Según el ministerio de Trabajo (Mintrabajo), para diciembre del año pasado, dos millones ochocientos mil venezolanos residían en el país y se enfrentaban a los diferentes desafíos de inserción del mercado laboral que hoy en día aún persisten. Así, casi dos millones trabajaban con normalidad en toda Colombia por portar el Permiso por Protección Temporal (PPT).

Desde 2017, cuando la diáspora venezolana tuvo su momento más álgido por la crisis interna en el vecino país, el Gobierno colombiano se dispuso a implementar estrategias como el Estatuto Temporal de Protección y el CONPES4100. Estos mecanismos se diseñaron para facilitar la inserción de la población migrante en el mercado laboral y así garantizar sus derechos en el país.

Según un estudio hecho en 2024 por Mintrabajo y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para analizar cómo avanza la inserción laboral de esta población y las brechas que existen en torno al tema, cerca del 73% de los migrantes venezolanos en Colombia formaban parte del grupo poblacional que estaba en busca de un empleo. De este grupo el 66,4% logró hacerse a un trabajo formal.

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Ahora, el sector público presentó una baja estadística en la contratación de extranjeros, ya que el informe reveló que en 2024, solo el 0,1% de los estaban empleados eran migrantes en el sector gubernamental, esto se traduce en 1.900 puestos de trabajo de casi dos millones participando en temas estatales.

Aunque la participación de la población migrante en búsqueda de trabajo fue elevada, se confirmó por medio de esta investigación que el desempleo llegó alcanzar un 10,1% y  aunque comparándolo con 2023 tuvo una reducción, seguía reflejando las dificultades que presentaban los extranjeros para obtener empleos estables y formales.

Informalidad, subempleo y salud

La resistencia de algunas empresas locales a la contratación de mano de obra extranjera persiste, y esto surge a raíz de la falta de reconocimiento de títulos académicos, carencia de certificación de competencias, la falta de información sobre regulación de esta población, estigmatización y la competencia del mercado laboral local son algunas de las  barreras recurrentes para el acceso a empleos de calidad para los migrantes.

El informe confirmó que uno de los retos a los que se enfrentan estas personas es la informalidad, y es que del 73% que estaba laborando (1.478.589) un total de 983.875 lo hacían en trabajos informales. En el documento se establece una comparación con la cifra de colombianos en la informalidad (54,9%) y se evidencia la diferencia entre ambas poblaciones.

Esto no solo implica la inestabilidad laboral de los migrantes venezolanos, sino también la reducción en la calidad de vida de ellos y sus familias. Además, que se traduce en falta de  acceso a algunos beneficios como pensiones, seguridad social y estabilidad contractual. Muchas de estas personas optan por aceptar condiciones laborales que no son acordes con lo establecido en la ley, pues son ejercen en condiciones precarias y con salarios por debajo del tope normal, según el informe de Mintrabajo.

Además, quienes se encuentran en esta misma situación de informalidad, están en la búsqueda de mejores empleos, y a esto se le conoce como subempleo y que, para la población venezolana se refleja en un 28,1%. Por otra parte, el 10,8% de los migrantes que tenían empleo, se daban a la tarea de buscar más horas para laborar y así completar sus beneficios salariales.

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El documento de Mintrabajo y OIM indica que el empleo doméstico tomó fuerza entre los trabajadores venezolanos, pues la aplicación y práctica de este trabajo aumentó considerablemente entre el 2023 y el 2024. La cifra de migrantes en labores domésticas el año pasado fue de 3,7%, sobrepasando así el 3% que tenía la población colombiana.

Trabajos independientes

El 39,9% de los trabajadores venezolanos se desempeñaban de forma independiente en el 2024, comparando esta cifra con la presentada en 2023 hubo un descenso y se ubicó en 42,1%. Lo anterior, refleja en cierta parte la búsqueda de algunas alternativas laborales fuera del mercado formal.

Según el estudio, el acceso a la salud es igual de complicado que conseguir trabajo, y es que solo el 63% del 1.400.000 de venezolanos con empleo en el 2024 estaban afiliados al sistema de salud. En paralelo, solo el 22% de esta población cotizaban como empleados formales, cifra que contrasta con el 94,5% de los colombianos cotizantes.

 La exposición a riesgos laborales era además alta, pues de la totalidad de quienes tenían un empleo estable, solo el 21,4% contaba con afiliación a riesgos laborales.

Además, al sistema de pensiones únicamente el 20% de estas personas cotizaba.

Los contratos y la brecha salarial

La investigación enfatiza que solo 393.300 venezolanos con empleo tenían un contrato escrito, que les permitía acceder a servicios de salud, pensión, ARL.  En contraposición a lo anterior, los sectores económicos donde se contrata de forma verbal y tienen mayor ocupación los venezolanos son el comercial, reparación de vehículos, alojamiento y servicios de comida e industrias manufactureras.

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El salario promedio de un venezolano en Colombia para 2024 fue de $1.302.423, que comparándolo con el sueldo de los locales era un 24% menos, esto no solo afectaba el poder adquisitivo, sino también lo ya mencionado como salud y pensión, además de reflejar la desigualdad en la competitividad.

Unido a lo anterior, el porcentaje de población venezolana con edad para trabajar y que se encontraba estudiando, subió de 5,6% en 2023 a 7,1% el año pasado. Esto podría ser un indicador de que a futuro, la integración en el mercado laboral se vea beneficiada con mejores oportunidades para los migrantes. 

Aunque las condiciones de trabajo para estas personas han mejorado, los desafíos para quienes son migrantes siguen existiendo, no solo en Colombia sino alrededor del mundo. La formalización, el acceso a derechos laborales y otros factores permean la situación de miles de migrantes que salen de sus países en busca de mejores oportunidades de vida.

Testimonios

“No soy yo solo, hay varios que vienen de la misma zona de donde yo vengo, allá laborábamos en el campo, pero por motivos de fuerza mayor tuvimos que salir”, es el testimonio de Darío Balbuena, de 60 años, oriundo del estado Zulia en Venezuela, quien engrosa la estadística de migrantes desempleados.

Laboratorista, diseñador de mezcla asfáltica y checador de cemento Poclain, son solo algunas de las destrezas que posee este venezolano, a quien la necesidad lo hizo huir del lugar donde vivía. En Cúcuta espera poder encontrar empleo, ya sea en su campo de acción o “cualquier labor disponible para poder sobrevivir”.

A pesar de vivir en Villa del Rosario, dice que hace el esfuerzo para “poder superar la situación de a poco”.

Angelina David, de 45 años, abogada de profesión y madre de un bebé con síndrome de Down, lleva ya 10 años en la capital fronteriza, en donde se ha desempeñado en diferentes oficios, entre ellos labores domésticas. A pesar de sus estudios, no ha podido hacer valer sus conocimientos, lo que le ha impedido tener un estilo de vida más cómodo.

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Hace énfasis en que quiere tener un trabajo cómodo en donde “tenga disponibilidad de estar con mi hija, porque no la puedo dejar así”. Comentó también que al enterarse de la iniciativa del Centro Intégrate en Cúcuta, hace alrededor de un mes, inició el proceso de papeleo.

Como estas personas, hay cientos más, que día a día acuden a entes como el Centro Intégrate o las diferentes Agencia Pública de Empleo (APE), para intentar mejorar su situación económica por medio de un empleo. Para algunos la dificultad para validar sus conocimientos es una barrera complicada en la consecución de sus oportunidades.

Virgilio Torres, coordinador del Centro Intégrate, habla de los procesos que se llevan a cabo en las instalaciones, pues no solo se les brinda ayuda en la búsqueda de empleo a estas personas, sino también asesoría jurídica y apoyo psicológico, los cuales reciben sin ningún costo.

Alrededor de 60 personas diarias acuden a este lugar, no solo migrantes, sino también refugiados, colombianos retornados, población de acogida y ahora tras la crisis de Catatumbo también a desplazados.

Además, habla de la gama de oportunidades para quienes estén en situación de desempleo, en especial los migrantes, pues la iniciativa Intégrate se ubica no solo en Cúcuta sino también Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Santa Marta y Riohacha. Así, se busca “poder brindar apoyo a quienes han tenido que dejar atrás sus vidas para empezar de nuevo”.

Redacción: Gabriel Barrera / practicante de periodismo.

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