La Procuraduría General remitió un concepto a la Corte Constitucional, en el que le solicita extender siete meses la vigencia de la Comisión de la Verdad, considerando que el periodo de esta Institución va hasta noviembre de este año.

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La procuradora Margarita Cabello, indicó que “no hay duda de que el Constituyente le ordenó a la Corte Constitucional revisar de manera oficiosa la normatividad que se expidiera con ocasión de la finalización del conflicto, con el fin de que sus efectos fueran acordes con los derechos de las víctimas”, lo cual incluye la facultad de interpretar el Decreto Ley 588 de 2017, que creó la Comisión de la Verdad.

El concepto, según el Ministerio Público, se realiza a fin de garantizar el derecho a la verdad y a la no repetición de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

A juicio de la Procuradora, las garantías de verdad y no repetición de las víctimas no son aspectos de libre ejecución por parte del legislador, sino mandatos que hacen parte integral del ordenamiento superior, que se ven reforzados por el deber de cumplir, de buena fe, con lo pactado en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

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Añadió que las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia ocasionada por la COVID-19 impidieron el cumplimiento de los tiempos fijados para la ejecución de la misión constitucional de la Comisión de la Verdad en las regiones.

“En especial, aquellas donde ha existido pobreza, desigualdad, ausencia de las autoridades, carencia de los servicios de salud y precarias condiciones sanitarias, las cuales, desafortunadamente, coinciden con las zonas más afectadas por el conflicto armado”, señaló.

Para la Procuradora, el alto tribunal deberá tener en cuenta en su decisión que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de manera razonable y en ejercicio de su autonomía, estimó que requiere de siete meses adicionales para cumplir con sus funciones, por lo que le solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad condicionada de los artículos 1 y 24 del Decreto Ley 588 de 2017 que creó la CEV, para habilitar la continuidad de la Comisión por el tiempo requerido.

Finalmente, pidió a la Corte Constitucional priorizar al trámite de la demanda de inconstitucionalidad, pues ante la finalización del periodo de funcionamiento de la CEV en noviembre próximo, “es imperioso un pronunciamiento sobre las normas acusadas para evitar la afectación de los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, así como dada la trascendencia social del informe final que deberá rendir la entidad”.

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