Ayer, con cierres temporales en tres puntos estratégicos de la carretera Ocaña-Cúcuta los cultivadores de cebolla de la zona del Catatumbo exigieron a los ministerios de Agricultura y Comercio Exterior salvaguardar el producto para frenar el contrabando desde Perú. En la tarde, levantaron los cierres mientras avanzan las mesas de negociación con el Gobierno nacional.
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La dilación en el cumplimiento de los puntos pactados durante una asamblea con Aura María Duarte, viceministra de Agricultura, colmó la paciencia de los campesinos, quienes claman un salvavidas para conjurar la crisis financiera de los últimos años.
Los labriegos hicieron cierres en el sector de La Curva de Bucarasica, la vereda la Labranza, comprensión rural del municipio de La Playa de Belén y el corregimiento de Aguas Claras.
El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, se trasladó hacia la capital de la República para exponer la difícil situación atravesada por los agricultores con el fin de trazar alternativas al contrabando que afecta a más de 7 mil familias del Catatumbo.
Duarte prometió revisar conjuntamente con el ministerio de Comercio Exterior los alcances del tratado suscrito con Perú para adoptar un plan de salvamento durante los picos de cosecha y así mitigar la debacle económica en el sector rural, sin embargo, no ha cumplido con la palabra empeñada.
También mayor efectividad durante los retenes en la frontera para determinar el producto de contrabando y detectar aquellas inconsistencias donde la Policía Fiscal Aduanera, Polfa, no permita el ingreso de varios tractocamiones con la misma guía de importación.
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A raíz de la demora en la toma de las decisiones los cebolleros ordenaron la movilización hacia las arterias viales para presionar una solución concreta a la profunda crisis alimentaria donde el Gobierno nacional destine los recursos para resarcir las pérdidas ocasionada por la llegada de los tractocamiones sin los controles respectivos.