Los resultados de las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo seguían generando ayer reclamaciones, tres días después de haberse cerrado el debate y en momentos en que avanza el escrutinio en la Biblioteca Julio Pérez Ferrero.

Tres candidatos al Senado de Norte de Santander que no lograron revalidar sus curules el domingo, Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal), Jairo Alberto Castellanos (Partido Verde-ASI) y Lorena Ríos (Cambio Radical–Alma), mantenían ayer una intensa verificación de sus votaciones, no solo en el departamento sino en varios municipios del país donde, aseguran, no se les han contabilizado muchos votos.

La Opinión recorrió ayer la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, sitio donde avanza el escrutinio, y una voz que se repite entre los testigos presentes en el lugar es que se han encontrado muchos errores matemáticos cometidos por los jurados.

También se conoció que los candidatos afectados dieron poder a abogados para hacer valer sus derechos y la ley frente a las presuntas irregularidades encontradas al término del debate electoral en materia de conteo de votos.

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Mientras avanza el escrutinio oficial, los candidatos afectados seguían solicitando la revisión de votos y la aclaración de posibles inconsistencias en el proceso.

Uno de ellos es el dirigente liberal Alejandro Carlos Chacón, quien se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter). El candidato al Senado señaló que se estarían presentando obstáculos frente a las reclamaciones que realizan algunos abogados durante el escrutinio.

“Señores Sala Disciplinaria de la Judicatura, están compulsando copias disciplinarias a los abogados solo por hacer reclamaciones; por Dios, es la democracia y deben defenderla los jueces de la República de Colombia. Los jueces son nuestro último resguardo cuando la ley falla o la democracia desfallece en el proceso electoral”, escribió.

Entre tanto, el también candidato al Senado Jairo Alberto Castellanos, de la alianza Verde–ASI, informó que su equipo jurídico y de testigos electorales adelanta una revisión de los votos que obtuvo en todo el país. De acuerdo con el aspirante, al cierre de la jornada electoral contabilizaba cerca de 58.000 votos, cifra que todavía no le garantiza un escaño.

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Las verificaciones se concentran en regiones donde su movimiento tuvo presencia durante la campaña, entre ellas Norte de Santander, Nariño, Bogotá, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

El pronunciamiento se da en medio de denuncias públicas sobre presuntos intentos de compra de votos, como un caso que se investiga en el departamento de Córdoba, donde habría existido una oferta de 1.000 votos por 100 millones de pesos.

El equipo de Castellanos pidió a las autoridades electorales garantizar un escrutinio transparente y revisar las actas donde se presenten dudas. También invitó a los ciudadanos a verificar si su voto fue registrado correctamente durante el proceso de conteo.

Otra de las candidatas que cuestionó el proceso es Lorena Ríos Cuéllar, aspirante de la coalición Cambio Radical–Alma, quien tampoco logró asegurar su curul tras los resultados preliminares.

La dirigente aseguró que su equipo se encuentra en el centro de escrutinio instalado en Corferias, en Bogotá, revisando los votos debido a inconsistencias detectadas en algunas mesas.

“Junto con mi equipo hemos estado acompañando el reconteo de votos en Corferias por inconsistencias encontradas. Incluso mi voto no aparecía en la mesa donde voté”, afirmó.

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Ríos agregó que continúa revisando los resultados del escrutinio para recuperar votos que, según dijo, no habrían sido registrados correctamente. También agradeció el respaldo de cerca de 63.000 ciudadanos que apoyaron su candidatura y pidió a sus seguidores verificar si su voto fue contabilizado.
 

“Jurados cometieron muchos errores”

El delegado departamental de la Registraduría, Omar Vicente Guevara le dijo ayer a La Opinión que el proceso de escrutinio avanzaba de manera sostenida en un 70 por ciento y se espera que el domingo se tenga culminado el ejercicio.

Frente a las quejas reportadas por los partidos políticos sobre los errores matemáticos hallados hasta ahora en los escrutinios, de manera especial en los formularios E-14, el funcionario atribuyó la responsabilidad a los jurados de votación.

“Nosotros capacitamos antes y durante las elecciones a más de 27.000 jurados para Norte de Santander, pero, a pesar de ello, muchos de ellos fueron muy irresponsables, cometiendo muchos errores, metiendo otras cosas en el formulario”, dijo Guevara.

Señaló que lo que están haciendo la mayoría de las comisiones es escrutar otra vez, que es lo más sano, porque vuelve a hacerse el ejercicio con los señores jueces. Dijo que el domingo es factible que se pueda terminar el escrutinio.

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Al insistirle qué clases de errores cometieron los jurados, explicó que no totalizaban bien: “no saben sumar, básicamente errores aritméticos”.

En otros departamentos

Piden a Procuraduría intervenir

El Centro Democrático alertó en un comunicado a la opinión pública, emitido ayer, sobre los graves riesgos en el escrutinio de Jamundí, Buenaventura y Cali, y solicitó la intervención inmediata de la Procuraduría.

“Resulta incomprensible y altamente preocupante que este proceso se desarrolle bajo un manto de dudas”, precisó el Centro Democrático en su comunicado.

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En Córdoba, el Partido Conservador reiteró ayer las graves alteraciones que estarían ocurriendo en el departamento en el marco del proceso electoral.

“Nuestro equipo auditor desplegado en todos los municipios de Córdoba ha encontrado graves y sistemáticas inconsistencias en el escrutinio. Los escrutadores y testigos de nuestro partido han encontrado tachaduras, enmendaduras y sumatorias que no coinciden en los E-14, orientadas sistemáticamente a restar votos al Partido Conservador.

Hoy se mantiene una diferencia en votos de nuestra lista con este movimiento de más de 20.000 votos, lo cual asegura de forma indiscutible la curul de nuestro partido, por lo que solicitamos la intervención no solo de la autoridad electoral y el Ministerio Público, sino de la Fiscalía para que inicie las acciones penales contra los responsables”.

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