A raíz de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, millones de personas llegaron a Colombia para buscar mejores oportunidades, y desde hace tres años esta población ha sido partícipe del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, el cual tiene la intención de facilitar a los migrantes el acceso a derechos fundamentales como la salud.
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A partir del informe desarrollado por el Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana (OM3) de Migración Colombia, el país ha buscado tener una mejor comprensión de la situación de salud de los migrantes en el territorio, por lo que implementaron una encuesta de caracterización socioeconómica a los migrantes que se acogieron al ETPV.
Entre mayo de 2021 y enero de este año, 2’395.918 de personas, de las cuales 264.681 están en Norte de Santander, respondieron preguntas relacionadas con dificultades para realizar actividades cotidianas, enfermedades crónicas diagnosticadas previamente, necesidad de tratamientos permanentes y tipo de tratamiento requerido, enfermedades infecciosas, diagnóstico previo de Covid-19, embarazo y lactancia.
Sin embargo, para la investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, estos esfuerzos no han sido suficientes para atender a estas personas, toda vez que considera que la regularización no ha venido de la mano con la integración de los venezolanos al mercado laboral.
“En la medida en que la población tenga no solo un documento sino las mismas oportunidades que cualquier colombiano para acceder al mercado de trabajo formal, en esa medida esta población se va a convertir en contribuyente en el sistema de salud. La facilidad que se le dé a los migrantes para incorporarlos en el sistema productivo, va a contribuir a que ellos aporten al sistema de salud y no se conviertan en una carga para el Estado”, puntualiza.
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Hay que recordar que a pesar de que la migración venezolana se disparó el año pasado, en Colombia hubo una disminución, pues de acuerdo con el OM3, 51.090 venezolanos abandonaron el país. De hecho, en Norte de Santander a diciembre de 2023 había 337.937 migrantes y ahora son 335.015 o incluso menos. Esta realidad para algunos expertos está relacionada con la regularización migratoria, la falta de acceso a servicios básicos y la estabilidad en el territorio.
En ese sentido, Bolívar enfatiza que parte de los problemas económicos para cubrir los millonarios gastos que implica garantizar el derecho a la salud de esta población provienen de lo que denominó una minimización del fenómeno migratorio.
“Si Colombia visibilizara y reconociera que existe una población migrante con vocación de permanencia se incluiría en los planes del país y se haría más énfasis en el apoyo de la cooperación internacional, pero lamentablemente en los últimos años se ha invisibilizado a la población migrante y eso incide en la capacidad de planificar adecuadamente para responder a las necesidades con presupuesto propio o proveniente de la cooperación internacional”, señala.
Sobre esto, hay que mencionar que actualmente el Gobierno Nacional tiene una deuda con el Hospital Universitario Erasmo Meoz de casi 115.000 millones de pesos por concepto de atención a esta población, lo cual ha contribuido en los problemas financieros que viene manifestando el actual gerente, Hernando Mora.
Salud reproductiva y materna
Retomando el informe, 1’244.266 migrantes se identifican con el género femenino, lo que representa el 51,93 % del total. A su vez, 1’151.444 se sienten cómodos con el género masculino, lo que es el 48,06 % de la población.
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Entre los datos revelados, uno de los que más destaca es el de las mujeres venezolanas embarazadas, quienes eran 32.410 en su momento. De ellas, una preocupante cifra de 3.364 son niñas y adolescentes entre los 8 y 17 años.
“Cuando la mujer está embarazada lleva consigo una fuerte carga psicológica porque es un periodo que va a estar marcado por diferentes sentimientos como alegría, miedo, ilusión y preocupación. Sin embargo, cuando son migrantes se añaden capas adicionales de dificultad, ya que las barreras culturales y la falta de afectos primarios como la familia y amigos las llegan afectar aún más”, afirma la psicóloga Lorena Castellanos.
En cuanto al acceso a la atención prenatal, que es fundamental para garantizar el bienestar de la madre y el desarrollo saludable del feto, solo el 66,71% de las mujeres gestantes están asistiendo a controles prenatales, lo que significa que 10.431 mujeres no reciben la atención necesaria. Entre ellas, 1.291 niñas y adolescentes.
De acuerdo con Castellanos, la desinformación y el miedo a la deportación logra disuadir a algunas mujeres de acudir a las citas médicas, lo que pone en riesgo su salud y la de sus bebés.
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“Se debe fortalecer aquellos programas de atención prenatal integral que contemplan chequeos regulares, suplementación nutricional, y educación prenatal, con enfoque en poblaciones migrantes”, sugiere el informe.
Y agrega que es crucial fortalecer los programas de apoyo a la lactancia materna, así como incentivar su aprovechamiento, ya que “de acuerdo con la Resolución 3280 de 2018, estas acciones educativas se entregan desde el mismo control prenatal y durante el curso de maternidad y paternidad responsable, así como en las recomendaciones de cuidado postparto, como parte de la ruta integral de atención materno perinatal”.
Acceso a tratamientos de enfermedades crónicas
Las enfermedades crónicas representan otro gran desafío para la población migrante venezolana.
La hipertensión es la enfermedad crónica más prevalente, afectando al 3,47% de los encuestados, lo que equivale a 83.270 personas. De estos pacientes, el 73,30% son mujeres.
Otras dolencias comunes son: colesterol elevado (1,45 %), enfermedades pulmonares (1,19 %), enfermedades cardiovasculares (1,11 %) y diabetes (0,96 %).
Asimismo, 128.060 personas afirmaron requerir tratamientos permanentes, de los cuales, 46.662 asegura contar con acceso y con la frecuencia requerida al mismo.
La mayoría de ellos (100.362 personas) señalaron la toma de medicamentos como su principal requerimiento.
Por tanto, el informe del Observatorio de Migraciones, Migrantes y Movilidad Humana de Migración Colombia subraya la necesidad de mantener las políticas de salud pública que aseguren la continuidad y regularidad en la atención y tratamiento de estas condiciones.
“La regularización de la situación migratoria de la población venezolana es fundamental, ya que el tratamiento de enfermedades crónicas requiere seguimiento a largo plazo”, indica el documento.
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