Cúcuta es el punto de partida, específicamente el puente internacional Atanasio Girardot, conocido como puente de Tienditas. Maracaibo, en el estado Zulia, del lado venezolano, es la coordenada de llegada. Unos 421 kilómetros de distancia componen el trayecto en bus, saliendo desde la Central de Transportes cucuteña.
La ruta, que habitualmente debería cubrirse en 10 horas, termina convirtiéndose en una cruzada de más de 16 horas. ¿Las causas? Varias, como las condiciones de la vialidad, pero la principal es el viacrucis de los retenes de las autoridades policiales y militares venezolanas.
La Policía Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ejercen el poder en las carreteras, valiéndose del miedo y de la intimidación para ganar terreno sobre los viajeros.
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La salida del terminal de Cúcuta comienza a las 4:00 de la tarde. El carro blanco, con placas venezolanas, llega a Tienditas, donde hizo la primera parada.
Ya en el vecino país, el olfato de una perra antidrogas provoca la suspicacia de los funcionarios de la guardia. “A la derecha por favor y se bajan todos del vehículo”, fue la orden dada a cuatro pasajeros (dos mujeres y dos hombres) y el chofer.
“La perra no dejaba de oler a la muchacha joven que estaba a mi lado”, relata uno de los ocupantes.
La apartaron del grupo y le revisaron su maleta, que por su tamaño mostraba que su paso por Colombia no fue como turista sino como migrante. Cuarenta y cinco minutos duró esa primera parada, a tan solo 100 metros de la línea fronteriza.
“Yo no llevo nada, no entiendo por qué la perrita se pegó conmigo”, decía llorando una vez montada en el vehículo nuevamente. “¿Le quitaron algo?”, le pregunta el conductor. Ella llevaba 100 dólares en efectivo, que le había enviado su madre desde Valencia, Carabobo.
“Si te quieres ir ¿cómo nos arreglamos?”, le lanzó sin anestesia y sin pudor la funcionaria que vestía el verde oliva que los caracteriza, quien le revisó hasta el último bolsillo de lo que llevaba la chica.
A ella le temblaba la voz del susto y la impotencia. Así se subió al carro temerosa y sin decir nada, solo lloraba. A la pregunta del chofer contesta: “me quitaron los únicos 100 dólares que tenía, solo dígame señor que con este boleto de pasaje voy a poder llegar a mi casa en Valencia”, le repite en dos oportunidades y él le quitó de las manos el papel.
‘Sí mija, sí con eso puede llegar a Valencia. Si tiene otra cosa de valor démela que yo se la guardo para que no se la vayan a quitar’. Esa advertencia la hizo el conductor por las siguientes cuatro alcabalas grandes que faltaban por cruzar antes de llegar al terminal de pasajeros de San Cristóbal.
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El asombro de todos los que iban en el automóvil no había terminado de pasar cuando tocó detenerse en la alcabala de Peracal, en el municipio Bolívar del estado Táchira. Ahí se congregan funcionarios de diferentes organismos de seguridad y del estado venezolano: Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), Saime y Policía Nacional.
No era para menos la perplejidad de los que viajaban. Solo el pasajero que iba de copiloto transitaba a diario por la ruta, el resto tenía entre dos y seis años sin pisar suelo venezolano.
El joven guardia, de unos 25 años, les pidió la cédula a todos, menos al conductor. Regresó dos documentos y se quedó con dos: el de la misma joven y el de otro muchacho que venía desde Bogotá. Ya ellos sabían que debían entrar al Destacamento de la GNB, en Peracal.
Desde el puente de Tienditas hasta Peracal se recorren unos 8 o 10 kilómetros, no más. La segunda parada duró más de 45 minutos. La revisión minuciosa de las maletas de ambos se hizo eterna. No había nada entre las pertenencias. Los dos jóvenes iban para Valencia, a unos 673 kilómetros de distancia de este punto.
“Yo sufro de epilepsia y me atacaron los nervios, empecé a temblar del miedo y los guardias me decían que yo llevaba droga. Imagínese esa locura”, fue la consideración del muchacho.
En la requisa que le hicieron le quitaron un anillo de oro que llevaba, pero además insistían en dejarlo sin el celular nuevo que tenía. “Me exigían factura del teléfono personal y me hicieron empelotar buscando la fulana droga”, cuenta visiblemente afectado y temblando del susto.
“Uno siente frustración, pero les dije que se valen del uniforme para extorsionar a su propia gente”, afirma al recordar lo que les dijo mientras se alejaba de la alcabala.
De ese punto hasta San Cristóbal, el trayecto dejó otros ocho puestos de control más. En uno solo detuvieron nuevamente a la muchacha, le volvieron a revolver el bolso de la ropa. Ya en este lugar, el recorrido que normalmente se hace en una hora y 20 minutos desde Cúcuta a San Cristóbal, ya rondaba las 2 horas y media. “Póngase un buzo y un pantalón para que no le vean los tatuajes”, le plantea el conductor a la joven.
Luego de eso, la ruta hasta el terminal de la capital tachirense se convirtió en paradas rápidas mientras los funcionarios miraban rostros apuntando con linternas. El sol, con el que arrancó la travesía desde Cúcuta, ya se había ocultado.
Rumbo a Maracaibo
La segunda parte de la travesía empezó pasadas las 9:30 de la noche saliendo desde el terminal de San Cristóbal para cruzar toda la troncal 6 de la conocida vía Sur del Lago y Perijá, en el estado Zulia, región con el cual Colombia comparte unos 80 kilómetros de frontera.
El recorrido de unas 8 horas terminó convirtiéndose en más de 15.
¡Cédulas todos, por favor!, era la petición al unísono en los puestos de control, pero en unos 5 la parada se hizo prolongada pasando hasta 45 minutos de espera.
La primera pausa en aquel recorrido se debió a la identificación de una familia binacional: el esposo es venezolano y su esposa e hija (5 años) colombianas. Él, con cédula venezolana, pero sus seres queridos viajaban con pasaporte colombiano, debidamente sellado en el Saime.
“Hermano, yo no viajo por gusto o turismo, sino porque mi madre está casi que se muere en Maracaibo, y quiere conocer a su nieta antes de morir”, le explica el hombre al guardia que le pedía casi una invitación sellada y refrendada para el ingreso de su esposa y su hija. “No les basta con el sello en los pasaportes”, afirma en cuanto a la justificación legal.
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Todos en el bus se enteraron que la madre del hombre, llamado Juan, estaba casi en el lecho de muerte y que la impotencia le carcomía, porque en esa parada tuvo que dejar 50 dólares para que el funcionario les dejara seguir el viaje. “Ni cumpliendo lo que establecen las leyes de ingreso al país es suficiente para ellos”, se escucha al compañero de asiento.
Luego del incidente, a esta pareja milagrosamente no la volvieron a molestar; pero un muchacho de unos 19 años, que viajaba desde Cúcuta hasta Maracaibo, fue acosado durante todo el viaje. No hubo alcabala donde no le pidieran que bajara todo el equipaje para revisarlo. Las verificaciones fueron constantes, pero ya para la tercera parada decidió no dar un dólar más.
“En las primeras dos paradas me quitaron 40 dólares, 20 y 20, pero ya no doy más”, le comenta con molestia al conductor del bus, que se prestó para guardarle el resto del dinero que llevaba.
El trayecto siguió en medio del alto volumen de la música vallenata del autobús y con frenazos sin cesar, por las pésimas condiciones de la carretera del Sur del Lago y que conduce a Maracaibo. El bus podía pasar de 100 kilómetros por hora a cero kilómetros en milisegundos por la cantidad de huecos y el mal estado de la troncal 6. Esto hace que el tiempo del recorrido se prolongue.
Al seguir por esta vía, en el sector de Aricuaizá, donde se encuentra la alcabala que lleva el mismo nombre (municipio Jesús María Semprún-estado Zulia y frontera con Colombia) el bus se detuvo por decimoquinta vez.
“Todos abajo y con maleta en mano, por favor”, fue la orden del guardia nacional. Una vez fuera del vehículo de transporte, en medio de la oscuridad de la madrugada, cuando el reloj marcaba las 3:30, todos los pasajeros formaron dos filas frente a un par de mesas para exponer lo que llevaban en el equipaje.
“¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué hace en Colombia? ¿Por qué viene con tan poca ropa? ¿Por qué viaja con tanto equipaje? ¿Trae dólares? ¿Se va regresar?”. Esas eran algunas de las preguntas obligatorias mientras revisaban cada bolsillo y cada rincón de las maletas.
A una mujer, de aproximadamente 40 años, que viajaba sola y con un bolso pequeño, la requisa se le hizo eterna. Con ella duraron unos 15 minutos en la revisión, que más que minuciosa se volvió incisiva. A la funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana le parecía sospechoso que solo llevara una muda de ropa. La condujo al terrorífico ‘cuartico’, donde cuenta, tuvo que quedarse en ropa íntima y dejar que la revisaran toda, porque la guardia insistía en que llevaba drogas.
“Uno queda expuesto y la vergüenza se le debe quitar de inmediato porque ellas nos revisan todo pero, además, le quitan dinero porque si no la meten presa por sospechosa”, le cuenta frustrada a su compañera de viaje, quien le tuvo que prestar 20 dólares para dejar de ser la sospechosa de esa alcabala.
Luego de 45 minutos del procedimiento, el bus retomó su trayecto al estado Zulia, a unos 250 kilómetros de distancia, es decir, a unas 6 horas más de viaje.
Transcurrieron dos horas de recorrido y un nuevo puesto de control, en esta oportunidad solo mandaron a bajar del bus a las mujeres con cédula de identidad en mano. Tras esa alcabala, solo quedaron unas dos más, pero rutinarias donde revisaron los documentos de identidad y permisos de viaje a los menores que no iban con sus padres. Por esta última razón, a una señora le quitaron $70.000 porque no cargaba el trámite con la aprobación del padre de la menor de edad.
Cuando el autobús finalmente entró a Maracaibo, después de más de 16 horas de viaje y unos 18 puntos de control obligados, el cansancio pesaba tanto como la sensación de haber superado una prueba.
El recorrido entre Cúcuta y la capital zuliana es un tránsito marcado por el miedo, la incertidumbre y las reglas no escritas de las alcabalas.
En cada retén se negocia el derecho a seguir adelante. Y aunque el destino se alcanza, queda la certeza de que en estas carreteras la movilidad no depende de la distancia, sino de quién controla el camino.
Realidad de la frontera
El politólogo y sociólogo del crimen, Jorge Mantilla, investigador de la Universidad de Illinois Chicago, sostiene que la dinámica de control en la frontera entre Colombia y Venezuela responde a la coexistencia de economías legales, informales e ilícitas en un territorio donde el Estado tiene una presencia limitada.
Según Mantilla, en la región fronteriza, que abarca en este caso Norte de Santander, Táchira y Zulia, se ha configurado un sistema de reglas informales para regular la movilidad de personas y mercancías.
Señala que, ante la persistente demanda de movilidad en la zona, diversos actores han asumido funciones de regulación que normalmente corresponderían al Estado.
En ese escenario, los puestos de control, conocidos como alcabalas, se convierten en mecanismos para controlar el tránsito y cobrar por permitir la circulación.
Para Mantilla, el punto clave no es únicamente la existencia de rutas o trochas, sino quién tiene la capacidad de permitir o restringir el paso.
“Lo importante no son las trochas y las vías de comunicación, sino quién permite la circulación”.
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Esta situación ha dado lugar a lo que el investigador denomina una ‘economía política local’, en la que distintos actores, tanto estatales y no estatales, ejercen formas de autoridad en territorios con soberanía fragmentada. Advierte, que en este contexto, la violencia, detenciones arbitrarias y extorsiones pueden convertirse en reglas de movilidad.
Mantilla considera que este fenómeno no es exclusivo de la frontera colombo-venezolana, sino que forma parte de un proceso más amplio en América Latina, donde la presencia estatal se debilita en las áreas periféricas.
El exalcalde de San Antonio del Táchira y analista fronterizo, William Gómez, explica que el control de las carreteras en Venezuela recae en la Guardia Nacional Bolivariana, a la cual el Estado ha asignado la vigilancia de rutas.
Según Gómez, esta presencia responde a una estructura institucional definida dentro del sistema de seguridad del país. “La Guardia Nacional es el componente delegado para estar presente en los puntos de control a lo largo de todo el país”, señala, al indicar que estos retenes tienen como objetivo supervisar el tránsito de personas, mercancías y combatir delitos como el contrabando o el narcotráfico.
Sin embargo, el exfuncionario advierte que la realidad en las zonas fronterizas muestra dinámicas más complejas. Explica Gómez, que la concentración de retenes en tramos cortos responde tanto a tareas de seguridad como a problemas estructurales del sistema.
“Sabemos que la realidad fronteriza es que muchos funcionarios se apostan allí para también extorsionar a manera individual”, afirmó.
El analista sostiene que estas prácticas han generado una economía informal alrededor de las alcabalas, donde pequeños comerciantes y viajeros terminan pagando para movilizar mercancías o continuar su trayecto. Como consecuencia, los controles, que originalmente buscan garantizar la seguridad, terminan afectando la dinámica cotidiana en la frontera.
Control territorial
El coordinador de la Red de Centros Sociales de los Jesuitas en América Latina y el Caribe, Piero Trepiccione, advierte que la proliferación de alcabalas en las carreteras venezolanas refleja un modelo de control territorial que ha derivado en prácticas discrecionales por parte de funcionarios de seguridad.
Según el analista, aunque los puestos de control existen en varios países de la región, en Venezuela su presencia es particularmente alta, incluso en zonas alejadas de la frontera. A su juicio, esto evidencia “el afán de control territorial y la discrecionalidad que se ha generado a partir de ese control”.
Trepiccione explica que los migrantes venezolanos que regresan al país suelen ser vulnerables en estos controles, debido a la percepción de que viajan con dinero en efectivo o bienes adquiridos en el exterior. Afirma que esto los convierte en blanco de abusos por los funcionarios.
El experto también observa que estos sistemas de control pueden terminar vinculándose con economías ilegales.
“Es muy probable que también tengan conexión con grupos irregulares o ilegales, porque al fin y al cabo se trata de una fuente importante de ingreso”, afirma.
Para Trepiccione, la situación está relacionada con el debilitamiento institucional que ha permitido que algunos funcionarios de cuerpos de seguridad actúen con amplios márgenes de discrecionalidad. Como consecuencia, sostiene, que se ha deteriorado la confianza ciudadana en estos organismos y en el propio Estado venezolano.
Esta pérdida de la institucionalidad origina una preocupante expansión de prácticas de extorsión, según explica Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Señala que la ruptura de los controles democráticos permitió que actores armados del Estado actúen con amplios márgenes de autonomía.
“Las características de los regímenes autoritarios es que convierten a los aparatos represores en un poder fáctico”, facilitando los abusos.
Enfatiza que la ausencia de mecanismos de control generan que la Guardia, la Policía y otros cuerpos utilicen su posición para obtener recursos mediante extorsión, especialmente en alcabalas. Estas prácticas no solo responden a directrices del aparato central, sino a iniciativas individuales que han sido normalizadas por el sistema.
Uno de los grupos más vulnerables son los venezolanos que regresan al país tras haber migrado. Según Rodríguez, estos ciudadanos suelen portar dinero, bienes o medicamentos, lo que los convierte en objetivos frecuentes.
“Es visto como una víctima jugosa, apetitosa porque trae recursos y tiene menos capacidad de contactos”, indica.
La situación también impacta la movilidad interna y el comercio, obligando a muchas personas a pagar sobornos para evitar mayores pérdidas. Para el investigador, estas dinámicas reflejan no solo la debilidad del Estado, sino la consolidación de economías paralelas que terminan afectando a la población.
Ampliación de competencias de la Guardia Nacional Bolivariana
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advierte sobre la creciente militarización de funciones de seguridad interna en Venezuela a través de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo al que se le han ampliado progresivamente sus competencias durante los últimos años.
El documento, titulado ‘Crímenes de lesa humanidad: el rol de la Guardia Nacional Bolivariana’ y elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, señala que reformas legales aprobadas entre 2005 y 2020 ampliaron las atribuciones de este componente militar más allá de sus funciones tradicionales.
Según el informe, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de 2008 y la Ley Constitucional de la FANB de 2020 extendieron las responsabilidades de la GNB hacia áreas tradicionalmente civiles. Entre ellas figuran el control fronterizo y migratorio, la seguridad vial y penitenciaria, la custodia de instalaciones estratégicas y la participación en investigaciones penales y financieras, así como en operaciones antidrogas, antiterrorismo y de protección civil.
La misión también advierte que, en la práctica, la GNB ejerce autoridad doctrinal y operativa en el manejo del orden público, incluso sobre cuerpos policiales adscritos al Ministerio del Interior. Este esquema ha generado una estructura de “doble comando” entre los ministerios de Defensa e Interior, que, según el informe, termina subordinando de facto a los organismos civiles al poder militar.
En este contexto, los denominados puestos de control o “alcabalas”, administrados por comandos de zona de la GNB en carreteras y zonas rurales, se han convertido en herramientas de control territorial.
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