Habían transcurrido sólo dos años del segundo mandato del Frente Nacional y las consecuencias para la ciudad y la región no se hicieron esperar. No eran extrañas las circunstancias que padecía la ciudad y la región, de por sí acostumbrada a lidiar con las recurrentes crisis que se presentaban desde la época misma de su reconstrucción ocurrida 85 años atrás.
En crónicas anteriores se pueden leer los escritos sobre las situaciones críticas ocurridas desde esa época, sólo que en esta ocasión se comienza a padecer una de origen endógeno, para utilizar los conceptos de la moderna economía. En los documentos recopilados en la Cámara de Comercio de Cúcuta podemos conocer de buena fuente lo ocurrido y en los cuales apoyamos esta narración.
A comienzos del decenio del título, se dieron las primeras alertas que presagiaban las dificultades económicas que se esperaban se presentaran en vista de la paulatina contracción comercial que venía presentándose desde que se inició la década y por esta razón, los principales gremios empresariales y económicos emprendieron las acciones tendientes a contrarrestar y en lo posible, a remediar la depresiva situación.
Aunque con algunas diferencias de criterio con el análisis enviado al presidente Misael Pastrana sobre las causas determinantes del ambiente deprimente, se le informó que el origen, muy probablemente se originaban en el descenso de la producción cafetera del país, en buena parte por factores climáticos lo que conllevó a una moratoria en los pagos de los cultivadores a los principales financiadores de la cosechas, en particular con el Banco Cafetero y la Caja Agraria.
Las principales estadísticas señalaban una de disminución de la producción cafetera, de cien mil sacos, con relación a los cinco años anteriores. Esta situación, sumada a otras intervenciones oficiales trajo como consecuencia la cancelación del Puerto Terrestre de Cúcuta como centro exportador de café, después de más de 80 años.
Pero esta situación no lo era todo según la evaluación hecha por la Cámara local de Comercio. Entre otros factores que fueron expuestos en su extensa misiva al presidente se añaden los siguientes: a) la suspensión y anulación del comercio importador y mayorista, y un desplazamiento hacia actividades de menor escala, tipificadas en la simple distribución de las manufacturas colombianas dentro de un sistema de agencias intermediarias entre la industria nacional y los consumos estrictamente domésticos, modalidad que deja escasos beneficios para la economía regional por cuanto los porcentajes o comisiones de venta que las propias empresas del país señalaban de modo unilateral, son absorbidos por el alto costo de los gastos generales de la actividad; b) el encarecimiento de la actividad exportadora y las drásticas medidas restrictivas impuestas para su ejercicio, como fueron la supresión de una enorme cantidad de artículos en la lista de permitida importación, y el pago de crecidos impuestos de timbre sobre los giros y los servicios consulares; c) la importación casi total de los bienes de consumo para los abastecimientos regionales que antes se suplían con la propia producción interna, como es por ejemplo, las compras de ganado en los mercados de la costa Atlántica para el abastecimiento de los consumos en el departamento, las compras de cemento, azúcar, panela, papa, cereales y harina y muchos otros artículos que anteriormente se producían en el Norte de Santander, en escala que permitía su propio abastecimiento y la exportación de sus remanentes a otras plazas del país o del exterior.
De lo anterior se deduce la inexistencia de vida propia en el campo económico. Continúa el memorial enviado por la Cámara de Comercio, que con respecto a las anteriores consideraciones que incidían desfavorablemente en el desarrollo del Departamento, sugerían al Ministerio de Fomento, tomar apropiadas medidas tales como las siguientes: Procurar una mayor amplitud en el otorgamiento de créditos, en condiciones que permitieran restablecer la actividad importadora y el comercio mayorista en la ciudad; Suprimir las trabas y dificultades aduaneras que entorpecían y anulaban la actividad mercantil entre Cúcuta y los demás municipios del Departamento; Y otras, entre las que se cuentan, desarrollo de vías de comunicación, préstamos de emergencia para refinanciar la ganadería, ejecución del proyecto de irrigación de los valles del río Zulia, el suministro de fluido eléctrico de bajo costo desde la central térmica de Tibú y el fomento al desarrollo urbanístico de Cúcuta.
A finales de ese año de 1960, fue nombrado Ministro de Fomento el doctor Rafael Unda Ferrero, oriundo de esta región, y de inmediato se planteó un proceso de recuperación económica, solicitando nuevos planteamientos, entre estos, la eliminación del veto establecido en el decreto1228 de 1959 en el que se prohibía la exportación de café por el Puerto Terrestre de Cúcuta, lo que finalmente no se dio, pero sí algunas otras peticiones que lograron tener buen recibo en el Gobierno nacional, como el desarrollo de las gestiones diplomáticas encaminadas a obtener la supresión de algunos de los gravosos impuestos diferenciales con los cuales el arancel aduanero restringía el movimiento de mercancías en tránsito que con destino a Cúcuta se importaban por el puerto de Maracaibo, lo que sí ocurrió; también la autorización a los bancos comerciales para otorgar préstamos de mediano plazo y bajo interés, con redescuento en el Banco de la República.
Otras recomendaciones que se hicieron, algunas de las cuales fueron aceptadas y ejecutadas fueron: desarrollar un programa de inversión en el sector agropecuario a través del acondicionamiento de irrigaciones técnicas en los valles de los ríos Zulia, Pamplonita y Táchira.
Hoy conocemos su resultado. También se recomendó el establecimiento de una Zona Franca en la ciudad, la que después de la presentación de un estudio de factibilidad adverso, presentado por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Colombia, fue autorizada, con el resultado que hoy conocemos. Por último, se recomendó la necesidad de negociar un estatuto fronterizo que regulara y controlara el comercio entre los dos países y que se protocolizara a título de Modus Vivendi, el desarrollo de las actividades que se venían realizando con anterioridad, tal como fue establecido en el “Acuerdo Colombo-Venezolano de reafirmación de amistad” del 6 de noviembre de 1959, llamado “Tratado de Tonchalá”, que al día de hoy, nadie da razón.
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