La libertad en internet en Venezuela experimentó un declive drástico durante el período de junio de 2024 a mayo de 2025, según el informe Freedom on the Net 2025 de Freedom House, que califica al país como "No libre", con una puntuación global de 26 sobre 100, una caída de 4 puntos respecto al año anterior.
Este retroceso se atribuye principalmente a la represión gubernamental tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor pese a denuncias de fraude.
Destaca el informe que el Gobierno chavista implementó una serie de medidas para "sofocar la disidencia en línea", incluyendo el bloqueo de más de 200 dominios web, especialmente los informativos, entre julio de 2024 y enero de 2025, según datos aportados por la ONG VE sin Filtro.
Entre los sitios afectados figuran portales de noticias independientes, plataformas opositoras que publicaron resultados electorales alternativos y herramientas para evadir la censura. A mayo de 2025, 61 sitios de noticias y redes sociales como X (anteriormente Twitter), Signal, YouTube, TikTok y Telegram seguían inaccesibles.
"Estas restricciones contribuyeron a una puntuación de 1/6 en el indicador B1 de límites al contenido, el peor registro en esta categoría. En respuesta a las protestas masivas postelectorales, el gobierno lanzó la 'Operación Tun-Tun', una campaña de detenciones arbitrarias que utilizó redes sociales para difundir videos de arrestos y confesiones forzadas, con el objetivo de disuadir manifestaciones y expresiones en línea. Cuentas ligadas al alto funcionario Diosdado Cabello publicaron datos personales de críticos, exponiéndolos a represalias», resume el documento de Freedom House.
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Datos relevantes
El informe cita datos de la ONG Cazadores de Noticias Falsas, que describe las operaciones de manipulación en línea como las más intensas en años, con campañas coordinadas para desacreditar a la oposición y amplificar narrativas progubernamentales.
También que la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó en noviembre de 2024 la Ley Simón Bolívar, que impone multas elevadas a medios digitales por 'promover' sanciones internacionales, y en agosto de 2024 una norma que permite disolver ONG acusadas de fomentar 'discurso de odio' o 'fascismo' de manera vaga. Dado que muchos medios operan como ONG, estas leyes generan temor a castigos por mera cobertura periodística.
"Además, el gobierno impulsó la app estatal VenApp para denunciar protestas y disconformidades, pese a su retiro de las tiendas de Apple y Google. El APK siguió disponible, fomentando la vigilancia ciudadana", añade el trabajo.
Freedom House advierte que estos controles digitales, combinados con interrupciones localizadas en la conectividad durante discursos opositores, profundizan la brecha en el acceso (puntuación A3: 3/6) y fomentan la autocensura (B4: 1/4).
El informe, abreviado por limitaciones presupuestarias, urge donaciones para ediciones futuras y remite al reporte completo de 2024 para contexto adicional. Expertos internacionales, como la ONU y la CIDH, han condenado estas prácticas como violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
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