Lo que comenzó como unas vacaciones soñadas terminó en un proceso judicial que hoy, siete años después, concluye con una condena millonaria. El Juzgado Quinto Civil de Panamá responsabilizó a la cadena Hoteles Decameron por los abusos sexuales cometidos en 2018 contra dos jóvenes turistas canadienses por parte de un agente de seguridad del complejo. La empresa deberá pagar más de 2,6 millones de dólares en concepto de indemnización.
El fallo emitido por la jueza Maritza Dixon de Coteau, determinó que la compañía incumplió su deber de garantizar la seguridad integral de las visitantes.
La sentencia, amparada en el artículo 1645 del Código Civil, señala que los dueños o administradores de establecimientos son responsables solidarios por los daños causados por sus empleados en el ejercicio de sus funciones.
Cómo ocurrió la agresión sexual a turistas en el Hotel Decameron
La tragedia se desencadenó la noche del 5 de marzo de 2018. Alyssa Jaime Wingrove y Carley Emma Gail Beers, que habían llegado a Panamá para disfrutar de las playas de Farallón, se dirigían a la discoteca del hotel después de compartir bebidas alcohólicas. Confundidas y vulnerables, pidieron ayuda a un guardia de seguridad identificado como Humberto Concepción, uniformado con el logotipo del hotel.
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En lugar de guiarlas hacia la discoteca, el vigilante las condujo a un sector oscuro y apartado, lejos del alcance de las cámaras de seguridad. Allí, según lo acreditaron los exámenes forenses y los testimonios de las víctimas, abusó sexualmente de ambas. Tras el ataque, las jóvenes lograron huir y regresar a su habitación, donde informaron lo sucedido a los padres de Alyssa, quienes de inmediato denunciaron el hecho ante las autoridades locales.
Las víctimas también señalaron a otro guardia, Jesús Bethancourt, como partícipe en la agresión, aunque posteriormente fue absuelto por falta de pruebas de ADN que lo vincularan directamente con los hechos.
Un proceso penal largo y doloroso: la violación a canadienses en Hotel Decameron de Panamá
Lo que siguió para Alyssa y Carley fue un camino judicial marcado por la lentitud y la revictimización. La investigación estuvo a cargo de los fiscales Jhoany De León y Leonidas Antonio Gómez, quienes recogieron testimonios y ordenaron los exámenes médicos y psicológicos que confirmaron la violación y sus secuelas emocionales.
El juicio penal contra Concepción y Bethancourt se celebró finalmente en agosto de 2022, tras múltiples dilaciones. Las pruebas fueron contundentes contra Concepción, quien recibió dos condenas de cinco años de prisión, una por cada víctima. Bethancourt, en cambio, fue absuelto.
El fallo civil reconoce que la agresión tuvo consecuencias devastadoras en la salud mental de las dos jóvenes. Alyssa Wingrove llegó a experimentar pensamientos suicidas, mientras que ambas fueron diagnosticadas con depresión, ataques de pánico y ansiedad persistente.
La sentencia también contempla los gastos médicos, psicológicos y de traslado en los que incurrieron las víctimas y sus familias. Por daño moral, cada una deberá recibir un millón de dólares, mientras que, por daño material, se fijaron sumas adicionales: 327,709 dólares para Alyssa y 316,609 dólares para Carley (más de mil millones de pesos colombianos).
La responsabilidad del Hotel Decameron
La jueza Dixon enfatizó que el hotel tenía el deber legal y moral de garantizar la seguridad de sus huéspedes, más aún en un contexto donde la confianza de los clientes descansa en el prestigio de la cadena. La decisión subraya que la agresión no fue un hecho aislado, sino un acto que evidenció la vulnerabilidad de los turistas frente a la negligencia en los protocolos de seguridad.
“El establecimiento debía procurar que sus huéspedes no sufrieran ningún tipo de daño, especialmente afectaciones emocionales”, señala la resolución judicial.
Con este fallo, el caso de Alyssa y Carley se convierte en un referente sobre la obligación de las cadenas hoteleras de garantizar entornos seguros.
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