Horas después de que la juez 44 de Conocimiento de Bogotá le negó un nuevo aplazamiento a la defensa del expresidente Álvaro Uribe, el exmandatario decidió retirarse de la audiencia.

Lo hizo luego de no querer responder si se declaraba inocente o culpable. Argumentando falta de garantías porque que dijo sentirse prácticamente condenado y sin posibilidad de presentar pruebas a su favor, porque la juez no aceptó una nueva solicitud de aplazamiento.

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La juez le negó la petición a su abogado Jaime Granados, quien pidió un aplazamiento por siete días para revisar un material forense que se extrajo de unos computadores y unos celulares del proceso que surgió de la Corte Suprema de Justicia y que tendría pruebas sobre el testigo clave, Juan Guillermo Monsalve.

La juez consideró que el descubrimiento de pruebas ya fue realizado por Granados y este nuevo punto se podría tratar de una maniobra dilatoria. La decisión causó un recurso de queja por parte de Granados.

El pasado 27 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá le negó también a Uribe un recurso de nulidad que presentó la defensa del exmandatario y con la que insistía en que se pusiera fin al caso en su contra.

La decisión tiene como origen el estudio de un recurso de queja en el que se alegaba que la jueza 44 penal del circuito de Bogotá (encargada de llevar en su despacho el caso contra Uribe) se equivocó al rechazar de plano la solicitud de nulidad elevada por el expresidente.

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Entre los argumentos de la defensa, encabezada por el abogado Jaime Granados, estaba que la decisión de primera instancia habría vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de su cliente.

“En una imputación, uno debe saber de qué lo imputan, qué conforma esa imputación, cuál es la precisión de la imputación?”, argumentó la defensa y sostuvo además que las deficiencias en la formulación de cargos y en el escrito de acusación comprometían el derecho a la defensa del exmandatario.

Sin embargo, el Tribunal no estuvo de acuerdo y nuevamente le negó el cierre del proceso. El magistrado Manuel Antonio Merchán explicó que no se vulneraron derechos fundamentales, razón por la cual los argumentos de la defensa no resultaban válidos.

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