La defensa del mandatario venezolano Nicolás Maduro denunció ante un tribunal federal en Nueva York que el Gobierno de Estados Unidos bloqueó los mecanismos que permitían utilizar recursos del Estado venezolano para cubrir los honorarios de su equipo jurídico.

El abogado principal del dirigente, Barry Pollack, informó al juez Alvin Hellerstein que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia adscrita al Departamento del Tesoro, modificó una licencia previamente concedida que autorizaba la transferencia de fondos para costear la representación legal.

Según la defensa, el permiso había sido otorgado inicialmente a comienzos de enero, pero fue ajustado pocas horas después, dejando sin efecto la posibilidad de que el Gobierno venezolano financiara el proceso judicial. Para el equipo jurídico, esta decisión compromete el derecho del acusado a contar con una defensa adecuada dentro del sistema judicial estadounidense.

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Argumento constitucional

Pollack sostiene que la restricción afecta garantías fundamentales contempladas en la legislación de Estados Unidos, particularmente el derecho a una representación legal efectiva. La defensa evalúa solicitar formalmente que se restablezca la autorización original o que se habilite un mecanismo alternativo que permita cubrir los costos del proceso.

El caso se tramita en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro enfrenta cargos relacionados con delitos de narcotráfico y conspiración. En audiencias previas, el dirigente se declaró no culpable.

Contexto de sanciones

La decisión se produce en medio del régimen de sanciones que Washington mantiene contra Caracas desde hace varios años. Las medidas financieras impuestas por Estados Unidos limitan el uso de activos venezolanos bajo jurisdicción estadounidense, lo que ahora impacta directamente en la estrategia legal del mandatario.

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La defensa insiste en que la restricción no solo tiene implicaciones económicas, sino también procesales, al tratarse de un juicio de alta complejidad jurídica y con repercusiones internacionales.

Por ahora, el tribunal deberá evaluar los argumentos presentados y definir si interviene frente a la determinación adoptada por la autoridad financiera estadounidense.

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