Esta crónica se remonta a mediados del siglo XX, particularmente al año 1948, años después de que se nacionalizara la Empresa de Teléfonos de propiedad de la familia Polanco, y se creara la Empresa Departamental de Teléfonos, en 1926. En ella se pone de relieve lo que es una verdad conocida a gritos pero no reconocida a pesar de las evidencias: el Estado no es un buen administrador.

Lo que en esa época los medios denominaron en grandes titulares como, el “desastre de los teléfonos” o el “problema de los teléfonos”, se originó en una situación aparentemente sin mayor significación, pero que creó tal malestar en la ciudadanía que el problema, no sólo se extendió en el tiempo sino que generó tales consecuencias que hubo de tomarse medidas extremas para su solución. Todo empezó con una solicitud presentada a la empresa de teléfonos por el propietario del Almacén Ancla S.A. en la que pedía el retiro inmediato del aparato telefónico de las instalaciones de su comercio.

Era tan deficiente el servicio que la opinión generalizada de los usuarios era que el teléfono no servía ni siquiera como adorno en las oficinas y las casas particulares, sino de estorbo.

Al destaparse este problema y como era costumbre en esos tiempos, la culpa recaía en la política gobernante. La empresa de teléfonos, como se mencionó al comienzo de esta crónica fue “departamentalizada” en 1926 durante el gobierno conservador del presidente Abadía Méndez.

Con él terminó la llamada ‘hegemonía azul’ y con la elección del presidente Olaya Herrera comenzó la ‘República liberal’. Para la época de esta crónica se había ‘recuperado’ el poder por parte del conservatismo, y el “tira y afloje” que había despertado la prensa local sobre la culpabilidad de los malos manejos de la telefónica, que fueron los liberales o que fueron los conservadores, al fin no se supo lo sucedido pero sí se conoció cómo había sido el tránsito por el cual transcurrió el manejo de la telefónica una vez pasó a manos del gobierno departamental.

La verdad es que cuando se produjo la compra, la Asamblea Departamental expidió la consabida Ordenanza 56, pensando en la oportunidad que se presentaba más en el manejo de un negocio que prometía buenos ingresos al erario departamental que en organizar y desarrollar una actividad productiva. 

De la empresa privada que era no se convirtió en otra pública sino que pasó a ser una dependencia de la gerencia de rentas, que a su vez dependía de la Secretaría de Hacienda del departamento. Para entonces, el sectarismo político se apoderó de la actividad, más que de la empresa, haciendo de ella un fortín político en el que imperaba la distribución de los puestos de trabajo, según las recomendaciones de los políticos de turno, en labores eminentemente técnicas asignadas a personal sin experiencia ni conocimientos y menos con deseos de trabajar o de colaborar con el progreso que merecía se reconociera.

A comienzos del año 48, cuando los problemas se hicieron evidentes, don Julio Reyes, que era el gerente de la telefónica sorprendió a un grupo numeroso de telefonistas, alejadas de sus puestos de trabajo, y según sus propias palabras: “echando la buenaventura y a dos de ellas, abrazándose y besándose, desgreñadas y sudorosas en la mesa de las operadoras”.

De inmediato, salió hecho una furia y redactó la siguiente resolución: “… considerando los anteriores antecedentes, ya conocidos, Resuelve: Sancionar con una multa de 20 centavos a cada una de las señoritas Fulana, Zutana, Merengana, etc., por las graves faltas en que fueron sorprendidas in fraganti, en la mañana de hoy, en el mismo recinto donde trabajan  en horas de labor. Parágrafo: si estas niñas reinciden en la falta que se les ha sancionado por esta resolución, la multa será elevada, por la primera vez a 25 centavos y por la segunda vez a 30 centavos, y si insisten todavía, serán suspendidas de sus cargos por 12 horas, aunque ganando el sueldo, como una sanción moral”. A pesar de esta advertencia las cosas no cambiaron y según se decía “que a nada le temían por ser recomendadas por una u otra causa por personajes de la política local”. 

Después de este revuelo, la Asamblea Departamental decidió modificar la estructura de la telefónica y a mediados del año 48, la retiró de la flamante gerencia de Rentas Departamentales y designar una Junta Administradora integrada por personajes del empresariado local, la mayoría, directivos de la Cámara de Comercio, encabezados por Víctor Pérez Peñaranda y don Domingo Pérez Hernández.

Lo primero que hizo esta Junta, fue retirar del cargo de técnico al único personaje con experiencia en el manejo de la, entonces, incipiente red telefónica, don Eduardo Valdés, con el argumento que era egoísta y no aceptaba la subordinación a nadie, sin embargo, lo mantuvieron en su cargo mientras se nombraba nuevo gerente. También retiraron a don Julio Reyes y nombraron, con facultades omnímodas, a don Miguelito Castro para que organizara, a su leal saber y entender todo lo que dependiera de él, a excepción de Valdés, que quedaba sometido a prueba, antes de liquidarle sus prestaciones sociales “si es que hay que dárselas”, según lo expresaron en la Junta.

El hecho es que a partir del 9 de abril de ese año, cuando se desató la violencia por la muerte del caudillo Jorge Eliecer Gaitán, los principales departamentos del país fueron sometidos a la intervención del gobierno central, clausuradas las principales instituciones democráticas, sometidos a la censura y nombradas autoridades militares que a partir de su nombramiento ejercían jurisdicción y mando en sus territorios, así pues, al Norte de Santander llegó como gobernador militar, el general Matamoros, a quien le correspondió analizar y darle solución al problema.

Al parecer la conclusión fue que la famosa Junta Administradora, no dio el resultado esperado, pues sus integrantes estaban más interesados en sus negocios particulares, así que se decidió disolverla y reasignarla, ahora a la Secretaría de Gobierno, que dicho sea de paso estaba en manos de un militar. Así duró hasta 1954, cuando el gobernador Rivera Laguado que anteriormente la reestructuró como una empresa del estado con autonomía, denominada Empresa de Teléfonos del Norte de Santander S.A. le construyó una sede frente a la Gobernación, por la avenida quinta y finalmente vendida a TELECOM en 1971.

Redacción: Gerardo Raynaud D.
gerard.raynaud@gmail.com

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