La Misión de Observación Electoral (MOE), advirtió sobre posibles riesgos de trashumancia en algunos municipios del país, donde se ha detectado un inusual incremento en el número de inscripciones de cédulas para votar en los procesos democráticos de 2026.
Ocaña, como epicentro del desplazamiento forzado de principios de año, aparece en los primeros lugares lo que despierta sospechas entre los organismos de control y seguimiento a nivel nacional.
A raíz de los enfrentamientos entre las agrupaciones del Eln y disidencias de las Farc las autoridades atendieron a 16.237 personas víctimas de la violencia procedentes de la zona del Catatumbo y la mayoría se quedó en la ciudad.
El proceso de inscripción de cédulas para el Congreso empezó el 8 de marzo y termina el 8 de enero y a las presidenciales el pasado el 31 de mayo y culmina el 31 de marzo de 2026. El censo a la fecha está en 90.400 y es de aclarar que no es definitivo porque los puestos aún están habilitados para tal fin.
El secretario de Gobierno, Freddy Arengas Romero, anunció un análisis de ese fenómeno durante el Comité de Seguimiento Electoral para determinar las variables y trazar planes encaminados a garantizar la trasparencia.
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El ex alcalde y actual concejal de Ocaña, Luis Alfonso Díaz Barbosa, manifestó que detrás pueden estar aquellos intereses políticos. “Están aprovechando las circunstancias para comprometer los votos. Eso siempre sucede previo a las contiendas electorales y si revelan datos contundentes del incremento desmesurado, pues existen las autoridades competentes para que investiguen presuntas irregularidades”, recalcó.
Suenan las alarmas
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, advirtió sobre el inesperado incremento especialmente donde se vive el conflicto armado con mayor intensidad.
En solo tres meses del proceso se han disparado las cifras en Meta, Vichada y Norte de Santander donde los expertos descubren un nivel superior en el comportamiento de los habitantes del Catatumbo hacia Ocaña por encima de las proyecciones en los territorios debido al desplazamiento forzado y se investiga una posible trashumancia por la presencia de grupos ilegales.
Factores como el orden público determinan la migración masiva desde el sector rural hacia el casco urbano, lo que preocupa a las autoridades electorales. La disputa territorial para los cultivos de uso ilícitos y los corredores mineros energéticos agravan la situación y se deben tomar cartas en el asunto.
La gente para acceder a los distintos programas del gobierno procede a registrar los nuevos sitios de residencias, lo que incrementa el número de personas inscritas. Huyen del conflicto armado, se refugian en otras regiones para protegerse de los grupos que ejercen control social.
El Estado debe brindar garantías ante las manifestaciones violentas para ejercer el libre derecho a elegir y ser elegido.
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Las autoridades descartan la suspensión del proceso democrático y únicamente observan como viable el traslado de urnas hacia zonas seguras. Tendría que ocurrir algo terrible como un desastre natural o una epidemia de grandes proporciones.
La lupa del Ministerio Público
Ante esas advertencias la Procuraduría provincial de Ocaña hizo unos requerimientos a la Registraduría Nacional del Estado Civil para constatar y verificar las cifras con certeza y tomar las medidas necesarias.
Expertos del Ministerio Público y analistas políticos harán los comparativos con años anteriores y determinarán el impacto de la masiva inscripción de cédulas a raíz del desplazamiento forzado de los campesinos de la región.
Ocaña se encuentra entre los municipios de mayor concurrencia de ciudadanos relacionado con factores de violencia asociados al desplazamiento forzado registrado en la subregión del Catatumbo.
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Compete a las autoridades electorales revisar las circunstancias geográficas del fenómeno que puede incidir en la agenda electoral del próximo año. Los datos suministrados por los delegados de la Registraduría Nacional juegan papel fundamental para determinar una posible trashumancia electoral.
Aseveración prematura
Para el analista político, abogado Lumar Fernando Sierra Rochels, ese incremento no se puede calificar como una trashumancia irregular con miras a las próximas elecciones.
“El Código Nacional Electoral es muy claro a la hora de habilitar a los votantes a través de un censo donde se deben cumplir una serie de requisitos entre ellos la verificación del arraigo donde se exige mínimo un año de residencia para poder sufragar. Eso no es tan fácil, no creo que se cumplan los tiempos”, reiteró el profesional del derecho.
Dice que previamente se debe expedir un acto administrativo para determinar las personas habilitadas para ejercer el derecho de elegir y ser elegido.
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Citó el caso de un médico cirujano vinculado al hospital regional Emiro Quintero Cañizares, quien inscribió la cédula y fue excluido mediante una resolución. “Instauramos una acción de tutela y no prosperó, ya que no es un mecanismo idóneo para reclamar esos derechos. Yo creo que, teniendo en cuenta esos antecedentes, muchos de los habitantes serán inhabilitados en el censo electoral”, agregó Sierra.
El fenómeno en cifras
La Misión de Observación Electoral estará pendiente de los riesgos que conlleva el cambio obligado de residencia de muchas personas por razones de seguridad en aquellas regiones golpeadas por la violencia.
El más reciente reporte da cuenta de comportamientos atípicos y alerta sobre posibles riesgos como la trashumancia electoral. Uno de los escollos corresponde al acceso directo a las plataformas de la Registraduría Nacional para consultar en tiempo real las inscripciones por puesto de votación. La falta de acceso a datos desagregados y actualizados de manera continua limita la capacidad de monitoreo independiente y la generación oportuna de alertas. Esta limitación ya se había presentado en los comicios nacionales de 2022, representando un retroceso respecto de los avances alcanzados en ejercicios de observación anteriores”, dice la misión.
Durante el período de análisis, “un total de 50.858 personas dentro del territorio nacional inscribieron su cédula para votar por cambio de residencia, así como 4.666 han hecho su proceso de inscripción en las sedes consulares de Colombia en el exterior, para un total de 55.524 personas inscritas.
Igualmente indican que “este número de inscripciones es 64,37% superior al registrado en el mismo periodo durante el proceso electoral de 2022, cuando 33.779 ciudadanos realizaron el cambio de puesto de votación en el primer mes del calendario.
A nivel departamental, destacan tres territorios con tasas de inscripción significativamente superiores al promedio nacional. El departamento del Meta presenta la tasa más alta del país, con 7,59 inscritos por cada mil habitantes. Le siguen Vichada, con 4,21 y Norte de Santander, con 3,59 inscritos por cada mil habitantes. Estos niveles superan en dos veces la tasa nacional registrada para el tercer mes del proceso”.
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Para la ONG de seguimiento electoral, la tasa de inscripción de cédulas constituye un indicador clave para la detección de fenómenos como “trashumancia electoral”, y, en escenarios más complejos, puede estar asociada a conductas delictivas como el fraude en la inscripción de cédulas, y prácticas de zonificación mediadas por tráfico de votos, compra de votos o constreñimiento al elector.
Las tasas de inscripción de cédulas
La Procuraduría General de la Nación emitió alerta por el aumento inusual en la inscripción de cédulas para la época electoral de 2026.
El Ministerio Público advierte un incremento atípico en el registro de cédulas en Ocaña, Norte de Santander, donde organizaciones de observación electoral evalúan el fenómeno.
En Ocaña el registro de inscripciones presentó una curva ascendente bastante alta respecto al promedio nacional que es de 2,29 ciudadanos por cada 1.000 habitantes. No obstante, la cifra en Ocaña, ciudad próxima a la región del Catatumbo, uno de los focos de violencia más críticos del país por la presencia de grupos armados al margen de la ley, tiene una tasa elevada del 26,99%.
La Misión de Observación Electoral había advertido sobre presuntos casos de trashumancia electoral, especialmente en municipios donde la presencia de actores armados incide significativamente en la dinámica política.
La Procuraduría, además, identificó tasas atípicamente elevadas de inscripción de cédulas en municipios como Puerto Gaitán, Acacías y Guamal (Meta), La Jagua del Pilar (La Guajira), que superan ampliamente el promedio nacional generando inquietud sobre la transparencia del proceso electoral de 2026.
Según expuso la entidad mediante comunicado oficial, el promedio nacional de inscripción es de 2,29 ciudadanos por cada 1.000 habitantes y algunos municipios presentan cifras mucho mayores. Entre los casos destacados se encuentran Puerto Gaitán, con un 80,64%; La Jagua del Pilar, con 44,37%; Ocaña, 26,99%; Acacías, con 23,30% y Guamal, con 20,40%.
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Además, reveló tasas por encima del 16% en Nuevo Belén de Bajirá (Antioquia), La Victoria (Valle del Cauca), Guayabal de Síquima (Cundinamarca), Castilla La Nueva (Meta) y Vianí (Cundinamarca).
Vigilancia electoral
La Unidad de Vigilancia Electoral, dentro de la estrategia de Paz y bajo instrucciones del procurador Gregorio Eljach Pacheco, recopiló estos datos a partir de supervisiones y la información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con corte al 3 de agosto de 2025.
En total, 92.318 ciudadanos se inscribieron hasta la fecha en todo el territorio, siendo Antioquia (10.595 inscritos – 11,48%), Cundinamarca (10.408 – 11,27%), Meta (8.939 – 9,68%), Norte de Santander (8.045 – 8,71%) y Valle del Cauca (5.466 – 8,62%) los departamentos con mayor volumen de registros, al concentrar casi la mitad de los nuevos inscritos del país.
La Comisión Nacional de Control Electoral ratificó que continuará la vigilancia preventiva del proceso, apoyándose en las Comisiones Territoriales de Control Electoral y en coordinación con las personarías, para fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en los comicios del próximo año.
La Procuraduría General de la Nación puso también en marcha un sistema de 83 comités territoriales de vigilancia electoral en el contexto de las elecciones de 2026, para reforzar la supervisión anticipada desde la etapa de inscripción de cédulas.
Según la entidad, este sistema “está compuesto por una Comisión Nacional de Control Electoral, presidida por el Procurador General de la Nación y los 83 Comités Territoriales, los cuales ya quedaron instalados y actuarán de forma coordinada dentro del proceso electoral para asegurar el seguimiento de cada una de las etapas del proceso en todo el territorio nacional”.
Como parte de la estrategia, la Procuraduría indicó que la vigilancia se realiza en tiempo real sobre todos los procedimientos, empezando por la actualización de información de electores y controlando los sistemas tecnológicos que usará la Registraduría para el manejo de datos durante la jornada electoral.
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El procurador Gregorio Eljach lideró la iniciativa mediante la robustecida estructura del Sistema Nacional de Vigilancia Electoral, que funcionará con apoyo de una Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática y una Unidad de Vigilancia Electoral encargada de coordinar cada fase bajo las instrucciones de la Comisión Nacional.
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