Después de las diligencias para recuperar los predios aledaños a la Institución Educativa Normal Superior Nuestra Señora de las Gracias de la Torcoroma de Ocaña, algunas personas tomaron la decisión de regresar nuevamente a los terrenos.
La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades locales quienes advirtieron sobre la gravedad de este tipo de comportamientos, ya que atentan contra la propiedad privada y por lo tanto constituye un delito.
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De inmediato la Policía coordinó un operativo para capturar a los infractores, para que respondan por ese tipo de conductas. Ante el inminente desalojo, los invasores procedieron a abandonar los lotes pertenecientes a particulares y a la Gobernación de Norte de Santander.
El comandante de la estación del Segundo Distrito de la Policía Nacional, mayor Fabián Andrés Sarmiento, recordó que esa práctica es un delito, por lo que no permitirán el entramado de los carteles de intrusos por negocio quienes se aprovechan de las necesidades ante el déficit habitacional.
“La invasión de tierras está contemplada en el artículo 263 del Código Penal y acarrea consecuencias que podrían ser de 48 a 90 meses de cárcel o multas de 76 hasta 300 salarios mínimos legales vigentes”, precisó el comandante.
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Asimismo, indicaron que se investiga la participación de personas de nacionalidad extranjera, ya que se les podría suspender el Permiso Especial de Permanencia y proceder a la deportación a través de Migración Colombia.
Tomar los correctivos
Ante esta situación, cientos de estudiantes hicieron una manifestación pacífica exigiendo mayor seguridad y garantías en los programas pedagógicos, ya que la llegada de personas extrañas obligó a suspender las actividades académicas.
“La zozobra es constante y como estudiantes exigimos el derecho a la educación, ejerciendo un mayor control ante la presencia de personas ajenas a nuestra institución. Estamos en las actividades finales del primer periodo estudiantil y van a quedar algunos vacíos en los temas programados durante el año escolar”, dijo el personero de la institución, Andrés Felipe Ortiz Vega.
Por su parte Alonso Montagut Navas, rector del colegio, solicitó ayuda para el cerramiento del plantel y de esta manera evitar futuros intentos de invasión.
“Solicitamos a todas las entidades como la Defensoría, Procuraduría, Personería, Alcaldía, Policía y Gobernación de Norte de Santander esquemas especiales para brindar protección a la población estudiantil”, agregó.
Considera que se vulnera un principio constitucional, ya que los educadores construyen país en la medida que existan las condiciones para impartir los conocimientos en territorios de paz.
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Las autoridades indican que trabajan para monitorear la situación y evitar que estas personas regresen a los terrenos. Se espera que la comunidad colabore con las autoridades y respeten los derechos de propiedad privada para garantizar el orden y la seguridad. Actuarán conforme a la ley desplegando los operativos para materializar las capturas y poner a disposición de la Fiscalía General de la Nación a los infractores para que respondan por ese delito.
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