En un país que constantemente es bombardeado por los flagelos de la violencia y la impunidad, el caso de Epa Colombia ha causado gran repercusión. ¿Cometió o no hizo Daneidy Barrera un acto de terrorismo?

Esa es la pregunta que se hizo el abogado de la influencer colombiana, quien argumentó que su cliente recibió un asesoramiento deficiente en la defensa y, producto de ello, aceptó cargos que no cometió. En este caso, el litigante señaló específicamente el delito de terrorismo.

El abogado Víctor Mosquera comentó que golpear con un martillo las puertas de una estación de TransMilenio y pintar grafitis contra el Gobierno se enmarcan en un escenario de vandalismo y protesta social, no en un escenario de actos terroristas.

Lea aquí: Denuncian que reconocida aerolínea le dio contratos a sobrino de Papá Pitufo

Según Mosquera, los jueces confundieron actos de vandalismo con actos terroristas. Además, la defensa sostiene que Epa Colombia fue mal asesorada y que, por ello, fue presionada para aceptar esos cargos sin contar con una defensa técnica adecuada.

El abogado alega que en el proceso existieron fallas de fondo y de forma. “Existe un defecto sustantivo en la decisión cuestionada por la interpretación incorrecta y amplia que se le dio al delito de instigación a delinquir con la agravante de incitar a actividades terroristas”, de acuerdo con el documento.

De vandalismo a terrorismo: el cambio judicial que aumentó la condena de Epa Colombia

Para entender por qué el cambio de vandalismo a terrorismo es clave, hay que tener en cuenta dos fechas:

En marzo de 2020, “Epa Colombia” fue condenada en primera instancia por daño en bien ajeno agravado y perturbación en el transporte público, recibiendo una pena de 43 meses de cárcel, aunque se le concedió suspensión condicional de la pena.

En 2021, el Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente ese fallo, agregó el delito de instigación a delinquir con fines terroristas y elevó la condena a 5 años y 2 meses de cárcel, imponiendo además una multa cercana a 500 salarios mínimos y la prohibición de ejercer como youtuber o influenciadora durante el mismo periodo.

Es decir, el cambio le costó un año y cinco meses adicionales en la condena.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion