Aduciendo falta de ilustración suficiente y carencia de tiempo para analizar los soportes jurídicos, los concejales decidieron postergar la creación de una fiducia para la reestructuración de pasivos en el municipio de Ocaña.
Para Yakaira Galvis, secretaria de Hacienda municipal, el gobierno local ha entregado todos los requerimientos hechos por los concejales en cuanto al tema de los proyectos de acuerdo referentes a la Ley 550.
Galvis explicó que la administración municipal solicitó al Concejo la aprobación de vigencias futuras para contratar la fiducia desde este año hasta 2034, cuando culmina el proceso de reestructuración de pasivos.
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“Nosotros suministramos toda la documentación solicitada durante las sesiones extras, se respondieron los requerimientos de los concejales, y los funcionarios trabajaron incansablemente durante todo el fin de semana para radicar la información sobre las inquietudes”, aclaró la titular de Hacienda. Fue enfática al manifestar que no se analizaron a fondo las correcciones hechas para dar vía libre a la fiducia. “Decidieron dejar en estudio el proyecto sin permitir el uso de la palabra a la Secretaría de Hacienda y a la Oficina de Asuntos Jurídicos”, añadió.
Prueba contrarreloj
“El tiempo apremia. Nosotros hemos seguido con el ahorro como está proyectado en el acuerdo de reestructuración de pasivos, en unas cuentas creadas para trasladar los recursos a la fiducia y poder cancelar esas deudas”, aseguró la funcionaria, quien precisó la cifra de 3.000 millones de pesos destinados al desembolso de las demandas laborales y de proveedores.
La idea es cumplir con los compromisos después de constituida la fiducia, efectuando los trámites presupuestales y contables para la resolución de pagos. “Esos giros se reenvían al fondo para la distribución de los recursos a cada uno de los acreedores priorizados en los listados”, puntualizó.
Indicó que, en primera instancia, se pagarán los pasivos laborales; luego, las deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las cuotas partes pensionales y los recursos a favor de terceros y proveedores.
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De acuerdo con los hallazgos, se deben 38.000 millones de pesos y, por ello, urge la aprobación de la fiducia para dar cumplimiento al acuerdo de reestructuración, dijo Yakaira Galvis.
“A la ligera no se puede”
Por su parte, la jurista Yurima Sánchez manifestó que el alcalde Emiro Quintero Cañizares pretendió muchas cosas en tan poco tiempo.
“Convocó sesiones extras en 15 días para revisar cinco iniciativas de gran envergadura y de alto impacto regional. Hay que ser cuidadosos a la hora de aprobar esos proyectos, porque se trata de dinero con destinación específica y no conocemos los aspectos importantes para implementar la fiducia”, sostuvo, al manifestar que sin claridad y soporte jurídico nunca procederán a dar un voto a favor.
El concejal ponente de la reestructuración de pasivos, Luis Botello Sarmiento, aseguró que este proyecto, encaminado al beneficio del municipio de Ocaña, contará con el respaldo de todos los miembros de la corporación.
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“Es un acto de responsabilidad para sanear las finanzas. Nosotros no conocemos en detalle el acuerdo de reestructuración de pasivos y hay unos aspectos que remiten a anexos. Tenemos que revisar muy bien la fiducia porque compromete vigencias futuras hasta el 2034; excede mis funciones, pues mi periodo expira en 2027. En un tiempo tan corto no se puede evacuar todo lo solicitado, por eso pedí dejar la iniciativa para retomarla en las sesiones ordinarias de noviembre”, recalcó.
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