Aunque oficialmente la reforma laboral no está sepultada en el Senado y la ponencia que pide el archivo de la misma apenas se va a discutir la próxima semana en la Comisión Séptima, el presidente Gustavo Petro se anticipó al desenlace que tendrá uno de sus proyectos bandera y el martes en la noche anunció que convocará una consulta popular para que sea el pueblo el que decida el futuro de esta y otras iniciativas que están en apuros en el Congreso.

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Minutos antes de comunicar la estrategia a la que apelará, el mandatario advirtió que si se hundían las reformas que necesitan los trabajadores y, en general, los colombianos, habría una ruptura entre el Legislativo y el Gobierno, pues calificó lo sucedido como un “bloqueo institucional” y una “dictadura contra el voto popular”, ante lo cual no había más que “responder con democracia real”.

“Creemos que es al pueblo que le toca decidir. Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional al que invitábamos al gran empresariado y a la oposición, ha fracasado. Se burlaron de eso. Creyeron que acuerdo nacional era que el Gobierno se arrodillara e incumpliera su programa de Gobierno, y eso sí sería absolutamente antidemocrático. Así que el Gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud”, dijo el jefe de Estado en alocución.

El pulso que quedó servido entre el Gobierno y el Congreso se da en momentos en que la campaña para las elecciones del 2026 comienza a tomar fuerza y en medio de un escenario en el que tanto Gustavo Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, han dejado muy claro que el petrismo buscará la continuidad del proyecto político que abanderan.

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De ahí que la convocatoria a la consulta popular que está haciendo el mandatario comienza a interpretarse como una especie de antesala a lo que se vivirá en el país el próximo año, cuando Gobierno y oposición medirán fuerzas para ver quién continúa manejando las riendas del país en el siguiente cuatrienio.

Y es que, al movilizar a la ciudadanía en torno a las reformas, el presidente buscará, además,  consolidar su base de apoyo y posicionar al sector progresista de cara a las próximas elecciones. Esta estrategia podría servir para medir el respaldo popular a su gobierno y a las políticas que ha promovido, pero también es cierto que la oposición podría dejarlo débil frente a la competencia que se avecina.

Al respecto Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario y director del grupo de Estudios de la Democracia, de la misma institución, señaló que si bien este mecanismo de participación es mucho más válido que la constituyente en la que tanto insistía Petro hace unos meses, sin duda, este no es el mejor momento para acudir a dicha figura constitucional.

“De cierto modo, sí podría terminar en un pulso que tendría efectos directos sobre las reformas y la posibilidad para el gobierno de dejar un legado, que por el momento es esquivo”, consideró Basset.

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Para el analista, de concretarse la convocatoria, efectivamente su realización tendrá un efecto directo sobre las elecciones del 2026, dado el poco tiempo que hay entre la consulta y los comicios presidenciales.

“Si el Gobierno logra su cometido de pasar esta consulta, lo que de todos modos es muy complicado, esto lo deja en mejor posición para enfrentar las elecciones del próximo año. Pero si pierde, sería muy difícil para el Gobierno ser competitivo en 2026”, dijo el profesor.

El propio jefe de la cartera política, Armando Benedetti, reconoció que se adelantó la campaña presidencial y que la oposición les dio “la papayita”.

“En el 2026 el pueblo decidirá si está con el trabajador. Pero ellos querrán seguir dando papaya porque entonces, será en el 2026, en marzo del 2026, que el pueblo diga quiénes están con los trabajadores y quiénes no; quiénes quieren que les reconozcan realmente el trabajo y no los esclavice; quienes sí y quiénes no”, señaló Benedetti en la emisora Blu Radio.

Una campaña en paralelo

De confirmarse la convocatoria a la consulta popular, como propone el presidente Gustavo Petro, esta podría celebrarse después de mitad de año, según las cuentas que hace el ministro del Interior.

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Sobre los plazos para la convocatoria, la norma señala que el texto con las preguntas que se someterá a la decisión del pueblo debe ser enviado por el presidente de la República al Senado para que, dentro de los 20 días siguientes, emita concepto favorable. Ese plazo podría extenderse 10 días más.

Es decir, el trámite previo a la convocatoria a las urnas es de un mes, aproximadamente.

La votación de la consulta se realizará dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha del pronunciamiento del Senado. El día de su realización lo define el presidente y la Registraduría será la encargada de organizarla, como en cualquier otro certamen democrático.

Esto quiere decir que, si Gustavo Petro decide hacer la solicitud para activar el mecanismo de participación antes de que termine marzo, en abril se tendría luz verde sobre el mismo y habría plazo hasta agosto, aproximadamente, para que los colombianos vayan a las urnas a decidir la suerte de las reformas.

Estas fechas se cruzan con el calendario electoral que ya está en marcha para las elecciones legislativas que tendrán lugar en marzo de 2026 y cuya campaña tomará fuerza en noviembre, cuando comienza el periodo de inscripción de candidatos.

De la misma forma, coincidirán con la etapa de recolección de firmas de los precandidatos presidenciales que intentarán meterse en la carrera electoral con el apoyo ciudadano.

Es por esta razón que el mecanismo de participación ciudadana se convertirá en un “desafío político de verdad”, en el que las movilizaciones sociales jugarán un papel crucial.

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Y es que como lo ha dicho en las últimas horas el mismo Armando Benedetti, la consulta brindará una oportunidad para que el presidente Petro movilice a la población, una estrategia que ya se está construyendo a través de un discurso en el que el jefe de Estado se presenta como el defensor de los derechos laborales y sociales.

Una misión nada fácil

Como lo señaló el profesor Yann Basset, el resultado que deberá conseguir el Gobierno para sacar adelante la consulta y asegurar el éxito de la misma no es una tarea fácil de materializar.

La ley establece que para avalar la consulta, la o las preguntas sometidas a consideración de los ciudadanos deberán obtener el voto afirmativo de la mitad más uno de los votantes, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral.

Actualmente, el censo electoral es de 40’963.370 colombianos, lo cual indica que para que la consulta supere el umbral deberá ser votada por 13’654.456 personas. De ellas, por lo menos 6’829.000 tendrán que votar afirmativamente.

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El antecedente más reciente sobre un ejercicio democrático de este tipo es la Consulta Popular Anticorrupción que se celebró en 2018, promovida por la Alianza Verde, y que proponía, a través de siete preguntas, endurecer las leyes en contra de quienes atentan contra los bienes de la Nación.

A pesar de la acogida que tuvo la iniciativa, esta no superó el umbral requerido, que era de 12’140.342 votos.

Aunque 11’672.017 ciudadanos le dijeron ‘Sí’ a las propuestas presentadas, a la consulta le hicieron falta 468.325 votos para que fuera aprobada y se convirtiera en mandato. La abstención en ese momento fue del 67,69%.

Por ahora, el Gobierno empieza a trabajar en las preguntas que les formulará a los colombianos, si decide concretar la convocatoria de la consulta.

Reacciones

Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial del Centro Democrático: Con la consulta popular se acaba el gobierno. Gustavo Petro renuncia a ser presidente y se dedicará a la politiquería. Utilizará los recursos de nuestros impuestos y de los programas sociales para aferrarse el poder. Solo piensa en las elecciones del 2026 y en sus propios intereses.

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo: Desde el Ministerio del Trabajo hemos acogido el anuncio hecho por el presidente de la República, de convocar a las ciudadanas y ciudadanos, para que sean ellos los que se expresen en las urnas, sobre estos derechos y estas reformas del cambio en una consulta popular.

Iván Duque, expresidente de Colombia: El Gobierno pretende sustituir al Congreso con una consulta popular para imponer sus reformas, sin debate ni deliberación. No nos vamos a dejar amenazar. Ese derroche de recursos atenta contra la democracia.

Juan Fernando Cristo, exministro del Interior: Lo que preocupa no es acudir a los mecanismos de participación ciudadana, sino el clima de enfrentamiento que sube entre Gobierno y Congreso. Así parezca ingenuo, hay que insistir en el diálogo y la concertación. Hay 4 ponencias para discusión en la Comisión VII y la Ley 5 permite apelar la decisión de una comisión a la plenaria de la misma corporación. Hay entonces distintos caminos aún por andar antes de llegar a la convocatoria de la consulta. Amanecerá y veremos.

Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de la República: La democracia colombiana está en riesgo precisamente por esta obsesión de deslegitimar a quienes no se arrodillan ante el Gobierno. Ahora pretende convertir al Congreso en enemigo público. Señor Petro, respete las reglas del juego democrático. Gobernar implica respetar la autonomía de las instituciones.

Heráclito Landinez, representante por el Pacto Histórico: Aunque el Congreso sí es el escenario natural para discutir las reformas, si algunos congresistas no permiten el debate, es perfectamente legítimo y constitucional recurrir a un mecanismo democrático para poder avanzar en esa discusión. Al final, la soberanía está en la gente.

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