Los habitantes en situación de calle se han convertido en uno de los problemas sociales más grandes de Ocaña, pues su presencia debajo de los puentes y en los sectores periféricos del municipio ha venido creciendo de manera acelerada.

Ante esta situación, el personero Jorge Armando Bohórquez hizo un llamado a las autoridades para activar la ruta de atención encaminada a la rehabilitación de las personas que padecen algún tipo de alteración en su salud mental y que además están en la calle, porque tienen doble situación de vulnerabilidad.

El representante del Ministerio Público denunció los desórdenes protagonizados por estas personas, así como el problema de inseguridad que algunos de ellos generan.

Bohórquez reveló que la ocupación en las márgenes de los ríos y debajo de los puentes, donde pasan la noche, constituye un riesgo para los transeúntes y vecinos del sector, porque a diario se reporta atracos, riñas y contaminación ambiental ante la constante quema de cables para extraer el metal y venderlo en las chatarrerías.

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A lo anterior se suma el microtráfico, la presencia de menores de edad y los altos índices de contaminación, pero lamentó que la administración solo se dedica a sacarlos y se van para otro sitio sin solución alguna, complicando la convivencia en los distintos barrios de la ciudad.

‘Se perdió la brújula’ 

Según aclara el personero, este es un problema de tiempo atrás y heredado de administraciones anteriores. “Se han hecho intervenciones convertidas en saludos a la bandera”, precisó el funcionario, quien insistió en erradicar el problema de raíz.

Planteó que una de las primeras acciones que se debería adoptar es destruir los cambuches donde pasan la noche, pues ahí dejan sillas, colchones viejos y otros elementos de forma permanente. 

“Todos los días recibimos quejas de los vecinos del sector Primero de Mayo, Sesquicentenario, Llanadas y Cañaveral, desesperados por la acción de esas personas que adquieren y consumen droga a la vista de la gente”, explicó Bohórquez.

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El personero exigió un seguimiento estricto en los centros de rehabilitación del municipio para que ellos cumplan con la normatividad vigente y la ruta de atención al paciente. Dijo que si, por ejemplo, la persona es traída desde Barranquilla y termina el tratamiento en Ocaña, es obligación devolverla a la Comisaría de Familia del sitio de origen.

El censo de esta población   

El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero, señaló que la administración tiene una caracterización de esta población y denunció la manera como se estaría manejando un negocio en el traslado de pacientes de otras regiones del país.

Aseguró que la solución no es tan fácil, ya que deben seguir un conducto regular y unos protocolos humanitarios estipulados por la ley.

“Han sido constantes los controles, el problema social viene de tiempo atrás y la administración actúa de acuerdo a los lineamientos básicos. Uno entiende la preocupación y debemos ser sensatos a la hora de tomar una determinación”, recalcó el funcionario.

Se estima que la cifra de habitantes de calle en este municipio es de 118 personas, pero esta población fluctúa de acuerdo con las circunstancias, puesto que unos se marchan y otros llegan.

En la etapa final de esos procesos muchos han expresado la voluntad de regresar a las ciudades de origen, mientras otros quieren ingresar a los centros de rehabilitación. 

El secretario señaló que hasta el momento han adelantado cinco desalojos de habitantes de calle en distintos puntos del municipio. Sin embargo, advirtió que estas acciones solo han trasladado el problema a otros sectores, lo que ha incrementado la inseguridad en barrios cercanos. Indicó que las personas ya están identificadas y que, mediante un trabajo articulado entre las diferentes entidades, se espera poder vincularlas a los centros de rehabilitación para brindarles atención.

También se coordina con la Policía la detención de aquellas personas que inducen a los jóvenes al consumo. Y recordó que lo que buscan es que las personas una vez cumplan el tratamiento regresen a sus regiones y no vuelvan a la calle, pues advirtió que sospechan que el asunto lo están volviendo un negocio algunas personas.

“Si una familia ocañera tiene algún problema y necesita ingresar a un familiar a un centro de rehabilitación, nos encontramos con la sorpresa de que no hay cupos. La capacidad instalada es para 60 pacientes y 54 son de afuera, ya que los traen de otras zonas del país. El modus operandi es que cuesta a través de una IPS alrededor de 4 a 5 millones de pesos. La pregunta es: ¿Por qué es tan rentable traer personas de afuera y negarles a los locales?”, cuestiona Guerrero.

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Por eso, solicitó a las autoridades de salud de la región adelantar una investigación sobre este problema.

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