peatonal sobre la quebrada La Chumba, en la vía a San Bernardo, zona rural de Ibagué.
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La decisión fue dictada por el Juzgado 9° Penal Municipal por el incumplimiento de la sentencia T-366/20, emitida en agosto de 2020. Es así que tanto el mandatario de los ibaguereños, la personera municipal y el secretario deberán ser arrestados por dos semanas.
Defendiendo a la comunidad
La historia detrás de esta resolución tiene como protagonista a la comunidad de la vereda El Rodeito en el corregimiento San Bernardo, quienes han sido víctimas de la falta e implementación de políticas públicas en su sector. Adultos y niños se ven obligados a transitar por un puente improvisado con guaduas y cables.
Debido a la situación, una habitante de la zona interpuso una acción de Tutela contra la Alcaldía de Ibagué. Deisy Vera y su esposo Yeison Navarro Ortiz emprendieron la lucha para que las autoridades locales construyeran un puente peatonal que ayudará a la comunidad de su corregimiento.
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Aunque la iniciativa tuvo un fallo negativo en primera instancia, Vera impugnó la decisión y en plena pandemia, la Corte Constitucional le dio la razón a la ibaguereña y le ordenó a ordenó a la Alcaldía, la Gobernación del Tolima y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural edificar la estructura, lo antes posible.
Desacato de la decisión
Debido a la infracción de la Administración Municipal, se desató la orden de la detención de los funcionarios, quienes “han guardado silencio y de su actitud se infiere la existencia de una dilación injustificada en relación con el cumplimiento de la orden impartida”, según el Juzgado Noveno Penal. Adicionalmente, deberán pagar de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes e iniciar la construcción del puente peatonal en San Bernardo.
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