Colombia se enfrenta a un presidente desencajado, que está fuera de sí y que pareciera estar poseído. Además, se le nota la desesperación al darse cuenta de su ineptitud, ya que pasan los días y sigue demostrando que su liderazgo es nulo y que nada de lo que prometió logrará llevarlo a cabo.

Su incompetencia la oculta provocando el caos y buscando peleas incluso con su sombra. Lo digo porque el otrora senador Petro sería considerado como el principal opositor de este gobierno.

El presidente está atrapado en un sistema corrupto al cual decidió unirse bajo el pretexto de ser la única forma de llegar al poder. Cuando uno se alía con la peor escoria de la política nada bueno puede surgir. Ahora, salir de ese círculo será imposible ya que se activó el cartel de los sapos y, cuando se está involucrado, retirarse de ahí resulta imposible.

Y por eso encendió los motores para salir a la plaza pública a seguir prometiendo un proyecto populista en el que aún algunos creen, por sus mentiras, diciendo que la oligarquía es la culpable de su fracaso y que le quieren dar un golpe de Estado.

Sin embargo, el tema no sería grave si solo se dedicara a dar discursos cantinflescos; el problema es que el gobierno continúa tomando decisiones que afectan al país.

Un ejemplo de esto es lo que sucedió en Bogotá esta semana, donde el gobierno, sin ningún pudor, violó la autonomía administrativa de la capital.

La Superintendencia de Salud decidió intervenir la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Sin embargo, como suele suceder con las acciones del gobierno, esta decisión fue improvisada y sin fundamento. Después de haber llegado a un acuerdo entre el secretario de salud y la Superintendencia, tomaron la inesperada decisión de intervenir la E.S.E., sin proporcionar una explicación clara y convincente. Alegaron que la secretaría no tenía la capacidad necesaria para gestionar la situación. ¿Cómo pueden llegar a esa conclusión cuando apenas llevan 4 meses en la alcaldía? El distrito se había comprometido a destinar 260 mil millones de pesos para abordar este

problema.

Hoy exigimos al gobierno que demuestre que su plan de mejora resulta más eficiente y de dónde sacarán esos recursos tan importantes que la alcaldía estaba dispuesta a asignar.

¿Será que esta intervención será igual de nefasta que la de muchas EPS, cuyos resultados han sido desastrosos como en el caso de la Nueva EPS, donde las quejas en abril aumentaron de 38.004 a 51.605 respecto del año anterior?

El agua tampoco se salva. Mientras toda la ciudad lucha por aliviar la situación de los embalses, la Superintendencia de Servicios Públicos le ha solicitado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado que atienda más de 25 visitas en menos de dos semanas, además de pedirle información extraordinaria sobre cerca de 100 temas diferentes, muchos de los cuales ni siquiera tienen relación con el racionamiento, lo que ha generado dificultades operativas.

Además, la Superintendencia multó con $2.600 millones al Acueducto por una supuesta baja calidad en el agua. Esta multa, que se pagará con nuestros impuestos, se impuso violando el debido proceso aplicando una norma que fue declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional.

Y no contentos con esto, el gobierno nacional dejará a Bogotá sin la ampliación de la autopista Norte y sin metro.

El presidente y sus funcionarios, están obsesionados con perpetuarse en el poder y por eso obstaculizan el trabajo de aquellos que realmente están comprometidos con su labor.

A Petro no le importa violar la ley. Afortunadamente, el poder judicial ha frenado varios de sus intentos de hacerlo. Esperemos que pronto las autoridades competentes fallen a favor del Distrito; aunque el viernes el presidente dejó claro que, si tiene que pasar por encima de todos los poderes, actuará para que sus controvertidas reformas y decisiones sean aprobadas, incluso si eso significa llamar a una guerra civil.