En 2015, Yahir Tapia Valdez, nacido en Chocó y criado en Sincelejo (Sucre), tomó la decisión de irse a Venezuela en búsqueda de un mejor futuro. El destino fue Caracas. Un año después los sueños se habían derrumbado por la crisis del vecino país.
Él, sin dinero, decide presentarse en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), con la esperanza de ser deportado a Colombia, pues no tenía ni para el pasaje.
“En el Saime me dijeron que tenía que esperar, me bajaron al sótano y luego con otros colombianos nos trasladaron al Táchira. Como no teníamos pasaporte provisional nos regresaron a Caracas, a la semana llegó el documento y eso coincidió con el supuesto plan terrorista que en agosto de 2016, dijo el dictador Nicolás Maduro que se estaba organizando en contra de su gobierno. Fui detenido, caí injustamente en ese grupo de 59 colombianos”.
El desespero se apoderó de Tapia y la sensación de miedo e impotencia eran evidentes. “Llegó un grupo de guardias encapuchados, con ametralladoras, vimos que no era normal y nos sacan por una puerta trasera”.
Los colombianos acusados de ‘mercenarios y paramilitares’ por parte del gobierno de Nicolás Maduro, permanecieron privados de la libertad durante tres años en el centro reclusorio La Escuvial, en La Yaguara (Caracas, Venezuela).
A unos los detuvieron en las casas y a otros de regreso del trabajo, como fue el caso de Germán Espitia, colombiano natural de María La Baja (Bolívar). Él, para la época de la detención tenía 15 años viviendo en Venezuela.
“Me detuvo la Policía Nacional Bolivariana. Me pidieron la documentación venezolana, les dije que tenía residencia y me llevaron a una inspección de rutina que duraría media hora, pero se convirtió en 34 meses de duro cautiverio”.
A medida que fueron pasando los días se fueron conociendo los 59 colombianos, recordando sus historias de niños en la Costa colombiana. La mayoría son de este territorio.
Sin saber cuándo quedarían en libertad, lejos de sus parientes y extrañando a sus hijos, vivieron en un galpón que fue acondicionado para ellos.
“Hay que ser claros, permanecimos en un injusto secuestro, nosotros no estábamos presos, fuimos secuestrados por Maduro. Nunca nos comprobaron un delito”, dijo Espitia.
Él, ojeroso y con sentimientos encontrados, contó que la alimentación que les daban era pésima. “Nos llegaron a dar comida podrida, con vidrios y clavos. La mayoría de los que regresamos a Colombia estamos enfermos, con problemas de tensión, ulceras”.
(Yahir Tapia Valdez, Iván Antonio Galán Ramos y German Espitia, tres de los 59 colombianos deportados luego de tres años privados de la libertad. | Foto. César Obando)
La anhelada libertad
Días previos a la deportación a Colombia, luego de tres años en los que no pudieron defenderse, se rumoró que podrían quedar en libertad con la visita a Venezuela de la alta consejera de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
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“El 27 de junio teníamos audiencia y no nos subieron al tribunal y nos dejaron recluidos. El 28 nos llegó un mensaje de nuestro representante de la oenegé Foro Penal, quien nos confirmó que habían dado la orden de deportarnos a Colombia”.
Esa tarde, en medio de la incertidumbre y temerosos, llegó “el comisionado de liberación Manuel Briceño, quien era como el jefe de nuestros carceleros y nos dijo que la deportación sería el sábado (29 de junio)”.
El anhelado día comenzó con el traslado de los 59 colombianos al aeropuerto de Maiquetía en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana, con destino al aeropuerto de Santo Domingo en el Estado Táchira. De ahí los trasladaron en buses a San Antonio y tras cruzar el puente internacional Simón Bolívar, fueron entregados a las autoridades colombianas.
Incertidumbre
Al ser recibidos en el país por unidades de Migración Colombia, se verificó la identidad, documentación y se concluyó que ninguno de los 59 deportados tenía antecedentes ni cuentas pendientes con la justicia.
Posterior a ello quedaron a disposición de la Cancillería, que los trasladó al Centro de Atención Integral para el Migrante en Cúcuta, ubicado en el barrio Pescadero.
Allí, permanecen mientras regresan a sus ciudades de origen y viven un drama porque “lo perdimos todo. Nos sentimos a la deriva, el gobierno colombiano nos está dando una bofetada, pensamos que nos iban a recibir de otra manera, tenemos familias, hijos, nos quieren regresar a la costa con $20.000 de viáticos”, dijo Iván Antonio Galán Ramos, de 43 años y natural de Cartagena, donde tiene seis hijos.
Al reclamo de Galán se unieron las voces de Tapia y Espitia. El primero tiene tres hijos en Colombia y dos en Venezuela. El segundo dejó a su esposa y a sus dos hijos en Venezuela.
Ellos piden que los apoyen para la reunificación familiar y, además, que el Gobierno Nacional los incluya en programas para retomar su vida en Colombia.
“La mayoría pasamos de 30 años y otros tienen más de 40. Después de estar tanto tiempo por fuera quien nos va a dar una carta laboral o un empleo digno. Hay compañeros que no tienen a donde llegar, no queremos vivir debajo de un puente, necesitamos con urgencia que el gobierno de Iván Duque nos dé la mano, fuimos privados de la libertad injustamente y cuando uno no es delincuente esto lo marca para toda la vida”.
(En el Centro de Atención para el Migrante de Cúcuta les ofrecen hospedaje y alimentación.)
Revisión médica
En la mañana de ayer los 59 colombianos deportados fueron trasladados desde el Centro de Atención para el Migrante de Cúcuta a la Unidad Básica de Puente Barco, donde se les hicieron valoraciones médicas.
La dirección de Asuntos Migratorios y Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores gestionó la atención médica.
La Cancillería informó que “una vez se les traslade a sus ciudades de origen, continuará la orientación y apoyo a través de los Centros de Referenciación y Oportunidad para el Retorno del programa Colombia Nos Une, en los que se les brindará asesoría en su proceso de estabilización”.
De acuerdo con la información del Ministerio de Relaciones Exteriores “serán priorizados en la inscripción en el Registro Único de Retornados, de manera que puedan beneficiarse de proyectos de recuperación temprana o medios de vida, con el objetivo de que logren un estado óptimo de subsistencia”.
De igual forma se conoció que al ser ciudadanos que retornan a su país de origen, “se les facilitarán los medios para que accedan a la oferta de las entidades públicas colombianas, a la afiliación al régimen subsidiado de salud a través del listado Cenagal, así como a ofertas de empleo y emprendimiento por medio del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).
