Una caravana humanitaria recorre por estos días las zonas más afectadas del Catatumbo con un objetivo claro: verificar en terreno las graves violaciones a los derechos humanos y brindar atención urgente a las comunidades golpeadas por la violencia armada.
La misión, liderada por la organización Vivamos Humanos, cuenta con la participación de la Consejería Presidencial para las Regiones, la Mesa Humanitaria del Catatumbo, la Coordinadora Humanitaria y otras entidades del orden nacional y regional. El equipo se desplaza por puntos críticos del municipio de Tibú, como Campo Seis, Bertrania, Versalles y el kilómetro 25, donde el impacto del conflicto es más evidente.
El propósito central de esta caravana es constatar las afectaciones derivadas de los recientes enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las Farc, así como activar una respuesta institucional que permita restablecer los derechos de la población civil.
Durante el recorrido, la misión brinda atención integral a las comunidades, que incluye acompañamiento individual y colectivo, apoyo psicosocial y orientación sobre rutas de atención en temas de víctimas, tierras y protección. Además, busca acercar la oferta del Estado a territorios históricamente abandonados.
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“Esta intervención es una apuesta por cerrar la brecha entre el Estado y las regiones más golpeadas por la guerra”, aseguró Lina Mejía, coordinadora de Vivamos Humanos, al destacar que se han priorizado acciones humanitarias inmediatas para aliviar la crisis.
La magnitud de la emergencia
Las cifras reflejan la gravedad de la situación. Desde enero de 2025, cuando se intensificó la confrontación, se han registrado cerca de 99.000 personas desplazadas, más de 600 confinadas y alrededor de 30.000 campesinos obligados a abandonar sus tierras.
A esto se suman al menos 170 homicidios y múltiples casos de desaparición, además de 4.000 evacuaciones de emergencia. Solo en 2025, el Catatumbo acumuló 262 eventos violentos, consolidándose como una de las regiones más afectadas del país.
En medio de este panorama, líderes sociales insisten en la urgencia de frenar la violencia. Maritza Pérez Amaya, coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Ocaña, advirtió que la región atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas, con desplazamientos masivos que afectan especialmente a niños, adultos mayores y personas enfermas.
Por su parte, Alba Luz Trigos, directora de la Red de Mujeres del Catatumbo, alertó sobre el aumento de prácticas como el reclutamiento forzado y el uso de artefactos no convencionales, que generan temor constante en la población.
Las organizaciones sociales coinciden en que, además de la atención humanitaria, se requieren gestos reales de paz por parte de los actores armados. En ese sentido, hacen un llamado al Gobierno nacional para promover espacios de diálogo que permitan reducir la confrontación y proteger a la población civil.
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La caravana humanitaria se extenderá hasta el 28 de marzo, con la expectativa de no solo visibilizar la crisis, sino también impulsar acciones concretas que contribuyan a mitigar sus efectos y avanzar hacia la estabilización de una región que sigue atrapada en el conflicto.
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