Los paramilitares, las guerrillas, las bandas criminales, los parapolíticos, los funcionarios públicos y los miembros de la Fuerza Pública que han sido condenados por hechos relacionados con el conflicto armado, le deben al Estado más de 3,4 billones de pesos, una cifra que, aunque debería ser motivo de esperanza para las víctimas, parece imposible de cobrar.

Para el Fondo de Reparación a Víctimas, encargado de recibir estos dineros, ha sido casi que imposible acceder a estos montos porque, en la mayoría de los casos, los condenados se declaran en quiebra, traspasan los bienes a otras personas o hacen acuerdos de pago con cifras tan absurdas, que tardarían siglos en ponerse al día con las obligaciones impuestas por los jueces tras condenarlos. Según el Fondo, hasta el momento han sido emitidas más de 2.500 sentencias en las que los jueces de la República obligan a estos condenados a pagar unas cifras que, en algo, sirvan para reparar a las víctimas de su accionar delictivo.

La lista de los máximos deudores del Estado la encabezan los paramilitares, desmovilizados desde hace años, y algunos de ellos ya en libertad.

Según las cifras entregadas por el Fondo a La Opinión, los paramilitares que han sido condenados adeudan al Estado más de 1,8 billones de pesos, por 1.338 multas impuestas en su contra.

Sin embargo, de esta cifra, escandalosa por decir lo menos, los ‘paras’ solo han pagado 23.720 millones de pesos. Eso, en otros términos, es como si a una deuda de un millón 800 mil pesos, se abonaran dos mil 300 pesos. Nada.

De los paramilitares que delinquieron en Norte de Santander, llaman la atención las deudas de dos de los máximos comandantes que tuvo esa estructura criminal en la zona: Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano.

Mancuso, quien hoy permanece recluido en una cárcel de los Estados Unidos, luego de ser extraditado durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe, tiene una deuda de 340 millones de pesos. Sin embargo, es El Iguano el que más debe de todos los paramilitares que azotaron la región. Laverde, según el Fondo de Reparación a Víctimas, adeuda más de 2.200 millones de pesos.

Los ‘paras’, para pagar los 1,8 billones de pesos que deben al Estado, han entregado una serie de bienes y dinero en efectivo, entre los que se destacan 50 propiedades rurales y 7 urbanas, que suman un poco más de 24 mil millones de pesos.

Las siguientes en la lista de deudores, son las guerrillas, quienes suman más de 1,1 billones en deudas, de los cuales solo han pagado cuatro mil 219 millones, representados en 10 bienes rurales y 32 urbanos.

Las bandas criminales, específicamente el Clan del Golfo y Los Rastrojos, suman más de 388 mil millones de pesos en deudas al Estado, por 305 multas que les han sido impuestas en sentencias emitidas por jueces de la República.

Finalmente, está el grupo de los parapolíticos, funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública, quienes en conjunto adeudan más de 153 mil millones de pesos, siendo los primeros los que más deben con 109 mil millones.

Entre los parapolíticos condenados por el Estado por sus alianzas con paramilitares, que más deben, se destacan Óscar Suárez Mira, con 7.074 millones de pesos; el exgobernador de Santander, coronel (r) Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, con 6.337 millones (que espera pagar, tras un acuerdo con el Estado, en cuotas de 500 mil pesos mensuales, es decir, acabará con su obligación en 1.106 años); el excongresista Fuad Rapag Matar, con 6.637 millones de pesos y Mario Salomón Náder Muskus (condenado a 90 meses de prisión en 2012), con 3.600 millones de pesos, de los cuales solo ha abonado 102 mil pesos.

Además de estos, también aparecen los expresidentes del Senado Miguel Pinedo Vidal, con 6.233 millones de pesos y Javier Cáceres Leal, con 6.092 millones.

Los excongresistas chocoanos Odín Sánchez Montes de Oca, con 5.891 millones de pesos y Edgar Eulises Torres Murillo, con 5.891 millones, cierran el deshonroso listado.

Sobra decir que muchos de estos excongresistas, hoy en libertad, lograron mantenerse en el Senado y la Cámara de Representantes, a través de sus esposas o hijos, perpetuando así un legado de corrupción que, al menos en sus casos, pareciera no tener fin ni conocer la vergüenza.