Cúcuta fue escenario del XIV Congreso Fronterizo para los Derechos Humanos, que este año, bajo el lema ‘Paz, Seguridad y Derechos Humanos para la Frontera’ abordó diferentes problemas con el propósito de ser visibilizados e incluidos en el marco de políticas públicas de la región.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Norte de Santander, que lidera la iniciativa, puso sobre la mesa todo lo referente al tema de la paz en la frontera y las realidades territoriales, culturales, económicas, políticas y sociales del departamento.

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“Quisimos presentarle a la comunidad nortesantandereana esta apuesta tan fuerte que viene haciendo históricamente el movimiento social por la construcción de la paz en el país y que involucra el contexto fronterizo dado la ubicación de nuestro departamento”, señaló Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Norte de Santander. 

De la misma manera, asistieron representantes de entidades del orden gubernamental y territorial, así como municipal con la asistencia de la Secretaría de Postconflicto y Cultura de Paz de Cúcuta, estudiantes universitarios, líderes y lideresas de la región, entre otros. 

La secretaria de Gobierno de Norte de Santander, Taíz Ortega, destacó la importancia de estos espacios de debate e intercambio de información.  “En Norte de Santander, siendo un departamento multicrisis, que a través de una frontera tan poderosa como la que tenemos registra diferentes vulneraciones a los derechos humanos, se deben rescatar estos espacios y todo lo que nos puedan aportar desde cada sector”, señaló. 

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Frontera y género

Leidy Moreno, investigadora adscrita al Centro de Investigación y Estudios Fronterizos de Venezuela (CIEF), indicó que uno de los factores más relevantes a la hora de hacer un trabajo social en la frontera es todo lo relacionado con el enfoque de género en el marco de los derechos humanos.

“Cuando no se tienen en cuenta los factores de género, se impide y obstaculiza la construcción de la paz en el contexto de frontera. Nuestra investigación con mujeres migrantes venezolanas, concluye en las desigualdades de género. Los informes que presentan los estados sobre esta materia están sesgados en cuanto a información”, indicó. 

Un llamado del campo colombiano 

Guillermo Quintero, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), señaló que el conflicto del país, a lo largo de estos años, se ha sentido con más fuerza en el campo colombiano. Dio a conocer preocupantes cifras que continúan afectando al sector campesino del país, teniendo en cuenta que para el 2020 había cerca de 13 millones de campesinos habitando las zonas rurales de Colombia, siendo al menos el 28% de la población. 

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De ese número de personas el 45.8% ha sido víctima de desplazamiento forzado, el 41.2% de desaparición forzada, el 50.3% de despojo de tierras y un 39.1% víctima de atentados, hostigamientos, amenazas y demás acciones delictivas en sus territorios.

“Estos hechos demuestran la falta de armonización entre las vías propuestas por el movimiento campesino y el estado colombiano. Hay un desconocimiento de los campesinos como sujeto de derechos, especialmente a los del Catatumbo”, indicó el líder.

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