Ante la profunda crisis económica ocasionada por la avalancha del río Tarrita el director del Instituto Nacional de Vías, Invías, Juan José Oyuela, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, adelantaron una inspección ocular en la zona afectada por el desastre natural en zona rural de Ábrego.

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El funcionario del alto gobierno manifestó que se han removido cerca de 50.000 metros cúbicos de lodo y resta una cantidad similar para llegar hasta los cimientos con el propósito de fijar las bases de los puentes militares.
 
Aseguró que desde la hora cero se ha dispuesto de un equipo técnico y humano para mitigar los efectos de la avalancha. “Estamos avanzando en las maniobras y de acuerdo con los cálculos, a más tardar en cinco días llegaremos al punto crítico de la avalancha que afectó la estructura de mayor longitud, donde los expertos analizarán el estado de los estribos para el montaje de los puentes metálicos que, según el Ejército, demora cuatro semanas”, precisó Oyuela.
 
Explicó que la limpieza es bastante compleja debido a la magnitud de la catástrofe porque faltan 60 metros de longitud por 10 metros de alto de sedimentación. 

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Se requiere un terraplén pues las aguas del río corren en un nivel más elevado de la carretera y los técnicos recomiendan un trabajo especial con el fin de estabilizar los terrenos.  
 

S.O.S. de los transportadores 

El gremio transportador envió una carta al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, donde solicitó la declaratoria de la calamidad pública nacional para acelerar los trabajos y afrontar la profunda crisis generada por la ola invernal.
 
El vocero de la Asociación de Camioneros de Colombia, capítulo Norte de Santander, Yamil Antonio Galeano Arenas, reclamó la atención prioritaria de parte del Gobierno central para conjurar la emergencia.
 
“El Puesto de Mando Unificado, PMU, debe sesionar en Ábrego y Ocaña con la participación de los ministerios del Interior, Transporte, Agricultura y Ambiente bajo la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, Superintendencia de Industria y Comercio, Congreso de la República, Gobernación de Norte de Santander y municipios del área de influencia, gremios, representantes de las familias afectadas y el acompañamiento del Ministerio Público”, agregó en la intervención.
 
Reclamó la asignación de un equipo especializado de los diferentes ministerios e institutos descentralizados, para que, de manera conjunta con las entidades territoriales, rehabiliten la arteria vial de manera provisional para mitigar el descalabro económico que alcanza cifras muy altas cada día.
 

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Asimismo, atención psicosocial, reubicación y vinculación a nuevas actividades productivas a las familias que perdieron viviendas, cultivos y animales de corral.
 

Asfixia económica 

Reclaman también definir e implementar incentivos económicos a los campesinos, sector transportador de carga y pasajeros, prestadores de servicios, hoteles, restaurante, almacenes de repuestos, estaciones de combustibles, parqueaderos, talleres y comercio en general del corredor vial Cúcuta-Ocaña-Aguachica, que permita recuperar las pérdidas económicas generando nuevas dinámicas de ingresos para la sostenibilidad de sus familias.
 
Asimismo, exigen un monitoreo especializado en los municipios del área geográfica de la cuenca del río como Villa Caro, Ábrego, La Playa, Hacarí, San Calixto, El Tarra y Tibú por los riesgos de nuevos deslizamientos en la zona donde se originó el movimiento en masa del suelo por el fenómeno natural.
 
“Nos permitimos dar un alcance económico de lo que representa para diversos sectores el cierre de la vía. Resumimos una cantidad de pérdidas que oscila entre los 1,5 billones de pesos mensuales, teniendo en cuenta que los primeros 15 días por el desastre natural se han malogrado aproximadamente 750 mil millones de pesos.
 
Los damnificados y el gremio transportador clamaron un salvavidas para superar la crisis económica, y para ello solicitaron la calamidad pública nacional.  El gobernador, Silvano Serrano Guerrero, indicó que se han cumplido las fases de evacuación, atención básica, y ahora lo prioritario es recuperar la arteria vial y posteriormente se implementará el Plan Específico de la reubicación de los campesinos afectados.

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El mandatario seccional fue enfático en afirmar que desde el mes de diciembre del año pasado se solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres un estudio técnico de modelación para evitar los riesgos e, incluso, se intentó drenar la laguna, pero por las condiciones de la remoción en masa no se pudo adelantar ese procedimiento.

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