El juicio a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015) abrió ayer la etapa de alegatos, en un caso que, de ser condenada, podría inhabilitarla.
La Fiscalía acusa a Kirchner de integrar “una asociación ilícita” para defraudar al Estado durante su gobierno, en presuntos delitos que comenzaron en la anterior presidencia de su difunto esposo Néstor Kirchner (2003-07), fallecido en 2010.
El Ministerio Público Fiscal “tiene por acreditado que existió entre 2003 y 2015 una asociación ilícita que tuvo en la cúspide de su funcionamiento a quienes fueron jefes de Estado”, dijo el fiscal Diego Luciani.
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Kirchner, quien también es presidenta del Senado, asistió a la audiencia este lunes en forma remota desde su despacho en el Congreso Nacional.
En este caso, uno de los más sonados en los últimos años de la vida política de Argentina y en el que hay otros 12 involucrados, se investiga si hubo un direccionamiento en la adjudicación de obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz, una política de los Kirchner, concedidas al empresario Lázaro Báez, y también si hubo sobreprecios.
El fiscal Luciani adelantó que a lo largo de las siguientes audiencias de alegatos se propone “probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos”.
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Acusación
Según el fiscal, “hubo un acuerdo para mantener una puesta en escena entre todos los involucrados” para la realización de las obras que, aseguró, generaron “inconmensurables pérdidas para el Estado” y “siguen sin terminarse”.
Sin embargo, una auditoría realizada a pedido de la justicia por Vialidad Nacional, una entidad adscrita al ministerio de Obras Públicas, determinó que los trabajos fueron finalizados.
La Unidad de Información Financiera (UIF) había considerado “irresponsable avanzar en una acusación” al desestimar los argumentos de la fiscalía sobre la existencia de los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita.
El fiscal manifestó su descontento con la decisión de UIF, a la que acusó de “tergiversar de manera grosera el sentido de la prueba”.
“Si la UIF fue querellante era esperable que si absolvía explicara por qué descartó la cantidad de prueba”, dijo.
El presidente argentino, Alberto Fernández, quien fuera jefe de gabinete en los gobiernos de los Kirchner, declaró personalmente en la causa en febrero pasado y respaldó a la vicepresidenta al afirmar que “no hubo nunca reparto arbitrario de fondos”.
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La Fiscalía expondrá los alegatos en nueve audiencias programadas para las próximas tres semanas y luego será el turno para que en el proceso intervenga la defensa.
El juicio se inició el 21 de mayo de 2019, contó con más de un centenar de testigos y debió ser suspendido temporalmente en 2020 por la pandemia de COVID-19.
Si llega a ser condenada, Kirchner quedará inhabilitada políticamente.
La vicepresidenta de 69 años fue sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales (2007-2015), pero aún enfrenta cinco procesos.
En octubre pasado se desestimó una causa en la que se acusaba a la exmandataria de encubrir a los responsables del atentado contra la mutual judía AMIA en Buenos Aires, ocurrido en 1994 y que dejó 85 muertos y 300 heridos.
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