Luego de varios intentos fallidos, un juez de la República aprobó el principio de oportunidad al que había llegado con la Fiscalía, la patrullera de la Policía Dana Alejandra Canizales, quien está involucrada en la investigación por las 'chuzadas' a Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de Laura Sarabia.

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El principio de oportunidad le otorga beneficios, a cambio de colaborar con la justicia. “Dana Alejandra Canizales Bonilla suscribió matriz de colaboración en la que se compromete a ser testigo de cargo contra el indiciado (capitán) Óscar Leandro Mojica Cordón”, precisó la fiscal en la presentación del principio de oportunidad.

Ese beneficio judicial ya había sido presentado ante un juez, quien lo negó el pasado 4 de marzo argumentando que existieron fallas en la argumentación. “Se echa de menos en la argumentación de la Fiscalía General lo alusivo al test de proporcionalidad.

Tanto Canizales como su colega Alfonso Quinchanegua, fueron condenados a 10 años de prisión luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía y aceptar su culpabilidad en el caso.

El 10 de septiembre ambos aceptaron su responsabilidad y pidieron perdón. Alfonso Quinchanegua dijo estar arrepentido. "Estoy arrepentido de todo lo que se quiso hacer, igualmente pedirle mil disculpas a todos los afectados en este proceso”.

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Por su parte, Danna Cañizales dijo que cometió errores y que siguió órdenes.

Según la investigación realizada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se estableció que estos uniformados, en ejercicio de sus cargos, participaron en las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de dos exempleadas de Laura Sarabia.

En ese contexto, el intendente Quinchanegua y la patrullera Cañizales, con documentos falsos lograron que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de Marelbys Meza y una persona muy allegada a esta, como parte de una investigación por la pérdida de un dinero en el lugar de residencia de Sarabia.

La Fiscalía estableció que los uniformados también inducieron en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones.

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