Al cumplirse el primer año de su mandato, miembros del Comité Intergremial y Empresarial de la provincia de Ocaña enviaron una carta al presidente Gustavo Petro y a la clase parlamentaria en la que reclaman atención a la crisis social, económica y ambiental en la región del Catatumbo.
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En el oficio hacen hincapié de la situación vivida por los habitantes de la región agudizada ante el cierre de la carretera que conduce hacia la ciudad de Cúcuta y que ya completa 70 días en un bloqueo que arroja pérdidas superiores a los 3 billones pesos.
También reclaman fortalecer los esquemas de seguridad debido al aumento de la extorsión y el secuestro. Asimismo, la participación en los diálogos con los grupos al margen de la ley.
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Infraestructura vial, salud, educación, saneamiento básico ambiental, reforma agraria integral, seguridad alimentaria y protección a la población civil se destacan entre las peticiones al alto gobierno.
Plan específico de atención
Los transportadores y comerciantes hicieron una radiografía del impacto económico de la avalancha ocurrida el 31 de mayo e insisten en la celeridad de los trabajos.
Reclaman atención inmediata a los afectados de los municipios de Villa Caro y Ábrego ya que perdieron las viviendas y sus áreas de cultivo.
Además, la asesoría psicosocial, reubicación con garantía en la construcción de las soluciones habitacionales y actividades productivas que les garantice ingresos para el sustento de sus núcleos familiares.
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“Es urgente garantizar el servicio de educación a los más de ciento treinta (130) niños, mediante la construcción de sedes educativas temporales con garantía en el servicio de transporte y alimentación escolar, al igual que se diseñe y se asignen recursos para levantar las nuevas estructuras”, indicó el presidente de la Asociación de Comerciantes de Ocaña, Javier Ortiz Navarro.
Crisis en el corredor vial
El gremio transportador atraviesa una crisis económica a lo largo de todo el corredor vial Aguachica (sur del Cesar) Ocaña- Cúcuta y por ello los empresarios pidieron un salvavidas al Gobierno nacional.
La suspensión de la movilidad por este eje vial impide el tránsito de más 3.000 vehículos diarios que generaban ingresos a las empresas de transporte de pasajeros, transportadores de carga, restaurantes, hoteles, parqueaderos, estaciones de servicio, talleres, almacenes de repuestos y comercio en general.
Las pérdidas superan los 3 billones de pesos durante los 70 días posteriores al cierre total de la vía, indicó el representante de la Asociación de Camioneros de Colombia, capítulo Norte de Santander, Yamil Antonio Galeano Arenas.
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“Señor presidente es necesario compensar las pérdidas económicas a dichos sectores con apoyos económicos directos e incentivos financieros para proteger el empleo y las actividades comerciales existentes durante todo el eje vial”, reiteran en el comunicado.
Celeridad en las obras
La destrucción de tres puentes sobre la vía nacional y tres más hacía las veredas deben ser prioridad por parte del Gobierno Nacional.
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“Se requiere con urgencia que la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres, de manera coordinada con el ministerio de Transporte e Invías, instale los puentes metálicos que sean necesarios según el análisis técnico que permita recuperar la circulación en el menor tiempo posible, así como actuó el gobierno en el puente El Naranjal en el Municipio de Quetame”, precisa el comunicado.
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