La corrupción, un flagelo con tentáculos en las distintas instituciones del Estado, atrapó a siete uniformados del Ejército en Norte de Santander, responsables de los trámites administrativos para alimentar a una unidad militar, pero ellos terminarían siendo capturados por la justicia.

Se trata del teniente coronel Nelson Cuta Silva, los mayores Camilo Andrés Bonilla Bernal y Jefferson Alexander Silva Ruiz, el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez y los sargentos Jonathan Andrés Rojas Díaz, Leonardo Ciro López y Luis Edilson Torres Villa, quienes fueron judicializados.

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La Fiscalía General de la Nación informó que los uniformados, quienes cumplían labores administrativas en el Batallón de Infantería en Ocaña, son señalados de gestionar, tramitar y apropiarse de $201 millones destinados a la alimentación y bienestar de los soldados.

El ente investigador señaló que los elementos materiales probatorios indican que estarían implicados en cinco eventos en los que habrían generado y autorizado órdenes falsas de abastecimiento de ciertos productos, las cuales permitieron la asignación y ejecución de partidas presupuestales.

“Se articularon en el interior del batallón con un propósito doloso definido, el cual era el de crear falsas necesidades de víveres secos y frescos (frutas y verduras) ante la unidad centralizadora. Mediante esta maniobra, lograron inducir en el error a la administración, para que se les asignaran valores diarios de alimentación por soldado, que no correspondían con la realidad”, dijo el fiscal de la Unidad de Administración Pública, durante la imputación de cargos.

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El funcionario dijo que, para dar apariencia de legalidad a la entrega de la totalidad de las raciones, presuntamente usaron formatos con los nombres de uniformados que gozaban de permisos, vacaciones o turnos de descanso, o participaban en operaciones y estaban fuera de las instalaciones. 

Estos documentos fueron consignados en los sistemas misionales de la entidad sin firmas o constancia de recibido por parte de los comandantes de las patrullas o pelotones que debían certificar el suministro.

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El fiscal destacó que los hechos ocurrieron en agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2024 y enero de este año. “En ese recinto militar, los oficiales y suboficiales, abusando flagrantemente de sus funciones administrativas, mando y control,  se apropiaron irregularmente de recursos públicos pertenecientes al Ministerio de Defensa”, apuntó.

A los uniformados se les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, quienes los aceptaron. Sin embargo, una jueza penal de control de garantías les dictó a seis de ellos medida de aseguramiento en sus lugares de domicilio, mientras que el capitán continuará vinculado a la investigación.

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