El fenómeno de la violencia está latente en los municipios de la provincia de Ocaña, el sur del Cesar y la subregión del Catatumbo, lo que preocupa a los organismos defensores de derechos humanos y a los líderes sociales, quienes reclaman acciones contundentes para frenar fenómenos como el secuestro y la extorsión, en aumento durante los últimos años.

Se volvió costumbre escuchar sobre el proceso de liberación de una persona que permaneció en cautiverio durante días, meses o años, y posteriormente la retención de otro ciudadano con el mismo modus operandi, sin que se castigue a los responsables, denuncian los voceros cívicos.

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Los dirigentes solicitan al Gobierno Nacional fortalecer los operativos y aumentar el pie de fuerza para frenar ese elevado índice registrado en los corredores viales Ocaña–Ábrego–Convención–El Tarra–Tibú y en los municipios del sur del departamento del Cesar.
 

Evidencia con datos incontestables

A pesar de las advertencias de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Militares de Colombia —encargadas de prevenir, investigar y contrarrestar los delitos de secuestro y extorsión—, el accionar de los delincuentes no cesa como fuente de financiamiento para comprar armas y continuar protegiendo los cultivos de uso ilícito.

Muchos turistas, comerciantes, ganaderos e incluso maestros se han espantado de la zona y prefieren otros destinos para no caer en las redes de los delincuentes en los corredores viales, denuncian los líderes de la región.

El integrante de la Corporación Defensora de Derechos Humanos (Corporeddeh), abogado Nelson Enrique Arévalo Carrascal, manifiesta que los habitantes de esta tierra no aguantan más el terror:

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“El secuestro y la extorsión no son flagelos del pasado; son la fuente de financiación y el método de control que los Grupos Armados Organizados (GAO) usan a diario, sumiéndonos en una crisis humanitaria”.
 

Una bomba de tiempo

Los analistas señalan que los fríos números son alarmantes, pero la realidad es que, por cada caso reportado, hay al menos tres que se quedan en el silencio de las veredas, pueblos y ciudades, por miedo a represalias.

El aumento desmedido del secuestro infla las cifras que manejan las organizaciones sociales en el Catatumbo.

“Hemos visto un incremento brutal, registrando más de 60 secuestros en el último año. La tendencia es clara: este delito va en alza. Las víctimas, sin distinción, crecen. Antes se creía que solo los ‘ricos’ eran blancos; hoy, los secuestros extorsivos tocan a familias campesinas, comerciantes, educadores y hasta adultos mayores. Es un castigo para cualquiera que intente trabajar y progresar. Casos como los de ganaderos y contratistas en las vías Aguachica–Ocaña son la prueba de que nadie está a salvo”, afirma categóricamente Arévalo.

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Denuncia además la manera como se cobra el llamado “impuesto de guerra”:

“La extorsión no es solo un delito; es una contribución forzada que se impone por la fuerza. A muchos comerciantes se les exige una ‘vacuna’ mensual que oscila entre 1 y 5 millones de pesos solo por el ‘permiso’ de trabajar. Si se niegan a pagar, la amenaza se cumple. La forma más común sigue siendo la llamada telefónica, pero el terror directo en las veredas y carreteras hacia los pueblos y ciudades es constante”, exclama.
 

Cortar las cadenas

“El secuestro y la extorsión tienen a nuestra gente cansada. Estamos viendo cómo familias enteras venden sus pocas propiedades para pagar rescates o para huir, abandonando su vida y su tierra. ¡Esto es un grito de auxilio al Gobierno! ¡No nos abandonen!”, se escucha con frecuencia de la gente trabajadora de la región.

Es necesario y urgente un camino para contrarrestar la tragedia y cortar las cadenas de este flagelo, mediante una acción coordinada y profunda del Estado, ojalá más allá de la reacción militar.

Se requiere el fortalecimiento de las instituciones que previenen este delito, de manera urgente, en Ocaña y en los puntos críticos del sur del Cesar; no solo para liberar, sino para desmantelar las estructuras financieras y los mandos detrás de estos crímenes.

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También, y muy especialmente, es vital la lucha contra la impunidad, pues la alta tasa de esta incentiva el delito. Se requiere mayor presencia judicial y fiscal en la región, para que las víctimas se sientan seguras al denunciar. Si la justicia no opera, el miedo seguirá siendo el combustible de los grupos armados, reclama el defensor de los derechos humanos.

Presencia estatal integral y oportunidades

El abandono social y la falta de proyectos productivos, vías e infraestructura son el caldo de cultivo del conflicto. La Defensoría del Pueblo ha advertido que la solución para estas regiones requiere inversión social y económica a largo plazo, para arrebatarle a la ilegalidad la base social y económica que hoy la sostiene.

“Respeto innegociable a la vida”, exigen a todos los grupos armados que operan en el territorio, como el ELN y las disidencias, pidiendo el cese inmediato de todo tipo de secuestro y extorsión. “La Paz Total debe empezar por respetar la vida y la libertad de los civiles”, puntualizan.
 

Cifras alarmantes

Los secuestros en Norte de Santander superan los 60 casos en lo corrido del año. La mayoría de las víctimas son del Catatumbo, aunque varios han sido raptados en otros departamentos.

La crisis del conflicto armado en el Catatumbo ha desbordado las cifras de secuestros en Norte de Santander.

De acuerdo con el consejero departamental de Paz y Reconciliación, Luis Fernando Niño, en lo corrido del año se han registrado más de 60 personas privadas de la libertad por grupos armados ilegales.

Niño explicó que las víctimas no solo son habitantes de la región, sino también nortesantandereanos que han sido secuestrados en otros departamentos, especialmente en zonas rurales del Cesar.
 
“Hay casos de personas oriundas de Ocaña, como un padre y su hijo que fueron raptados cerca de Valledupar. Así se están presentando muchos hechos similares”, señaló.

El funcionario indicó que esta cifra podría ser aún mayor, ya que muchos secuestros no se denuncian oficialmente:
 
“Varios casos se manejan directamente entre las familias y los grupos armados, quienes exigen sumas de dinero para liberar a las víctimas. Por eso, no todos llegan al conocimiento de las autoridades”, precisó.

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El caso más reciente se registró en el municipio de Convención, donde hombres armados se llevaron a una docente rural, generando gran preocupación entre la comunidad educativa y las autoridades locales. La maestra ya fue liberada.

Crece las alarmas por secuestros en Norte de Santander

El departamento es uno de los más golpeados por este flagelo y organizaciones sociales en Norte de Santander reclamaron a las autoridades en la región mayor compromiso para frenar el flagelo del secuestro que viene azotando diversos sectores sociales.

Desde diferentes movimientos se ha expresado la preocupación por este delito que crece, no distingue clase social y que ha provocado el aumento en zonas como la Provincia de Ocaña y el Catatumbo.

“Nos preocupa que se estén presentando situaciones como esta, casi que a diario recibimos reporte de personas privadas de la libertad, víctimas de actores armados en la zona norte del departamento” dijo uno de los voceros de una de las agremiaciones defensoras de derechos humanos.

Otro dijo “lamentablemente el secuestro está golpeando a toda la sociedad civil, las cifras son escandalosas, en Cúcuta, la Provincia de Ocaña y el Catatumbo, donde se ha venido registrando este fenómeno de manera descontrolada. Siempre nos preguntamos, cual es la respuesta de las autoridades”.

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Se estima que en esta zona del país más de 83 personas han sido secuestradas en los últimos años, por organizaciones al margen de la ley, bandas trasnacionales y organizaciones delincuenciales.

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