A partir de la fecha, los estudiantes de escuelas y colegios públicos gozarán con el transporte escolar gracias a un contrato de urgencia manifiesta suscrito por la alcaldía en aras de la permanencia en las aulas de clases.
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La administración local utilizó esa figura para evitar inconvenientes en el inicio del calendario académico de la presente vigencia, beneficiando a 900 menores tanto del sector rural como urbano, precisó el secretario de Educación, Cultura y Turismo, Raúl Rolando Castro Ojeda.
El documento firmado con la empresa transportadora Cootrans Hacaritama, tiene un valor de $ 178 millones 640 mil pesos desde el 7 de febrero hasta el 27 de marzo, por un periodo de 35 días, mientras surte efecto el proceso de licitación para adjudicar el contrato hasta las vacaciones de mitad de año, reiteró el funcionario.
Explicó que solamente se cancela el servicio cuando haya clases, pues un día representa $ 5 millones 104 mil pesos, debido a los costos operacionales hacia las distintas rutas. En tal sentido, los 53 días desde el 28 de marzo hasta el 16 de junio le vale a la administración municipal $ 271 millones 360 mil pesos, completando los $450 millones presupuestado para el presente año.
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Así, logramos solventar ese gasto durante el primer semestre del año para evitar retrasos en el calendario escolar, esperamos el apoyo para la otra mitad, recalcó.
Estudiantes beneficiados
Tal y como se había establecido con los señores rectores de los establecimientos educativos de la ciudad, luego de cumplir con el proceso contractual la alcaldía de Ocaña inició el pasado lunes con la prestación del servicio de transporte escolar conservando el mismo beneficio en rutas y número de estudiantes del año anterior.
Niños y jóvenes de las Instituciones Educativas Rafael Contreras Navarro, Carlos Hernández Yaruro, Edmundo Velásquez, Aguas Claras y La Salle, al igual que los provenientes de Pueblo Nuevo y La Samaritana, son transportados de lunes a viernes en los horarios establecidos para continuar fortaleciendo su proceso académico, precisó Castro.
La estrategia permite facilitar el acceso a la educación de la población de escasos recursos económicos que se encuentra a distancias considerables entre su lugar de residencia y los planteles, cumpliendo con todos los requisitos, en vehículos óptimos para salvaguardar su integridad.
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De esta manera el gobierno municipal sigue aunando esfuerzos para atender las necesidades del sector educativo, trabajando de manera conjunta para fortalecer acciones que brinden a los niñez y juventud ocañera el derecho a una educación de calidad, puntualizó.
Una manito a la gobernación
En vista que los recursos solamente alcanzan hasta mediados del presente año, el secretario de Educación, Raúl Castro hizo un llamado a la gobernación para que aporte la cifra restante.
“Falta financiar 93 días desde el 4 de julio hasta el 26 de noviembre, por un valor de 474 millones 672 mil pesos. Estamos tocando las puertas de la gobernación, que hizo lo propio el año anterior”, precisó.
Afirma que lo importante es asegurar la normalidad académica en el primer semestre del año y desde ya se adelantan las gestiones para canalizar el faltante.
Algunos padres de familia preguntan por qué no se ofrece el servicio desde el primer día de clases, pero no entienden que se debe tener un consolidado con la matrícula para definir las rutas, agregó Castro.
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Un contrato de esa naturaleza es bastante exigente debido a la seguridad de los niños con vehículos que reúnan las especificaciones técnicas.
Calvario para el segundo semestre
El rector de la unidad educativa del corregimiento de Aguas Claras, Fernando Alberto Clavijo Vega, manifestó que después de julio comenzará el martirio para los padres de familia.
“Desde ya pedimos al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, la ayuda necesaria para solventar esa necesidad entre los niños campesinos”, recalcó.
“Nosotros trabajamos con las uñas y hay que replantear la distribución de la plata por esos conceptos. Hacemos maromas financieras para garantizar los servicios a los niños de escasos recursos económicos”, señaló.
La mayoría de padres de familia son desplazados por la violencia, viven en casas de madera y cartón, no tienen el poder adquisitivo para pagar el transporte en una buseta que subió el pasaje a 3 mil 800 pesos hacia el centro poblado.
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Señala que hacen milagros para conseguir la comida de sus hijos y no se les puede cargar el transporte. “Insistimos en la concurrencia donde todos ponen para solventar el problema”, puntualizó.
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