El caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en las playas de Barú en mayo de 2022, volvió a los estrados judiciales. El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa interpuesta por sus familiares, quienes reclaman una indemnización superior a los 2.000 millones de pesos al considerar que tanto el Estado colombiano como la cadena hotelera Decameron incurrieron en omisiones que facilitaron el crimen.
La acción fue presentada por su esposa, su hijo, padres, hermanos y sobrinos, quienes argumentan que las autoridades colombianas no brindaron la protección debida pese al alto perfil del fiscal, reconocido en Paraguay por su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
De acuerdo con la demanda, la familia solicita que se declare responsable a la Nación —a través del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional—, así como a la empresa Hoteles Decameron Colombia S.A.S., por los perjuicios derivados del homicidio ocurrido el 10 de mayo de 2022, cuando el fiscal disfrutaba de su luna de miel.
“En esta acción se reclama la responsabilidad de la Nación, como sujeto de derecho público, que responde por sus órganos —en este caso, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional—, así como de Hoteles Decameron Colombia S.A.S., como sujeto de derecho privado. Dicha responsabilidad se solicita por los perjuicios ocasionados por el hecho dañino ocurrido el 10 de mayo de 2022: la muerte de Marcelo Daniel Pecci Albertini, atribuida a la inacción negligente de los sujetos de derecho público y privado", señala la demanda.
Familia Pecci reclama más de $2.000 millones por perjuicios
Según reveló el diario El Tiempo, los demandantes piden una compensación que supera los 2.000 millones de pesos por perjuicios morales, materiales, inmateriales y lucro cesante. En el escrito se argumenta que hubo una “inacción negligente” por parte de las autoridades encargadas de la seguridad en la zona y del hotel, lo que habría permitido la ejecución del crimen.
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Familia del fiscal Marcelo Pecci demanda al Estado colombiano.
“Se evidencia que solo desplegó sus fuerzas después de la comisión del delito. Esto significa que, (aunque según las pruebas recabadas en la investigación) el crimen comenzó a planearse desde el 2 de mayo, la Policía Nacional no tomó medidas preventivas en ningún momento. Esta omisión se agrava considerando la especial posición del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, quien, en su calidad de fiscal, mantenía una lucha constante contra el crimen organizado en la República de Paraguay, situándolo en una situación de riesgo permanente”, se lee en la demanda.
El documento también cuestiona la falta de protocolos de seguridad dentro del hotel, pues según los familiares no existieron medidas eficaces para controlar el acceso a las zonas donde se encontraba hospedado el fiscal y su esposa.
Argumento central: un “daño antijurídico”
Para la familia Pecci, el asesinato constituye un “daño antijurídico” que vulneró el derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. Los demandantes aseguran que tanto el Estado como el hotel fallaron en su deber de protección, lo que derivó en la pérdida del fiscal.
La millonaria demanda de la familia de Marcelo Pecci al Estado colombiano.
“El hecho dañino recayó en la muerte violenta del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, lo que ocasionó una lesión definitiva al bien jurídico protegido en el artículo 11 de la Constitución Política: la vida. El daño tiene carácter personal cuando se comete sobre una persona, ya que el perjuicio a las personas o a su patrimonio es lo que hace responsable al Estado, y la persona que reclama el daño es quien lo sufrió directamente. En este caso, los integrantes de la parte demandante que reclaman los perjuicios derivados del daño antijurídico ocasionado por la omisión de la administración pública son víctimas indirectas de la muerte del causante”, explican los accionantes.
Aunque han transcurrido más de dos años desde el atentado, la familia presentó la demanda dentro del término legal. El plazo de caducidad —dos años desde la fecha del hecho— se suspendió por la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 10 de mayo de 2024 ante la Procuraduría General de la Nación. Dicha conciliación no prosperó y la constancia de no acuerdo fue expedida el 18 de julio del mismo año.
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